Josefa Hernández, conocida como la abuela de Fuerteventura, tendrá que comparecer de nuevo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Puerto del Rosario el próximo 15 de octubre, acusada de un presunto delito de quebrantamiento de condena y de otro contra la ordenación del territorio.
Tal y como adelanta el periódico La Provincia, en esta ocasión, el delito contra la ordenación del territorio se debe a la construcción de una caseta de madera levantada junto a la vivienda y después de que una sentencia de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ordenara el derribo de parte de la casa por estar construido en suelo protegido del Parque Rural de Betancuria, pagar 720 euros de multa y seis meses de prisión.
El abogado de la defensa, José de León, ha explicado a Efe que el mismo día que se acordó la denegación de suspensión de condena, el pasado 29 de julio, la jueza de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario dictó una providencia en base a informes del Seprona de la Guardia Civil en los que se constataba que no solo no había derribado la parte ilegal de la vivienda sino que había construido una dependencia de madera anexa a la casa.
En base a ello, la jueza dictó una providencia para que se deduzca testimonio al juzgado y se investigue el asunto por estos presuntos delitos.
El caso de Josefa saltó a la luz pública el pasado mes de agosto después de que la mujer tuviera que ingresar en la prisión de Tahíche, en Lanzarote por no haber cumplido la sentencia de 2012.
La conocida como abuela de Fuerteventura, al que el Gobierno central concedió el indulto días después de entrar en la cárcel, alegó en todo momento no haber cumplido la sentencia por no tener un techo en el que alojar a sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad mental, y a los tres nietos que tiene a su cargo.