El administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha sacado a concurso el transporte de señal de los dos medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma sin ser competente para hacerlo, en domingo y contraviniendo la normativa europea, que impone de los grandes servicios en lotes que permitan la participación de pequeñas empresas.
La licitación se publicó el pasado domingo en la plataforma de contratación del sector público por un importe de 22,2 millones de euros por un periodo de cuatro años prorrogables a cinco. Esas condiciones contravienen la modificación legal introducida por el Parlamento de Canarias en la Ley de Radio Televisión de Canarias por la que se creaba la figura de un administrador único que hiciera frente a la crisis abierta antes del verano por la gestión del anterior presidente, Santiago Negrín. Las prerrogativas fijadas para el nuevo cargo se limitaban a atender la gestión ordinaria del ente, y particularmente resolver el servicio de informativos y de continuidad que expiraba en julio pasado.
Por lo tanto, un concurso que vincula al ente público por un periodo de hasta cinco años y un importe de más de 22 millones condicionará a los órganos que sustituyan al actual administrador único, según la versión recogida por este periódico entre expertos en la materia y portavoces de la oposición parlamentaria.
El concurso, además, se convoca por el trámite de urgencia al “no existir actualmente un contrato que soporte la prestación del servicio”, como puede leerse en la convocatoria. Es por eso que se otorga un plazo de tan solo quince días a los posibles interesados, es decir, a Abertis, el único capaz de dar respuesta a las exigencias de las bases técnicas.
Porque -y esa es otra irregularidad detectada en la convocatoria- contraviniendo la normativa comunitaria el concurso se convoca en tan solo dos lotes, uno para la cabecera de red de TDT y radio FM y el otro para la red de datos corporativa. No se fracciona el contrato en lotes independientes más pequeños (por islas, distribución y difusión separadas del transporte permanente de señales), ni se separa la televisión de la radio. Las exigencias son de tal calibre que solo una empresa con la calificación legal exigible puede presentarse, y en el caso de Canarias esa empresa es la actual concesionaria, Abertis.
A ella le otorgó el contrato en enero pasado el anterior presidente de RTVC, Santiago Negrín, por el procedimiento de concurso negociado sin publicidad que posteriormente fue descalificado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que denegó la autorización para la firma del correspondiente contrato. De este modo, el proveedor está cobrando mes a mes contra facturas que tienen que ser convalidadas por el Consejo de Gobierno.