Las dos bibliotecas del Estado en Canarias, ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, viven una situación inédita en los últimos 15 años: no tienen dinero para comprar libros ni organizar actividades. Llevan así todo el curso 2024. El director de la localizada en la capital tinerfeña, Javier Machín, confirma a Canarias Ahora que la problemática ha comenzado a impacientar a los usuarios. La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, gestionada por Horacio Umpiérrez, de Coalición Canaria (CC), aún no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción. Está prevista una reunión este martes entre Umpiérrez y los directores de sendos centros para abordar la crisis.
En 2023, las bibliotecas del Estado en el Archipiélago recibieron 75.000 y 90.000 euros cada una para adquirir libros y organizar actividades, respectivamente. Son partidas clave que permiten obtener las últimas novedades literarias del mercado, organizar clubes de lectura y programar eventos infantiles, entre otras cosas. Sin ellas, prácticamente “no tiene sentido abrir”, reconoce Machín. Pero la realidad este curso es que dichas cuantías son inexistentes y otra, relativa a la informatización, también se ha reducido, agrega el director del centro en Santa Cruz de Tenerife.
La gestión de ambas bibliotecas corresponde a la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico, liderada en estos momentos por Umpiérrez. De momento no hay una respuesta oficial que explique las causas que han provocado el recorte. Los centros esperaban una solución en abril, pero sigue sin llegar. En la Comunidad Valenciana, por otro lado, ocurre exactamente lo mismo: las cuatro grandes bibliotecas del Estado están sin dinero para comprar libros, según informó el periódico El País. En esa comunidad, la Consejería de Cultura, dirigida por Vox, asegura estar revisando la fórmula de adquisición tras observaciones negativas de la Intervención de la Generalitat. En Canarias, no obstante, todo apunta a que las razones del tijeretazo son “distintas”.
Las bibliotecas del Estado en Canarias son las más populares del Archipiélago. En 2022, el último año con cifras actualizadas, realizaron un total de 213.536 préstamos, recibieron más de 340.000 visitantes y gastaron poco más de 2,4 millones de euros. La merma actual en ambos centros es notable, pero no se queda ahí. Fuentes consultadas aseguran que la falta de recursos económicos se ha extendido a otras áreas del sector en las Islas. El Gobierno regional presupuestó este año 5,43 millones de euros para servicios bibliotecarios y archivos, un 11,62% menos en comparación con el ejercicio anterior.
Esa rebaja se ha traducido en una “vuelta a la casilla de salida” para los trabajadores de bibliotecas, que ven cómo las promesas trazadas en la Ley 5/2019, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, aprobada precisamente para “dotar de una regulación suficiente (...) el desarrollo de las políticas bibliotecarias”, se han quedado en “papel mojado”, apunta Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de las Islas. “La norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Es delito no cumplirla y ese incumplimiento afecta negativamente a la ciudadanía canaria, que ve que un servicio público básico como son las bibliotecas y el fomento a la lectura no son prioridad para el Gobierno, condenándola a la incultura y desigualdad social”, razona Domínguez.
La presidenta de la asociación señala que se reunió con Umpiérrez a principios de mayo para “preguntarle por varias cuestiones” en este sentido y que este “se comprometió a responderlas en diez días mediante un informe que pediría a los jefes de servicio de ambas bibliotecas del Estado”. Actualmente, no obstante, “no sabemos nada”, remacha Domínguez.