“Tengo cáncer desde hace once años. La sensación que me da a veces es que, como he sufrido una recaída, piensan: A esta le queda poco, pues vamos a...” Una mueca completa la frase. Emma tiene metástasis, el cáncer de mama se ha extendido a los pulmones y los huesos. Se mueve en silla de ruedas y ha perdido masa muscular. Para ella, los batidos de nutrición clínica (dietoterápicos) son vitales, sustituyen la comida durante las temporadas en las que no puede ingerir alimentos. Los toma desde hace dos años y medio, pero no le ha sido fácil conseguirlos ni mantenerlos. Su médico de cabecera y su marido han tenido que bregar por ellos.
Primero le rechazaron el tratamiento en la inspección, luego quisieron cambiarle el batido que le había prescrito su doctor por el de otra marca. Se negó y reclamó. “Me estaba tomando ese y me sentía bien. Había perdido peso de una forma bestial y desde que estoy con los batidos no es que haya subido, pero mi cuerpo no sigue bajando”. El buen humor que irradia se transforma en decepción cuando recuerda las vicisitudes: “Que escatimen con dos días que yo pueda estar contenta… Me estoy muriendo, al menos déjenme morir tranquila”.
Su verdadero nombre no es Emma. Al igual que el resto de personas que aparecen en este reportaje, prefiere no revelar su identidad. Temen que les pueda perjudicar, que surjan nuevos problemas en la autorización de los tratamientos que en algunos casos sustituyen y en otros complementan su alimentación. Se sienten agraviados por la actuación del departamento de inspección de Farmacia del Servicio Canario de Salud (SCS) y por los endocrinos, los responsables en última instancia de que puedan recibir estos batidos que, al estar subvencionados en su totalidad por el Sistema Nacional de Salud, deben ser visados.
Jesús tiene la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria intestinal por la que tuvo que ser intervenido hace tres años. Tras la operación, sufrió una recaída y deberá pasar de nuevo por quirófano. Su médico le recetó unos batidos específicos para su patología, con un grado de recomendación A, el máximo que otorgan las sociedades europea y española de nutrición enteral. Eran de distribuidora grancanaria que interpuso la denuncia por la que el Servicio Canario de Salud abrió una investigación que ha provocado el relevo de la jefa de servicio de Farmacia, acusada de favorecer a las multinacionales del sector, los cuatro laboratorios que acaparan el 80% del mercado.
“Mi sorpresa fue cuando, al ir a la endocrina, me cambia los batidos por unos normales, que no son específicos para mi enfermedad”, cuenta Jesús. Este producto, de una de las marcas de más renombre, no tiene ningún grado de recomendación. “El grado A te indica que funciona, que está validado, homologado, que hay trabajos científicos publicados sobre su eficacia y que experimentalmente se puede repetir el resultado, es decir, que tiene un 100% de efectividad”, explica su médico. El producto que le prescribió era, además, “más barato” que el recetado por la endocrina. El precio de estos batidos es elevado. Una plancha de 24 puede costar entre 100 y 300 euros, según las fuentes consultadas. “Tuve que suspender el tratamiento porque me iba fatal”, reconoce Jesús. El doctor ha vuelto a solicitar el primero y se lo han denegado.
El protocolo implantado en 2014 en la provincia de Las Palmas establece que los médicos de Atención Primaria y de otras especialidades sólo pueden prescribir la nutrición enteral durante un periodo de tres meses, siempre que el tratamiento se ajuste a los parámetros legales establecidos y que la inspección los autorice. A partir de ese momento, son los endocrinos quienes valoran la situación y deciden si los aceptan, los rechazan o los cambian. Pero la cita con este especialista suele demorarse. “Igual tarda en ver al paciente seis, siete u ocho meses”, sostiene uno de los médicos más beligerantes contra este protocolo, un facultativo con consulta en un centro de salud de Gran Canaria que también ha optado por permanecer en el anonimato. En el lapso de tiempo que transcurre entre la finalización del plazo de tres meses de prescripción médica y la cita con el especialista, los pacientes no pueden acceder al tratamiento.
“He tenido que estar mendigando por ellos”
Marta se ha hartado de poner reclamaciones. No recuerda la cantidad, “quizás seis o siete” en dos años. Su padre, de 80 años, es dependiente de atención domicilaria. Está encamado, le han dado varios infartos cerebrales y tiene Alzheimer. “No come nada, lo único que le mantiene con vida son los batidos. He tenido que estar mendigando por ellos”, admite.
Relata una carrera de obstáculos para lograr que se los dispensaran. Primero, la espera por la cita con la endocrina pasados los 90 días de la prescripción. En lo que llegaba la fecha, su farmacéutico le proporcionó algunos productos nutricionales que no habían sido retirados porque el paciente al que estaban destinados habían fallecido. Transcurrido un tiempo, Marta logró la autorización sin que la endocrina viera a su padre: “Jamás lo ha hecho”. Le sirvieron los análisis que había incorporado en el informe su médico de cabecera.
Sin embargo, cuando acudió a la farmacia, se topó con un nuevo problema. El tratamiento no figuraba aprobado en el sistema y, por lo tanto, no se lo podían dispensar. Se citó con una inspectora del SCS y se lo volvieron a visar, pero el rechazo persistía en la farmacia. Fueron necesarias nuevas reclamaciones hasta que finalmente lo consiguió. “Hay momentos en los que incluso me mandan un batido de otra empresa, me hacen publicidad de otras marcas. ¿A mí qué me importa el negocio de las farmacéuticas? Estamos hablando de vidas humanas”, sostiene Marta, que se considera una persona “molesta” para la administración.
El caso de Agustín es uno de los más complicados. A sus 52 años, no llega a los 50 kilos de peso. Debe pasar por quirófano para que le reconstruyan la cavidad abdominal. Padece varias enfermedades de las que prefiere no decir su nombre. Se refiere a ellas como “complicadas”, “anónimas” o, en clave con su médico de cabecera, como “tropicales”. “Cuando me operaron pasé un mes y 25 días con los brazos en cruz en una cama en un hospital, sin comer, sólo con suero. Cuando salí, mi médico me mandó esos batidos y me supieron a gloria, pero dos meses después me los cambiaron y empecé a bajar de peso”, recuerda Agustín, a quien le han negado el tratamiento prescrito por su médico varias veces; la última, la pasada semana. Reconoce que pensó en tirar la toalla, que se encerró en su casa para “dejarse morir”: “Hay gente que ya lo da por perdido, yo no salía de la cama. Si no es por mis hijos…”
“Lo llegué a pagar de mi propio bolsillo”
Alicia y Cristina también han vivido experiencias similares con los productos dietoterápicos. A la primera le negaron los batidos que el cirujano prescribió para su marido, que tiene cáncer de colon, y llegó a pagar la primera caja de su propio bolsillo. A la segunda le suspendieron el tratamiento para su madre, de 92 años y con Alzheimer, y se lo sustituyeron por otro que, en palabras de su médico, “le perjudicaba”. “Cuando empezó con el tratamiento, la función renal fue espectacular. Se lo cambiaron y así como la subida fue espectacular, la bajada también, con el agravante de que el deterioro fue mucho más grande”, sostiene el facultativo. Después de reclamar, ha logrado que se lo restituyan.
Roberto, en cambio, ha desistido tras un año y medio luchando para que se lo autorizaran. Está en la lista de espera para someterse a cirugía bariátrica. Es obeso y necesita perder peso antes de la intervención. Su médico le recetó un batido proteíco pero hipocalórico, “con los nutrientes suficientes para sustituir a la comida, pero sin la suficiente energía como para que acumulara grasa”. El cirujano también se lo aconsejó. “Un endocrino me recibió, me dijo que esos batidos no servían para nada y que tenía que hacer ejercicio y dieta. Se metió en internet, buscó dieta, me imprimió un papel y me lo dio”, recuerda Roberto. “Cuando estás así, tienes que evitar comer hidratos de carbono y estos batidos de proteínas están recomendados por todos los estudios. Estuve durante un pequeño periodo de tiempo tomándolos y me venían estupendos, me ayudaban a perder peso”, añade.
Desde la implantación del nuevo protocolo, no sólo pacientes, sino también médicos del SCS han elevado numerosos escritos de queja a la Dirección General de Programas Asistenciales, a los servicios de Endocrinología de los centros hospitalarios de Gran Canaria e, incluso, a los máximos responsables de la Consejería (Brígida Mendoza primero y Jesús Morera después).
Cuatro jefes de servicio han solicitado la retirada del protocolo porque consideran que perjudica gravemente la salud de los pacientes, “aumentando de manera exponencial la morbimortalidad por generar un aumento desmesurado e innecesario de los procedimientos burocráticos para el acceso a la nutrición enteral”. “En el paciente quirúrgico, un correcto soporte nutricional está directamente implicado en la reducción de infecciones, de las complicaciones quirúrgicas y, en definitiva, una reducción en los costes sanitarios con una mejora de la calidad asistencial”, exponen en un escrito en el que también denuncian que la centralización de la competencia de prescripción en Endocrinología vulnera su “capacidad decisoria”.
En otra carta, un médico de Atención Primaria advierte de que la modificación del tratamiento prescrito a una paciente con obesidad “compromete seriamente su salud”. Este facultativo explica que el batido pautado por la endocrina, de una de las marcas multinacionales, es hipercalórico y, por tanto, perjudicial para su patología. “Cualquier complicación generada por la prescripción de un tratamiento nutricional inadecuado es responsabilidad mía, dado que es mi paciente”, recuerda en su escrito. En otro, un cirujano digestivo expresa su sorpresa por el rechazo de la inspección a un producto de un laboratorio diferente a los principales del sector “a pesar de tener las indicaciones correctas”. “Curiosamente, sólo tengo problemas con los preparados de una casa comercial, solo una”, señala otro galeno en referencia a la distribuidora grancanaria que ha denunciado el presunto trato de favor a las multinacionales.
“Esto pasa de forma excepcional con esta marca comercial, con las otras marcas a los pacientes se les da el aceptado por seis meses faltándoles parámetros como la albúmina en suero y el peso, el índice de masa corporal”, redunda en la grabación que acompaña estas líneas un médico de Atención Primaria que agrega que en sus más de 30 años de trabajo en la sanidad pública “jamás” se ha encontrado con la situación que ha vivido con la nutrición. “Es inaudito. ¿Cómo algo que te está cayendo bien y te está mejorando la salud eres capaz de quitarlo para empeorar al paciente? Eso lo están haciendo mis compañeros y me parece una situación gravísima, porque están atentando contra la salud”, concluye.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias prefiere no pronunciarse “de momento” sobre la información publicada por este periódico este lunes.