Ampara la autodeterminación de género, prohíbe las terapias de conversión y da garantías a las personas intersexuales y a las no binarias. Fue una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, donde todas las fuerzas aplaudieron la lucha de los colectivos que se encontraban expectantes aquel histórico 26 de mayo. En julio entró en vigor y hoy es un ejemplo en el que se fijan otras comunidades como Euskadi, que modificará su normativa de 2012 por otra actualizada. Las asociaciones que luchan por los derechos LGTBI recuerdan que las leyes aportan un aval ante las injusticias, pero no son el único mecanismo para que especialmente las personas trans dejen de ser tratadas como “ciudadanía de segunda”. Ahora quedan retos vinculados a la ley como desarrollar su reglamento y adaptar los protocolos, pero también avanzar en formación y en sensibilización del conjunto de la sociedad para que se construya una comunidad más democrática y que avance en derechos. “Cuando se sufre lgtbfobia, no todo el colectivo la sufre con la misma intensidad; las personas trans sufren además exclusión y en el caso de las mujeres trans, machismo”, destaca Sergio Siverio, secretario y portavoz de Diversas.
Para Eva Pascual, presidenta de Chrysallis Canarias y madre de un niño trans, la clave de la ley canaria es que deja de patologizar a las personas trans. “No se necesita informe médico y además, la infancia está protegida. Todo eso hace que sea una ley ambiciosa, de máximos y que incluya a las personas no binarias y a las personas intersexuales suma y es importante”, apunta. Como madre, para ella es una tranquilidad que exista esta ley y añade que se hizo activista precisamente porque tiene una hija que “cumplía todas las expectativas respecto a su género” y un niño que, sin embargo, no tenía ninguna ley que lo avalara en su tránsito. Sostiene que los menores deben ser escuchados y que las autolesiones en la adolescencia y en la infancia por no sentirse arropados por la familia o el entorno empiezan cada vez más temprano. “El confinamiento hizo mucho daño”, asegura.
Pascual lamenta que las asociaciones siempre deban estar empujando, como ocurre ahora con la ley estatal, una norma que si se aprueba cree que será “de mínimos”, no de máximos. Además, remarca que se difunden muchos bulos, hay mucha desinformación sobre la infancia trans y existe mucho “adultocentrismo” a la hora de no escucharlas. “A las familias de menores trans a veces se nos vigila”, pero “el daño a estas personas se les hace cuando no se respeta su identidad” y “es un dolor cada día que la sociedad no te respete”. Señala que los menores no tienen prejuicios como las personas mayores y que cada vez existe un mayor grado de empatía y respeto por parte de la infancia y adolescencia. No obstante, recuerda que constantemente las familias tienen que estar luchando por cuestiones que pueden ser pequeñas, pero que para las personas trans son importantes. Por ejemplo, explica que si en un colegio de una zona calurosa de las Islas hay menores trans, se pueden adaptar algunas cuestiones como, por ejemplo, si hay alumnado que lleva su pecho fajado para comprimirlo, la asignatura de Educación Física podría impartirse en su clase a primera hora de la mañana y no a mediodía, cuando hace más calor. “Hay personas que necesitan ese u otro detalle y ha habido que pelear por ello”, lamenta.
“Nuestras hijas, hijos e hijes vinieron para enseñarnos las realidades diversas, son todas válidas, ¿quién soy yo para juzgar?” se cuestiona. Pascual destaca que en su entorno hay quien la ha cuestionado, pero añade que su hijo le ha enseñado mucho. “A los chicos trans se les cuestiona, pero aquí está su madre para proteger”. Pone como ejemplo un espacio en el que diez niños vayan disfrazados de spiderman y uno de princesa, “¿por qué al que se cuestiona es al que decide ir de princesa y no al resto?” y señala que la sociedad sigue separando a las personas por colores y en base a unos prejuicios. Sobre la ley canaria añade que está cargada de hitos aunque aún falta “información y formación en todos los ámbitos, desde el sanitario al administrativo y un presupuesto real, efectivos, personal…”
El acompañamiento sanitario requiere de mejoras
Sergio Siverio coincide en que en el ámbito sanitario habría que mejorar y agrega que se detectan diferencias entre las dos provincias. “Hay una preocupación de los colectivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a cómo se está abordando la atención sanitaria a las personas trans”. En este sentido, Pascual cree que haría falta más personal en el ámbito sanitario, donde la plantilla está desbordada. Insiste en que no todas las personas optan por la hormonación y que no es cierto que exista una medicación específica para los menores trans. Sobre los bloqueadores en la pubertad, destaca que “es una medicación que se usa en niños que no son trans por otras cuestiones” o que la pastilla anticonceptiva está normalizada que se tome, pero muchas veces las personas trans tienen más obstáculos para acceder a ella.
El portavoz de Diversas puntualiza que el haber conseguido la aprobación de la ley canaria por unanimidad “fue un hecho histórico, los colectivos nunca habíamos estado tan unidos”, aunque agrega que es “un blindaje legislativo de los derechos, un refuerzo de la acción que hacemos los colectivos, pero las leyes no pueden hacer que el activismo desfallezca”. Con respecto al contenido, recuerda que hay algunos retos pendientes y caen en el tejado del Gobierno de Canarias, como es el desarrollo reglamentario, para el que la norma daba un plazo de nueve meses y no se ha cumplido. En este punto, recuerda que se trata de una norma que no solo depende de la Viceconsejería de Diversidad, sino de otras consejerías como Educación, Sanidad, Empleo y del conjunto del Gobierno.
El director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez, afirma que el desarrollo reglamentario de la ley abarca varias áreas y que el proceso administrativo es complejo, pero que por parte de esta área se está haciendo lo posible para que esté listo antes de acabar la legislatura. Defiende que “la aprobación de una ley de este calado tiene una importancia muy relevante porque lanza un mensaje a la ciudadanía de que las personas trans tienen derechos, personas trans, no binarias, intersexuales… son personas sujetas de derechos plenos dentro de nuestra comunidad autónoma” y “lo que hemos hecho es desarrollar esos derechos que en principio deberían tener garantizados para que quede expresamente claro que esas identidades merecen el más absoluto respeto de toda la sociedad y que en caso de vulneración de esos derechos va a tener consecuencias”. Sobre la autodeterminación de género insiste en que esta ley no borra a nadie y que lo que ha permitido es que nadie les tenga que decir o certificar a través de un documento médico lo que son. No obstante, los colectivos LGTBI siguen muy pendientes de que se consiga aprobar la ley estatal, ya que agilizaría, por ejemplo, cambios en los documentos y registros que no dependen del Ejecutivo regional, entre otras cuestiones.
La discriminación en el empleo
La inserción laboral es otro de los aspectos que preocupa a las asociaciones. Diversas estiman que un 80% de las personas trans tienen dificultades de encontrar un empleo. Los colectivos trabajan por impulsar planes de inserción, pero insisten en medidas más tangibles. En este punto, el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que estudia medidas concretas y Víctor Ramírez confirma que en el Plan Corresponsables se está añadiendo una cláusula en el Archipiélago para intentar cubrir con un 5% de cuota de personas trans, aunque tienen que contar con titulaciones específicas y para ello asesorará a las asociaciones. También se trabaja por la visibilidad de la memoria histórica de estas personas. Siverio y Ramírez recuerdan que las mujeres trans, por ejemplo, han estado en primera línea de las luchas por los derechos y que han sufrido doble discriminación aguantando esos golpes en primera línea. Desde la Dirección General de Diversidad trabajan en la publicación de un libro que contará estas experiencias de vida y en campañas sobre la intersexualidad y la infancia y adolescencia trans.
A principios de julio, el Tribunal Constitucional declaró por primera vez que “toda discriminación de las personas trans es ilegal”. La magistrada añadía que “la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana”. La ley canaria incide en esa libre autodeterminación, en garantizar el derecho de recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales, culturales y el resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos, además de erradicar toda discriminación por razón de expresión o identidad de género. Sobre la intersexualidad deja claro que “queda prohibida, en el sistema sanitario público de Canarias, toda práctica de modificación genital en personas recién nacidas intersexuales que atienda únicamente a criterios de morfología o estética genital”. “No estamos hablando de teorías, sino de la realidad de personas, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Constitucional …las personas trans están en clara desventaja social” y es por ello que sufren discriminación en grado múltiple“. Por ello, insiste en seguir trabajando para erradicar los discursos de odio y la violencia que sufren.