La asociación de Memoria Histórica de Tenerife y la de La Palma han presentado alegaciones al expediente de revocación del catálogo de vestigios de Canarias, anunciado la pasada semana en el Boletín Oficial. Se trata de una decisión que se toma por petición de Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde siempre afeó que el documento empezara por su ciudad y no se hubieran publicado el del resto de municipios. José Manuel Bermúdez lleva dilatando la retirada de la herencia franquista de sus calles desde hace años, y ha llegado a acudir a los tribunales al igual que otras asociaciones contrarias a la memoria democrática.
En el documento de alegaciones al que ha tenido acceso Canarias Ahora, tanto Mercedes Pérez Schwartz (presidenta de la asociación de Tenerife) como Felipe Andrés González (presidente de la de La Palma) han solicitado que se escuche a la Comisión Técnica de Memoria Histórica antes de que se derogue este catálgo.
Los representantes de ambas asociaciones recuerdan la legitimidad de la Comisión Técnica, cuya función es la “adopción de acuerdos, emisión de informes, y propuestas, entre otras, informar antes de su aprobación de los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la ley canaria”.
Sin embargo, ese expediente y esa decisión del Gobierno de CC-PP de derogar el catálogo no pasó por dicha comisión técnica.
Ambas asociaciones insisten en que el pasado 12 de junio de 2022 la Comisión Técnica adoptó el acuerdo de informar “favorablemente del Catálogo iniciado a raíz del diagnóstico previo y análisis de herramienta orientada a la creación y difusión del Catálogo de Símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del municipio de Santa Cruz de Tenerife”.
“La Comisión Técnica no ha sido informada ni del requerimiento del hecho, ni de la incoación del expediente de revocación”, y ello, pese a que “la incoación del señalado expediente abre un proceso que, de prosperar, puede culminar con la derogación o revocación de la norma que ampara el Catálogo de Vestigios”. Todo ello “sin que se conozcan con certeza los fundamentos del requerimiento hecho, cuya aceptación es la causa de incoación del expediente”, señalan.
“A juicio de las asociaciones que representamos, resulta imprescindible recabar el correspondiente informe de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, que deberá ser oída antes de dictar la resolución que ponga fin al expediente”.
El escrito ha sido remitido tanto a Presidencia del Gobierno como a la Dirección General de Cultura.