El Ayuntamiento de Santa Brígida desdeña el Plan de vivienda de Canarias y planea edificar pisos protegidos en Pino Santo, un barrio periférico

El Ayuntamiento de Santa Brígida, conformado por la coalición del Partido Popular (PP), Unidos por Gran Canaria (UxGC), Ciudadanos (Cs) y Plataforma Vecinal de Santa Brígida (PVSB), ha licitado por 1,2 millones de euros la enajenación del 34,11% de una parcela de suelo urbano adjudicada en proindiviso con Dinosol Supermercados S.L, que posee el 65,8% restante, situada en la Avenida el Galeón, en el casco del municipio, y destinada “prioritariamente” a la construcción de pisos protegidos. En lugar de eso, la Corporación local, que se escuda afirmando que la venta del terreno no trastocará los planes de vivienda, espera “un gran establecimiento comercial de consumo cotidiano”, según han expresado los interesados en su adquisición, y la edificación de domicilios públicos se pretende hacer en Pino Santo, un barrio marginal del núcleo urbano, algo que no casa con las instrucciones diseñadas en Plan de vivienda de Canarias.

El Plan de Vivienda de Canarias señala una “implicación directa” de los Ayuntamientos y las sociedades municipales para “rehabilitar y movilizar las viviendas vacías” del Archipiélago. En una de sus líneas de acción detalla que los pisos protegidos a construir “han de estar integrados en el conjunto de la sociedad y no en núcleos diferenciados ni apartados”. Esto se reclama para cortar de raíz la segregación social dentro de los barrios motivada por la división entre la propiedad privada (personas con capacidad adquisitiva), focalizada en el centro de los municipios, y los domicilios públicos (personas en riesgo de exclusión social), extendidos por la periferia. Es una tendencia que ha ganado peso en las últimas décadas, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

El Ayuntamiento de Santa Brígida, hasta hace no mucho, contaba con una parcela de suelo para esto. Se trata de un terreno de 2.794 metros cuadrados integrado en el Patrimonio Municipal del Suelo, situado en la Avenida Galeón y destinado “prioritariamente” para la construcción de viviendas protegidas. Pero la Corporación local ha decidido desprenderse de él.

Lo hace por varios motivos. El primero es “la dificultad para la ejecución de la unidad que supone la existencia de la cuota en proindiviso”. La parcela está en condominio entre Dinosol Supermercados S.L, que cuenta con el 65,88% de la finca desde el 16 de octubre de 2020, y el Ayuntamiento de Santa Brígida, que tiene el 34,11% desde 2001.

El segundo hace referencia a “los derechos de retracto legal que corresponden a un único copropietario”. El Ayuntamiento de Santa Brígida perdió la oportunidad de efectuar su derecho de tanteo el año pasado, cuando la entidad Maherma SA puso en venta la parcela que ahora corresponde a Dinosol.

Y el tercero apunta la “no obligación desde el punto de vista del planteamiento de ejecutar viviendas de promoción pública en dicha parcela”. ¿Por qué? Porque la Corporación local estima que la enajenación de este terreno “no repercute en las posibilidades de ejecución de vivienda en promoción pública”. Además, añaden otra razón: nunca se ha planteado establecer vivienda pública ahí. Y dicen que el dinero de la enajenación se destinará a comprar suelo consolidado.

El Ayuntamiento de Santa Brígida sabe que los interesados en la compra de la finca desean “implantar y poner en funcionamiento un gran establecimiento comercial de consumo cotidiano” en el centro. Mientras, planea levantar viviendas sociales, y así se lo ha hecho saber al Instituto Canario de la Vivienda y ha podido confirmar este periódico, en Pino Santo, un barrio periférico de difícil acceso donde vive cerca del 10% de los habitantes del municipio. El objetivo, agregan, es “evitar el despoblamiento de los barrios más alejados del casco urbano”.

La Corporación manifiesta estar dispuesta a “aportar suelo” al ICAVI para acometer la redacción de proyectos, dirección y ejecución de obras. Pero desdeña los principios de accesibilidad y cohesión social que remarca el Plan de Vivienda. “Las nuevas viviendas han de estar integradas en el conjunto de la sociedad y no en núcleos diferenciados ni apartados. (…) Garantizar la accesibilidad ha de ser una de las prioridades de las políticas de vivienda”.

Canarias quiere construir 5.971 pisos protegidos. Y para ello desglosa sus objetivos cuantitativos de forma minuciosa. Por ejemplo, en Gran Canaria, como viviendas de alquiler público, pretende edificar 400 hogares en su capital, 308 en Telde o 65 en Gáldar. Para combatir la despoblación, como defiende el Ayuntamiento de Santa Brígida, figuran cuatro en Artenara y 15 en Teror.