“Nulo de pleno derecho”. Es una de las conclusiones que extrae el informe fiscalizador de la Audiencia de Cuentas sobre las contrataciones realizadas por Radio Televisión Canaria (RTVC) en el ejercicio 2018, donde ha desautorizado el proceso por el que se realizó la subrogación de trabajadores de informativos de la televisión pública. El órgano considera que no se llevó a cabo con los informes previos oportunos y que entre las funciones ordinarias del administrador único de aquel momento, José Carlos Naranjo Sintes, no se encontraba la gestión directa de los servicios informativos. Entre sus consideraciones detalla que el acuerdo incumplió varios puntos de la ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Desde el ente público han explicado que se presentaron alegaciones y que entre las recomendaciones del órgano no se encuentra la de anular el proceso de subrogación.
En un extenso documento, la Audiencia de Cuentas, de la que formó parte Naranjo Sintes antes de su cargo al frente de RTVC, afea varias cuestiones sobre su gestión. Uno de los puntos en los que se detiene es en la subcontratación de 219 trabajadores de los informativos, una medida que se tomó en 2018 de forma provisional hasta que se adoptara un “modelo de gestión definitivo” por el Parlamento de Canarias. “En comparecencia de 19 de septiembre de ese año, menciona que cuando se defina el modelo de gestión el personal habrá que atenerse a los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del personal”, matiza el informe. El órgano fiscalizador insiste en que la gestión directa de los servicios informativos es una actuación que quedaba fuera de las funciones ordinarias del administrador único, por lo que solicitó y obtuvo autorización del Gobierno de Canarias, el cual informó al Parlamento de Canarias al día siguiente de tomar el acuerdo. Sin embargo, “no consta, que con carácter previo a la asunción de dicha gestión directa, se haya obtenido autorización o se haya comunicado al Parlamento de Canarias por parte del administrador único dicho hecho”, apunta.
Para la Audiencia de Cuentas, el proceso es “nulo de pleno derecho” porque no se solicitaron los informes previos preceptivos ni a la Dirección General de Función Pública ni a la Dirección General de Planificación y Presupuesto “sobre requisitos para determinar o modificar retribuciones de personal de los entes con presupuesto estimativo”. Además, aclara que las contrataciones de personal fruto del proceso de subrogación supuso el incumplimiento de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En esta norma se establecía que en el plazo de 15 días se debió haber rendido cuentas a Función Pública y a la Dirección General de Presupuestos sobre las contrataciones realizadas.
En una tabla adjunta, la Audiencia de Cuentas aclara que “el personal incorporado ha duplicado con creces la estructura de costes, duplicidad que no se ha visto acompañada de una nueva estructura administrativa”.
Demandas de seis directivos no subrogados
El informe recuerda que el 1 de julio de 2018 fueron subrogadas 219 personas, 127 en Tenerife y 92 en la provincia Las Palmas. Sin embargo, en el listado proporcionado a la Audiencia de Cuentas por el ente público no se recogía a una persona que tenía un contrato de sustitución que vencía unos días después. Tampoco figuraban en ese escrito los directivos de la empresa subcontrata, Videoreport, que hasta ese momento prestaban sus servicios en dicha entidad en la línea de actividad de los servicios informativos. Estas personas acudieron a la justicia y quedó probado que sí que se encontraban en el listado de trabajadores a subrogar facilitado por la empresa subcontrata a la televisión pública.
La Audiencia de Cuentas subraya que “no se ha aportado justificación alguna acerca de las diferencias entre el personal subrogado a julio de 2018 (219 trabajadores), y el que aparecía en el pliego de finales de 2017 (214 trabajadores, incluidos directivos), que iba a dar cobertura a la contratación de los servicios informativos”. Esto “ha supuesto la subrogación de más trabajadores respecto a los previstos en el pliego antes señalado, al no subrogarse, además, a seis directivos que sí figuraban en los documentos reseñados”.
El órgano fiscalizador también apunta que en las incorporaciones realizadas fruto del proceso de subrogación “no se ha garantizado el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”. En este aspecto, resalta que se incumple con la Ley de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Otro contrato “nulo de pleno derecho”
La Audiencia de Cuentas se pronuncia sobre las altas de personal durante 2018 que no provienen de la subrogación. Se trata de la contratación de un director corporativo, que causó baja el 15 noviembre del mismo año. Dicha contratación concluye que es “nula de pleno derecho” ya que tampoco se solicitaron los informes previos ni a Función Pública ni a la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Además, considera que no cumple con los principios de “publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”.
¿Qué recomienda la Audiencia de Cuentas?
El órgano estima que el acuerdo de subrogación fue “nulo de pleno derecho”, pero en sus recomendaciones no precisa que deba anularse el proceso. Sí apunta que como consecuencia de la asunción de la gestión directa de los servicios informativos, y con la finalidad de que las tareas encomendadas a la Televisión Canaria se realicen de la manera “más eficiente posible” en consonancia con la normativa que le es de aplicación, se recomienda “ampliar la plantilla de personal en el área económico-administrativa que permita cubrir las necesidades reales del servicio que presta dicha entidad ya que hasta el ejercicio 2019 se encontraba infradotada”.
Así mismo, debido a que las contrataciones de personal temporal para cubrir necesidades urgentes e inaplazables se están realizando tanto en la televisión como en la radio públicas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), “sería adecuado que se realizaran los procedimientos necesarios para la creación, de acuerdo a la normativa vigente, de listas de reserva para los perfiles más demandados”.
En el anexo de alegaciones, la Audiencia de Cuentas concluye que no modificará el informe tras las presentadas por Televisión Canaria en el punto de subrogación de trabajadores ya que considera que “ las situaciones extraordinarias alegadas por el ente no eximen del cumplimiento normativo” y añade que RTVC “continúa sin aportar documentación alguna que justifique las diferencias en el número de trabajadores entre los listados disponibles”.