Ni rastro de abogados de oficio ni trabajadores sociales para los 134 internos del CIE de Gran Canaria
134 personas, en su mayoría de origen subsahariano, están internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) después de que el 18 y el 23 de junio alcanzaran la Isla a bordo de dos cayucos un total de 298 personas. Los internos, todos hombres, están encerrados en la antigua prisión provincial de Las Palmas sin trabajadores sociales, con déficit sanitario y, sobre todo, sin una asistencia letrada efectiva en la mayoría de los casos.
El incumplimiento de la normativa que rige estos centros se produce de forma reiterada en el edificio de Barranco Seco. Durante la visita que realiza periódicamente la jueza de control del CIE, Victoria Rosell, junto a varias ONG, el pasado 9 de julio la mayoría de los internos declararon que no han tenido comunicación con sus abogados durante su internamiento, lo que contradice el Real Decreto 162/2014, donde se recoge que las personas internadas tienen derecho a un abogado, que se les proporciona de oficio, y a poder comunicarse con el mismo “reservadamente”, es decir, en un espacio sin presencia policial. Esto se produce porque los abogados no mantienen el contacto con sus representados, algo que organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo llevan constatando durante años.
Todos los internos son atendidos por un abogado en el momento de su comparecencia ante el juez o jueza que decide su internamiento -como paso previo a la orden de expulsión, aunque en la práctica apenas se produce- y el objetivo de la asistencia letrada es el de garantizar los derechos que le corresponden a sus representados y demostrar que el internamiento es innecesario, como recoge la Guía práctica de asistencia jurídica en Centros de Internamiento de Extranjeros.
Además, la normativa también establece que existan servicios de asistencia y orientación jurídica en los CIE para informar de sus derechos a las personas internas, algo que solo ocurre en Barcelona, Madrid y Valencia. El CIE de Barranco Seco no solo carece de este servicio, sino que tampoco cuenta con intérpretes de manera permanente más allá de la persona que trabaja con el personal sanitario tres horas al día, cinco días a la semana, lo que frustra la comunicación de la persona interna con el personal del CIE.
La asistencia social en un CIE está contemplada en el artículo 15 del Real Decreto 162/2014 y hasta principios de junio de este año el edificio de Barranco Seco contaba con trabajador social, fruto del acuerdo entre Interior y Cruz Roja para que esta organización no gubernamental prestara este servicio en todos los CIE de España. Sin embargo, el trabajador social que operaba en el centro de la capital grancanaria pidió la baja voluntaria hace algo más de un mes y no se le ha buscado sustituto o sustituta debido a la reforma, adjudicada por cerca de un millón de euros pero sin fecha de inicio, que obligará a cerrar el edificio. Según fuentes policiales del centro, la competencia para contratar a otro trabajador social le corresponde a Cruz Roja.
Algunas de las personas internadas también han manifestado quejas por la falta de asistencia sanitaria en el centro acorde a sus necesidades. Este servicio, que presta la empresa privada Clínica Madrid, se ofrece solo tres horas al día a través de una doctora (de 09.00 a 12.00 horas) y una enfermera (08.00 a 14.00 horas) en una consulta equipada con recursos y materiales acordes al reglamento y en la que también trabaja una persona encargada de la traducción e interpretación. Durante las tardes y los fines de semana no hay personal sanitario en el edificio y los encargados de atender las necesidades de quienes que precisan atención son agentes de policía.
De hecho, recientemente la Policía Nacional trasladó a un interno de nacionalidad marroquí a un centro sanitario tras producirse a sí mismo diferentes lesiones, según el relato de los agentes. La decisión no fue comunicada a la jueza de control del CIE de Barranco Seco porque, a juicio de la dirección del centro, las heridas no eran graves y no requirió un parte de lesiones. La asociación Migrando, durante una de sus visitas, también pudo constatar la posibilidad de que una de las personas internadas sea menor no acompañado. Ante esta situación, la jueza de control ha decidido que se realicen más pruebas para constatar la minoría de edad de esta persona.
Médicos del Mundo también elevó una queja porque la Policía Nacional no les dejó entrar recientemente alegando motivos de seguridad sin dar más explicaciones e incumpliendo nuevamente el artículo 16 del reglamento, donde se recoge el derecho de las ONG a visitar a las personas internas. Esto es una muestra más de la flexibilidad con la que la Policía Nacional, al gestionar estos centros por imperativo de Interior, aplica una normativa que incumple constantemente como el propio Ministerio reconoció en 2015, sin que la situación haya variado demasiado. Fernando Grande-Marlaska, ministro del ramo ya ha declarado que mantendrá los CIE porque son una “necesidad que no puede desaparecer”.
