La Plataforma 5% para la Educación en Canarias advierte que reducir el IGIC no permitirá aumentar el gasto educativo

La Plataforma 5% para Educación en Canarias cuestionó este miércoles los planes de reducir impuestos del Gobierno de Canarias -en relación a la reducción del tipo general del IGIC- argumentando que, “mientras el gasto social no recupere los niveles anteriores a la crisis, no sólo no se justifica ninguna rebaja, sino que son necesarias recuperaciones fiscales”. “Mientras la contribución fiscal decrece y se anuncian nuevos recortes de ingresos en forma de rebajas fiscales, el gasto social ha perdido más de un punto (-1,1 % del PIB) y Educación ha perdido un 0,4 %”, informó el colectivo. 

Esta plataforma formada por profesionales vinculados con la educación puso como ejemplo la bajada del tipo impositivo del IGIC a las Telecomunicaciones del 7% al 3% en el presupuesto de 2018. Según informan, esta medida ha supuesto una merma de recursos de 40.249.432 de euros en los ingresos de la comunidad autónoma a cambio de una reducción en la factura telefónica de apenas 2 euros por hogar. Con estos fondos se podría haber contratado 1.000 profesores y sacado a 1.000 familias del paro, reduciendo a la mitad el déficit de plantillas respecto al Estado. Así es como las rebajas fiscales comprometen la recuperación de los servicios públicos.

La plataforma ciudadana se declara “muy preocupada porque en la apertura de la ronda de conversaciones entre el Gobierno de Canarias y las fuerzas políticas sobre el Presupuesto de la Comunidad Canaria para 2019 se hable más de cómo recortar los ingresos, vía rebajas fiscales, que de cuáles son las cuentas públicas que se precisan para atender adecuadamente la dependencia, la sanidad y la educación”.

Situación que critica argumentando que, “entre 2008 y 2018, la contribución fiscal en los presupuestos de Canarias no sólo no ha aumentado, como pretenden hacer creer algunas fuerzas políticas, sino que ha descendido un 0,6 % del PIB”. Por todo ello, instan “a las fuerzas políticas a aplicar una fiscalidad al servicio de la sanidad, la educación y la dependencia, en lugar de crear unos servicios públicos hipotecados por una fiscalidad menguante”.