Los representantes sindicales de los trabajadores de Syngenta, la mayor empresa de flores y esquejes de Canarias, se reunieron este miércoles con los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y Santa María de Guía, Fernando Bañolas, para plantearles la situación de inquietud que viven los trabajadores después del anuncio empresarial de que la empresa va a cerrar su centro de producción de Gran Canaria, dejando así en la calle a cerca de 500 trabajadores -todos de la zona norte de la isla-. Tras la cita, Rodríguez resaltaba dos compromisos de los ediles, trabajar “codo con codo” para buscar soluciones y que los terrenos no se recalificarán.
Antonio Rodríguez (SITCA) y Agustín Sosa (CCOO) explicaron a los alcaldes en el Ayuntamiento de Gáldar la situación actual y entre las dos partes plantearon futuras reuniones para intentar buscar una salida viable a la empresa: “Los alcaldes se han comprometido a trabajar codo con codo para tener a principios de septiembre una reunión con empresarios, sindicatos y trabajadores para buscar vías de solución. Trabajaremos en esa línea, aunque es complicado porque la empresa es una multinacional que ha tomado una decisión que entendemos que es ilegal y que jurídicamente no tiene viabilidad su decisión, pero hay que plantear elementos de presión, de solución y alternativas para que de aquí a fin de año no se pierda ni un trabajo”, señaló Rodríguez.
El representante de SITCA explicó la estrategia a seguir tras la reunión de este miércoles: “Primero vamos a reunirnos con las consejerías de Empleo del Cabildo y del Gobierno autónomo en la primera quincena de septiembre. Después, y todavía en ese plazo, lo haremos con el colectivo empresarial potente del Noroeste para buscar vías de entendimiento y, aunque la empresa no está en crisis, buscar un plan alternativo para la empresa”.
Tras las duras críticas formuladas por los trabajadores la semana pasada a la decisión empresarial, a la que llegaron a catalogar como “pelotazo económico”, Rodríguez asegura que la empresa sigue sin dar señales de vida: “No hay respuesta por parte de la empresa, sólo presionarán a los trabajadores. Intuyo que a la empresa le habrá sentado mal, pero ni nos han llamado ni se ha sentado con nosotros. Dicen que en septiembre nos dirán algo, pero nosotros mantenemos las acusaciones y la empresa no ha replicado ni ha dado explicaciones. Nosotros insistimos que el cierre es ilegal, que no se ajusta a derecho, que es una especulación para trasladar el capital a otro punto geográfico para aprovechar los salarios de miseria que hay en África”.
Otro de los puntos que no quiso pasar por alto Antonio Rodríguez es el compromiso de Sosa y Bolaños de que los terrenos seguirán teniendo su uso actual: “Los alcaldes se han comprometido a que, ni ahora ni en el futuro, se recalificarán los terrenos de las fincas, que seguirán siendo zona agrícola de protección. Se mantendrán como de uso agrícola no recalificable, de protección, que si alguien pensaba poner un polígono industrial en los terrenos, que se olvide. Así lo han dejado claro los dos alcaldes, pero especialmente el de Gáldar”.