Las personas que se enfrentan a desahucios por no poder hacer frente al pago de un alquiler se han incrementado en Canarias. De hecho, este es el perfil de personas que acuden en mayor número a pedir asesoramiento a los colectivos antidesahucios y a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, según perciben sus voluntarios. El informe del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al tercer trimestre de 2015 recoge que en la provincia de Las Palmas se dieron 276 lanzamientos por esta causa y en Tenerife 196, una cifra que estos colectivos estiman que podría ir en aumento ya que advierten de que esta situación es más compleja de paralizar.
“Sólo el año pasado atendimos más de 900 casos en Gran Canaria”, asegura la portavoz de la plataforma Stop Desahucios de la isla, Elena Suárez, quien contabiliza tanto a personas afectadas por el impago de la hipoteca como quienes no han podido hacer frente a la renta. Por ello, insiste en que el tema está “aún muy candente en la sociedad”. El portavoz de la PAH de Gran Canaria, Adriano Antunes, puntualiza que ha percibido un incremento en las personas que se acercan a pedir información y ayuda por enfrentarse a desahucios entre particulares y en ello coincide también la portavoz de la PAH Lanzarote, Cristina Cividanes, que insiste en que estos casos se encuentran ante una situación de “indefensión absoluta” por los “abusivos alquileres, que no se regulan”, señala.
Cividanes indica que el impago hipotecario tiene más herramientas para combatirse y que cuando se trata de un tema bancario hacen “negociaciones muy duras”. Y es que, “si la hipoteca antes te rompía la vida, un lanzamiento por alquiler es mucho más rápido”, aclara. Esta situación, al darse entre particulares, es necesario tener en cuenta que las personas propietarias también necesitan el arrendamiento. De hecho, destaca que a la plataforma se han acercado personas que incluso corrían el riesgo de ser desahuciadas por no recibir el dinero del pago del piso que tenían alquilado.
En estos casos, las plataformas tratan de hacer de mediadores y de que, si finalmente se produce el lanzamiento, buscarles una alternativa. Una de ellas es realojarles a través de la obra social PAH, pero insiste en que ahora el reto de las administraciones públicas está en darles una salida a estas personas.
“Si hubiera un parque de vivienda pública asequible para quienes tenemos un salario bajo y si se pudiera pagar un alquiler dependiendo de los ingresos, no habría desahucios”, explica Cividanes, que además aboga por que se aplique la Ley 24 /2015 aprobada en Cataluña, ya que “Canarias y el resto de territorios no tienen que ser discriminados” y deben poder beneficiarse de ella, apunta.
Todas las semanas estas plataformas realizan asesoramientos colectivos para tratar de ayudar a posibles afectados. Aseguran que las estadísticas no son constantes pero, por ejemplo en Gran Canaria Stop Desahucios puede atender a una media de 30 y en Lanzarote informan de que hay semanas que no atienen a nuevos afectados pero otras en las que de pronto aumentan en diez.
La semana pasada en Lanzarote se paralizaron tres lanzamientos por impago de la renta, asegura Cividanes, que indica que en uno de los casos se trataba de una joven embarazada de cinco meses y que su pareja también tenía un hijo menor; otro caso que comenta es el de una abuela que ha tenido que hacerse cargo de su nieta o el de una pareja de ancianos que se enfrenan a un desahucio por unas viviendas que fueron construidas por los feligreses en la década de los 50 para familias con pocos recursos, pero que en 2006 la Diócesis de Canarias vendió las casas y el solar. Sin embargo, desde entonces llevan batallando, ya que en el contrato de venta se estipulaba que los ancianos podían seguir utilizando la casa. Desde la PAH continuarán movilizándose por este tema y se concentrarán el próximo viernes.
Con estas historias, los colectivos quieren reflejar que se siguen dando problemas de desahucios en Canarias y que mucha gente no está recogida en el sistema. Desde Stop Desahucios Gran Canaria afirman que también hacen una gran labor de psicología, puesto que “para muchos es un pequeño trauma perder su casa porque implica otras cosas; nos han educado con la idea de estudiar trabajar y tener un hogar, y por no poder pagar la deuda muchas personas se quedan sin fuerzas para luchar”, explica Elena Suárez.
Todos insisten en que las reuniones colectivas les sirven para nutrirse de historias de otros y obtener más información, pero hay orientaciones que se hacen de forma privada, especialmente en casos vulnerables, como víctimas de violencia machista. Asimismo, hay quienes no dan el paso de acudir a estas plataformas, “bien por vergüenza o bien porque no conocen este servicio que damos”, destaca Adriano Antunes.
Oficina Antidesahucios del Cabildo de Gran Canaria, ejemplo de éxito
La consejera de Vivienda del Gobierno de Gran Canaria, Ylenia Pulido (Podemos) afirma que cuando llegó a su cargo había un convenio con el colegio de abogados que casi nadie sabía que existía y del que apenas 10 o 12 personas se habían beneficiado de él. Por ello, indica que tuvieron que darle publicidad y que en 4 meses han logrado que 50 personas se beneficien de él, logrando así parar sus lanzamientos por impago de hipoteca.
Pulido informa de que este servicio se presta a personas que “hayan dejado de pagar, gente que no pueda pagar por lo que puedan dejar de hacerlo o que tienen el proceso judicial”. El siguiente paso es llenar un formulario y se les remite a un abogado que negocia con la entidad. Además, aclara que, hasta ahora no se ha dado el caso, pero si alguien fuera desahuciado de su casa buscarían otras vías.
No obstante, la consejera reconoce que le gustaría que este sistema llegara a quienes no pueden afrontar el pago de alquiler. Señala que por lo pronto han dado el paso de poner esta oficina en marcha pero que, de cara a un futuro pretenden que el servicio integre a más perfiles de la sociedad, incluso a quienes no están en el sistema porque siempre han vivido en la calle. Por ello, destaca que se ha interesado por la forma de trabajar de distintas organizaciones sin ánimo de lucro y que su idea es poder ayudar cada vez a más personas. Y es que, “la gente que llega quiere estabilizar su situación y pagar la deuda, el problema es que no tienen medios”, puntualiza.
Aunar esfuerzos para quien no puede pagar el alquiler
Desde el Gobierno de Canarias, el director de Vivienda José Gregorio Pérez (PSOE), subraya que el diagnóstico que hacen los colectivos sociales sobre el hecho de que el problema de los desahucios está repercutiendo en mayor medida a quienes no pueden enfrentarse al pago del arrendamiento de una casa es compartido y que es necesario poner el foco de atención en estas personas.
El director de Vivienda subraya que desde el primer momento han mantenido contactos con las entidades financieras para evitar que se produzcan lanzamientos especialmente en los casos de primera vivienda y de familias sin recursos. Señala que han ido actuando en aquellos casos de los que han tenido conocimientos y que el desahucio por impago de la hipoteca ha ido cayendo.
Entre las soluciones que plantean para no bajar la guardia con el impago hipotecario y para trabajar por aquellas personas que no pueden pagar el alquiler, barajan aumentar las ayudas al alquiler social y las posibilidades de alternativas habitacionales. Asimismo, pretenden seguir ampliando el parque de vivienda pública, ya que consideran que el alquiler nunca debe ser superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar. José Gregorio Pérez insiste en que seguirán trabajando de manera coordinada con las PAH y con las distintas administraciones públicas porque son conscientes de que hay que aunar esfuerzos y aclara que están ultimando detalles para abrir de forma física de la Oficina Antidesahucios del Gobierno de Canarias.