La Audiencia Nacional ha acordado acceder a la petición de Reino Unido de extraditar a un ciudadano de este país que reside en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, acusado de tráfico de droga y blanqueo de capitales.
En concreto, se le relaciona con el movimiento de 12 kilos de droga de clase A, entre las que está la heroína, la morfina o el éxtasis líquido, y un kilo de cocaína, y se le acusa además de obstrucción a la justicia, lo que según la legislación de su país supondría un total de 8 cadenas perpetuas.
También se le acusa de una supuesta participación en el lavado de 709.500 libras, lo que implicaría 70 años de cárcel.
El pasado 21 de mayo fue arrestado en Tenerife y entró en prisión este ciudadano británico, sobre el que pendía una orden internacional de detención con fecha del 13 de noviembre de 2023, por esos delitos expedida por un Tribunal de Reino Unido.
Los hechos objeto de la solicitud de extradición serían estar sujeto a una investigación a cargo de la Unidad Regional del Noreste contra el Crimen Organizado (NEROCU) tras recibir un grupo de evidencia Encrochat de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA).
Previamente, al detenido se le habían sacado diversas fotografías y mensajes relacionadas con su familia, hogar y automóvil mientras permanecía en el Reino Unido.
Los mensajes encriptados vendrían a demostrar que estaba involucrado en el suministro a gran escala de varios kilos de cocaína y en transacciones de cientos de miles de libras esterlinas que pasaron a través de esta persona y sus asociados.
Los agentes acudieron a su vivienda en Newcastle pero no se encontraba en la misma y sus familiares les informaron de que actualmente residía en Los Cristianos y que su pareja viajaba periódicamente a Tenerife.
A partir de ahí, tanto la Fiscalía y la propia defensa durante el trámite de alegaciones informaron en el sentido de considerar procedente la extradición, tras lo que se señaló la diligencia de vista para el día 26 de junio de 2024, que tuvo lugar asistido por intérprete y su abogado defensor.
En Reino Unido, todos los penados a cadena perpetua son puestos en libertad con un permiso que permanece en vigor durante el resto de su vida, licencia que puede revocarse en cualquier momento si es necesario por motivos de protección de la sociedad.
La Audiencia Nacional matiza que dará vía libre a la extradición al Reino Unido siempre que la Justicia de ese país garantice que se van a cumplir estos requisitos.