En el archipiélago canario existen 37 locales de apuestas deportivas, 25 en la provincia de Las Palmas y 12 en la de Santa Cruz de Tenerife, 21 bingos y 8 casinos, según el Gobierno regional. Aunque la sociedad isleña no ha salido a la calle para protestar como ha ocurrido en ciudades como Madrid, la preocupación por la proliferación de estos establecimientos sí ha alcanzado al Ejecutivo regional. La consejera de Educación, María José Guerra, definió a las apuestas deportivas como “la heroína del siglo XXI” basándose en la opinión de “algunos expertos” y pidió colaboración a las fuerzas parlamentarias para limitar lo que considera “un foco de atracción sobre los más jóvenes”.
El Gobierno canario aprobó en 2014 un decreto para regular las apuestas en el ámbito deportivo, limitando a 95 el número de licencias para la instalación de locales de apuestas: 44 en Gran Canaria; 24 en Tenerife; 11 en Lanzarote; 10 en Fuerteventura; 4 en La Palma; 1 en El Hierro, y 1 en La Gomera. En la normativa también se incluye que estos locales, así como los bingos o los casinos, deberán estar a una distancia superior a los 50 metros “en línea recta” de centros de enseñanza no universitaria o de atención a menores, mientras que, para los salones recreativos, esa distancia debe ser de más 300 metros.
El texto legal prohíbe la participación en las apuestas deportivas a los menores de edad y, para ello, obliga a los locales a tener “un servicio de control de entrada que exigirá la identificación”. Y deben “hacer constar de forma visible” anuncios con esta advertencia, así como que la práctica “abusiva” de juegos y apuestas puede producir “adicción o ludopatía”. Exige también que cada apostante se registre previamente y aporte sus datos, como su DNI o su número de teléfono.
En septiembre, la Policía Nacional localizó a cuatro menores en casas de apuestas en Canarias, en el marco de una operación conjunta en toda España denominada Arcade en la que inspeccionaron 1.881 locales. “Se dice que está prohibida la entrada a menores de 18 años, pero la realidad es que están entrando y están jugando”, afirma el psicólogo Antonio Castaños, experto que lleva más de 20 años ayudando a personas afectadas por la ludopatía a través de la asociación Vida Libre. “Las medidas de control son difícilmente aplicables”.
Óscar Lorenzo, psicólogo y coordinador de proyectos en la Fundación Adsis Canarias, asociación que trata las adicciones, afirma que el “40% jóvenes podrían estar en riesgo de padecer adicción, aunque no hay demasiados estudios como para dar datos muy fiables”. Pero esto ilustra, a su juicio, que “el patrón de jugador clásico ha cambiado”, pues “ya no son personas de más de 45 años, son jóvenes rondando los 20 años con los mismos problemas económicos o laborales”.
La ludopatía, o el juego patológico, está reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, incluida dentro de los trastornos de los hábitos y el control de los impulsos, similar a adicciones relacionadas con el alcohol o tabaco. Entre sus síntomas, Lorenzo indica que “la persona manifiesta un cambio de comportamiento radical, se aísla y deja de practicar actividades placenteras. También se dan problemas de insomnio, ansiedad o depresión y a largo plazo, las conductas de pérdidas económicas potentes”.
Entre las causas que propician la adicción, Lorenzo señala “factores personales”, como aquellas conductas tendentes a “ser impulsivas o buscar sensaciones y emociones fuertes”, pero, en general, “los factores más importantes son la educación” y “los ambientes sociales en los que el juego y las apuestas están bien vistos. Los jóvenes lo ven como un fenómeno para ganar dinero rápido y fácil”.
Apuestas online y publicidad
Aunque la regulación de las apuestas online es competencia del Gobierno central, que aprobó la primera ley en esta materia en 2012 exigiendo a los operadores la obtención de una licencia, estas deben ser otorgadas por las comunidades autónomas, que deben velar por el cumplimiento de varios requisitos como la obligación al usuario de efectuar un “registro” previo que permita verificar la mayoría de edad, el número de cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito. Y exige al operador que informe de sus correspondientes normas de organización y funcionamiento o la forma de participación.
En este ámbito, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias subvenciona un proyecto titulado Desenrédate, desarrollado durante cuatro años, para trabajar con menores en distintos aspectos relacionados con las nuevas tecnologías: el uso del móvil, la posible adicción a las redes sociales, videojuegos o las apuestas online.
Juan Capafons, catedrático en Psicología y líder del proyecto, afirma que se ha encuestado a unos 10.000 chicos y chicas en centros escolares y una de las conclusiones es que el 7% de los menores reconoció que “han realizado la conducta de apostar y esto nos debe poner en alerta y tomar medidas”.
“Tenemos el problema de que chavales menores de edad están apostando en partidos de fútbol o jugando al póker online y los padres y madres a veces no son conscientes del riesgo que supone. Por eso, hay que concienciar y trabajar desde el ámbito técnico puro de la informática, para establecer buenos sistemas de control, y del nivel psicosocial”, dice Capafons.
Uno de los factores que pueden favorecer que se normalicen las apuestas deportivas, sobre todo online, son los anuncios protagonizados por “líderes juveniles”, explica Castaños, quien considera que es como “si, aprovechando los partidos de fútbol, se anunciaran por televisión o radio la cocaína, la heroína o el cannabis. Con drogas sería impensable y el juego se está publicitando por tierra, mar y aire”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo de España ha recomendado que se prohíba la publicidad del juego y las apuestas deportivas, excepto las de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y de la ONCE. O, al menos, que se impida su difusión durante horario infantil y que no pueda utilizarse la imagen de personas con notoriedad pública como reclamo.
Por su parte, Alejandro Landaluce, el director general de la patronal española del juego privado Cejuego, está “de acuerdo” con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, pero le parece un “error” que no incluya también la publicidad de la SELAE o de la ONCE. “Que a las 10 de la mañana salga un anuncio de lotería diciendo que por un euro ganas 16 millones y te cambia la vida es la misma publicidad que la de juega, juega, juega o apuesta, apuesta, apuesta”, asegura. Pero opina que si no se incluyen es porque “reporta mucho dinero a las arcas” públicas.
En cualquier caso, Landaluce dice que la adicción al juego se da en un porcentaje muy “pequeño” y en la mayoría de las personas produce “diversión, placer y alegría”. Por tanto, defiende que el juego no es comparable “a la heroína, que estaba prohibida”, pues es una actividad “lícita” que, además, genera unos “200.000 empleos directos e indirectos”, “sin olvidar la contribución”, pues pagan “un impuesto específico”. Y sostiene que es la Administración “la que tiene la obligación de regular” para que no participen menores, “que son menos de lo que se dice”, mediante “sanciones” o estableciendo la obligación de que los locales tengan “sistemas tecnológicos” para que los usuarios deban “inscribirse, dar su DNI, la huella dactilar o el reconocimiento facial”.
Para Castaños, cuando se defiende a estos negocios argumentando que se pierden puestos de trabajo es similar a los argumentos que empleaban “las empresas de tabaco”. Aunque le parece legítimo que defiendan su negocio, critica que no se controle lo suficiente, “no solo en el tema de los menores, sino en los autoprohibidos, las personas con problemas de ludopatía que se limitan a sí mismos participar en el juego”.
A pesar de que no es una de las ciudades más afectadas, en Barcelona, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender la apertura de nuevas salas de apuestas y juego durante un año, que incluyen juegos de azar, salones de juego, locales de apuestas, bingos y casinos, con el objetivo de elaborar una norma municipal que regule el crecimiento de estos negocios.
Para Lorenzo, el ámbito político debe centrarse en actuar “para regular la forma de obtener la licencia o la publicidad agresiva”, aunque también recuerda que la Dirección General de Ordenación del Juego tiene una página web donde “se pueden denunciar los establecimientos que están al margen de la ley, es decir, que dejan entrar a jóvenes, y es muy sencillo. Puedes informar de que el local está cerca de colegios, que dejan entrar a menores o que la publicidad es muy agresiva”.