El legítimo heredero de una de las 500 viviendas de protección oficial (VPO) ubicadas entre la zona alta de Las Rehoyas y el barrio de Schamann (lo que antes se conocía como Buque de Guerra), en Las Palmas de Gran Canaria, descubrió por casualidad un día de 2016, cuando fue a presentar una queja al Diputado del Común por otro asunto, que la casa en la que había crecido con sus padres no le pertenecía a pesar de que sus progenitores habían legado el hogar a nombre de su único hijo antes de fallecer.
El motivo lo halló el equipo del anterior Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, al descubrir que la VPO se había puesto a nombre de una tercera persona, concretamente de la segunda esposa del padre del heredero. La causa que originó la negligencia se remonta a 1964, cuando los progenitores firmaron el contrato de adjudicación provisional de la vivienda mediante el procedimiento de compra diferida, es decir, la adquieren de forma paulatina mientras abonan una determinada cantidad a la administración, similar a un alquiler.
La madre falleció en 1989 y el padre rehizo su vida casándose con otra mujer en 1992. Años después, la Comisión Liquidadora del Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco del ayuntamiento capitalino llevó a cabo la rehabilitación y reposición de las VPO del Buque de Guerra y El Polvorín. Así que en 2007 le ofrecieron la titularidad de la vivienda, el padre aceptó y firmó con su segunda esposa, sin que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comprobara el contrato firmado con su primera esposa, quien otorgó testamento abierto e instituyó a su hijo como único heredero universal de sus bienes. Por lo tanto, quedó escriturada a nombre del padre y de su segunda mujer.
En 2012 falleció el padre, quien también había dejado testamento declarando a su hijo como único y universal heredero. Pero en las escrituras la VPO seguía a nombre de la segunda esposa del progenitor, lo que provocó, años después, un proceso burocrático entre el Diputado del Común y la Concejalía de Urbanismo de tres años en el que Jerónimo Saavedra instaba a Javier Doreste a hacer las gestiones oportunas para dejar sin efecto la escritura pública de compraventa de la vivienda de protección oficial, restaurando la posición jurídica del ciudadano afectado por el error jurídico.
A pesar de la resistencia inicial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la buena relación entre Saavedra y Doreste permitió que el Ayuntamiento comenzase a hacer las gestiones necesarias para devolverle la vivienda a su legítimo heredero: llamar a la notaría, hacer unas escrituras que anularan la anterior, ir al registro de la propiedad, poner de titular al promotor de la queja… Pero había un problema y es que al momento de realizar todo este proceso el padre ya había fallecido, por lo que fue necesario ponerse en contacto con la segunda esposa además de sus hijos, quienes no podían objetar nada, pues quedaba ampliamente demostrado a quien pertenecía la vivienda.
El ciudadano afectado por la negligencia decidió evitar un proceso judicial por temor a alargar en el tiempo el conflicto y verse obligado a afrontar los gastos que conlleva, con la circunstancia añadida de que es pensionista por incapacidad laboral permanente; si bien no tenía problemas de vivienda pues habitaba con su familia en otro inmueble, pero quería lo que le correspondía. Así, decidió tocar en la puerta del Diputado del Común y consiguió que, en su caso, la colaboración con la administración municipal fuese efectiva para llevar a buen puerto su queja.