Un total de 46 abogados laboralistas, 15 sindicatos y 15 comités de empresa han firmado en Canarias un manifiesto en el que piden la derogación íntegra de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. El escrito incorpora 24 medidas para recuperar “el empleo con derechos”.
Los firmantes recuerdan que esta exigencia es previa a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y que ya se produjeron movilizaciones de trabajadores en 2014 contra las políticas “de austericidio y desigualdad”, contra la “cesión de la soberanía estatal” a la Unión Europea y contra “el sacrificio salarial y la destrucción de empleo” derivadas de ese marco de trabajo impuesto por el gobierno conservador. La eliminación de la reforma laboral, remarcan los letrados y representantes de los trabajadores, no solo estaba en el programa de los partidos que sustentan al Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos), sino que además “justifica el apoyo social” recibido por estas formaciones en las últimas elecciones.
El manifiesto señala que, con la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, a aquellos “que entonan sus cantos” sobre la libertad individual, el mercado y el sector privado “no les ha faltado tiempo para reclamar la intervención del Estado, que mantenemos todos, para la salvaguarda de sus intereses”. “La interesada fábula de que es el dinero el que crea el dinero, y ello sin mediar el trabajo de otros, se ha desvanecido”, reza un escrito que considera que la “frustrada tentativa” para derogar en su integridad la última reforma laboral “anticipa la voluntad de recuperación del beneficio privado a costa de nuevos y terribles sacrificios sobre la masa trabajadora”.
Si a ello se le suma “el previsible rescate del Estado” por parte de las instituciones financieras internacionales y las exigencias de éstos de acometer reformas estructurales que afectarían a la calidad del empleo y al adelgazamiento del Estado, los firmantes consideran necesario “redoblar la exigencia de priorizar frente a ellos medidas para lograr un empleo con derechos”.
El manifiesto señala que las sucesivas reformas laborales de 2010 y 2012 han supuesto en la práctica el “regreso salvaje a la Ley del Valor de la Fuerza del Trabajo, despojando a las condiciones laborales de todos los elementos progresivos que han ido modelando la brutal concepción, propia de la patronal del trabajo, como mercancía”. Para los abogados, sindicatos y comités de empresa, el escenario laboral actual, derivado de esas reformas, se caracteriza por “un masivo desempleo estructural; trabajadores desprotegidos e inseguros ante despidos rápidos, sin causa y baratos” y por una “disminución exponencial de las rentas del trabajo con respecto a los rendimientos del capital en la economía del Estado”.
Los firmantes denuncian además el crecimiento de la temporalidad, con la tasa más alta de la Unión Europea; la parcialidad y la realización de horas extraordinarias (“sobrexplotación y subempleo”): la sustitución de “la genuina figura del trabajador” por la del autónomo, y “la debilidad de la negociación colectiva como contrapeso al autoritarismo empresarial”.
Este colectivo considera “hundido” el sistema público de protección social, sustituido por “regímenes de beneficencia, extremo que queda agudizado mediante la aprobación de la necesaria Renta Mínima Vital”. No entiende que la “compleja reforma” del Estatuto de los Trabajadores se haya aplazado ‘sine die’ de la agenda política
Siendo cierta la complejidad de acometer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, dada la heterogénea composición parlamentaria, no alcanza explicación suficiente que ésta no se enfrente de forma integral y se pretenda aplazarla “sine die” de la agenda política. “Hay que reivindicar el Derecho al Trabajo como eje vertebrador de cualquier actuación del gobierno y exigencia de legitimación de los poderes del Estado, máxime cuando ésta se proclama defensora de valores constitucionales y de la regeneración democrática”, concluye un manifiesto que plantea, además de la derogación de la reforma laboral, una serie de medidas.
Los firmantes abogan por declarar nulos los despidos “sin causa, con causa burda o con uso fraudulento de los contratos temporales”, así como aquellos que se amparen en una situación de enfermedad o incapacidad temporal del trabajador, obligando además a la empresa a pagar los salarios desde la fecha de la rescisión hasta la reincorporación efectiva.
También defiende la limitación “absoluta” del periodo de prueba a un mes; extender las exigencias de acreditar los motivos en los despidos por causas económicas a los términos previstos en la Ley Concursal para la declaración del concurso; fijar el Salario Mínimo Interprofesional en 1.200 euros al mes, con 14 pagas al año; reforzar el principio de causa que justifique la contratación temporal o a tiempo parcial a la vista del “abusivo uso empresarial” de estas modalidades; endurecer la penalización del fraude; establecer la jornada laboral en 38 horas a la semana ; establecer mecanismos para garantizar el derecho de desconexión digital y el control restrictivo de la jornada en teletrabajo o limitar los turnos variables que “implican una disponibilidad de 24 horas de los trabajadores e impiden conciliar la vida laboral y familiar”; o la prohibición de las horas extraordinarias y perentorias.
En materia procesal, el manifiesto plantea la necesidad de impulsar una legislación que establezca la igualdad de salarios y condiciones entre los trabajadores de la empresa principal y de los subcontratados que realicen la misma labor, así como la garantía de subrogación o el derecho al recurso contra las sentencias dictadas en materia de sanciones, clasificación profesional y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entre otras medidas.
Los abogados laboralistas y sindicatos defienden que los convenios colectivos o sectorial primen sobre los de empresa; que haya una disposición proactiva de la Fiscalía en la persecución de los delitos contra los trabajadores, “ordenando y publicitando las vías de acceso y promoción de la actuación”, así como el veto a la persecución penal de las actuaciones sindicales y de los representantes laborales. También exige un refuerzo en el cuerpo de inspectores y en los mecanismos de control de la discriminación de género en las relaciones de trabajo, así como en la persecución y condena de la desigualdad retributiva por razón de género.
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