En los municipios canarios donde cuesta más dinero alquilar, ahí está la vivienda vacacional. Lo hace en La Oliva, donde uno de cada cuatro domicilios es turístico y el coste del arrendamiento tradicional alcanza los 500 euros de media, según el Índice de Alquiler de Vivienda, estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También en Yaiza, con una proporción un tanto menor de pisos vacacionales con respecto al total (12,82%), pero donde los inquilinos deben apoquinar en torno a 550 euros para residir. Y le siguen en la lista Mogán (11,95%) y Adeje (11,38%), más regiones costeras.
Los datos, de primeras, no sorprenden. Varios estudios y expertos han investigado la relación entre la colonización de las ciudades por parte de apartamentos turísticos como Airbnb y el incremento del precio del alquiler, un proceso que los académicos asocian a la gentrificación. Básicamente, explica cómo los grandes inversores adquieren un bien inmueble en un barrio humilde, lo remodelan, lo venden o arrendan por una alta cantidad, y eso provoca que el valor del resto de viviendas se iguale por arriba, expulsando a la población que residía originalmente en el vecindario y no puede permitirse un gasto extra.
Estas transformaciones se dan en las Islas continuamente, ya sea en pequeños reductos de grandes ciudades o en municipios “nuevos”, que nacieron hace unas décadas. En San Miguel de Abona, por ejemplo, el 67,8% de los edificios se construyeron en los últimos 30 años, según datos del Catastro analizados por elDiario.es. En San Bartolomé de Tirajana (42,5%), más de lo mismo. En Pájara (72,1%), incluso más. El resultado es un abanico de comarcas con amplios contrastes, pues en algunas cuesta menos de 280 euros el alquiler de un hogar unifamiliar (Garafía, Tejeda) y en otras más de 600 (Santa Brígida, El Rosario).
La gentrificación de ciertas zonas termina provocando dinámicas de desposesión de vivienda, como ha ocurrido en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Allí, una investigación publicada en el Boletín de la Asociación Española de Geografía detalla la “clara confluencia entre las áreas que registran una mayor densidad de desahucios y las que concentran la mayor parte de la oferta de esta modalidad de arrendamiento [alquiler vacacional]”. Los datos de desalojos obligados que maneja el estudio no son muy potentes. Pero sí las declaraciones de los vecinos del lugar.
“Por subida de alquiler tenemos bastante. Gente que vivía con familia y al fallecer la persona que llevaba el contrato pues han tenido que desalojar. Y el precio ha subido, te lo digo porque un sobrino intentó alquilar en el barrio y se le subía por encima de sus posibilidades”, dijo un representante vecinal a los autores del trabajo. “Cuando compré la vivienda quería hacerlo a alquiler tradicional, dejarlo un año y ver si es interesante económicamente porque la verdad es que puedes cobrar mucho más, el doble fácilmente. Pero hay tantos gastos y tanto trabajo que mucha gente vuelve para atrás y dice: no es tan maravilloso como parecía”, apuntó un propietario del distrito.
En los municipios canarios donde mínimo un 10% de los domicilios son turísticos, el arrendamiento siempre está por encima de los 500 euros de media (si eliminamos de la ecuación a las islas verdes -La Gomera, El Hierro y La Palma-, donde el turismo no es motor económico). En cambio, en regiones en las que el porcentaje no llega ni al 1% (Ingenio, Santa María de Guía, Telde), los alquileres rondan los 400 euros. Pero la penetración de Airbnb depende mucho del mercado de vivienda en el que se adentra. En Barcelona, Nueva York, Los Ángeles y París, ciudades muy turistificadas, dicha proporción apenas supera el 2,5%. Y eso que en las cuatro metrópolis mencionadas se ha podido cuantificar el impacto de los pisos vacacionales en el alquiler tradicional, al igual que en Las Palmas de Gran Canaria, aunque de forma menos precisa.
La capital de la isla redonda ha experimentado un rápido incremento del alquiler vacacional a lo largo de la última década, especialmente desde 2015, año en que se aprobó la normativa autonómica al respecto y que el Gobierno de Canarias quiso modificar a posteriori. Según la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), el 40% de los residentes de la ciudad está de acuerdo o muy de acuerdo en afirmar que los alquileres a corto plazo (Airbnb, principalmente) expulsan al residente habitual del barrio. El 36% también opina que allí donde se localiza este tipo de alojamiento se pierde la tranquilidad y la calidad de vida.
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sostiene, no obstante, que “no existe evidencia empírica” de la influencia de este fenómeno sobre el costo del arrendamiento en las regiones españolas. El Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) añade que, si bien es una no de los factores explicativos, “no es el único y determinante”. La patronal hotelera de las Islas y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) también se han enfrentado más de una vez en este sentido.