ENTREVISTA

Ignacio Abásolo, economista: “La brecha entre la salud que se puede alcanzar y la que podemos pagar con dinero público es cada vez mayor”

Unos 300 expertos han firmado un manifiesto para impulsar la creación de una autoridad independiente de evaluación de prácticas y políticas sanitarias en España al estilo de la que opera en el Reino Unido desde 1999 bajo las siglas NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Una agencia que pretende “acabar con la arbitrariedad” en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas, intervenciones o infraestructuras, una de las debilidades que ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19.   

El modelo nacional es la AIReF. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -que tiene como objetivo velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo- tiene personalidad jurídica propia, autonomía funcional y procedimientos y funciones definidas. A juicio de los firmantes, la agencia sanitaria constituida a imagen y semejanza de la AiREF debe ser “un elemento imprescindible para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud” y conformar “una potente herramienta para optimizar los intrínsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población”, tal y como sucede en Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia o Nueva Zelanda, países que ya disponen de autoridades independientes de este tipo.  

Ignacio Abásolo Alessón, catedrático y doctor en Economía por la Universidad de La Laguna (ULL), con máster en Economía de la Salud por la Universidad de York, es uno de los firmantes.

¿Cómo y cuándo nace la iniciativa de crear esta AIReF sanitaria?

La idea de crear una autoridad independiente de evaluación de prácticas y políticas sanitarias al estilo de la NICE británica no es nueva. Ya en 2017 la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) la llevó a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. La iniciativa que plasmamos ahora en el manifiesto surge hace más de un mes y está liderada por un grupo de reconocidos expertos en economía de la salud, como Guillem López-Casasnovas, Beatriz González López Valcárcel o Ildefonso Hernández. Son científicos que tienen una larga experiencia en el estudio de los sistemas de salud, tienen opiniones muy respetadas a todos los niveles y su trayectoria demuestra un compromiso con el interés público y el objetivo de mejorar el Sistema Nacional de Salud. En tan solo unos días se logró el apoyo de los 300 expertos que salen en el primer bloque de firmas. Son profesionales muy heterogéneos. Hay profesionales de la medicina, de la enfermería, farmacéuticos, directivos... Creo que este apoyo tan rápido y multidisciplinar es un síntoma de lo necesaria que es la creación de una agencia de evaluación de este tipo.

¿Qué pasos formales se deberían dar para constituir la agencia?

En mi opinión, lo primero que tendría que haber es el respaldo de todo el arco parlamentario. No es cuestión solo de un gobierno concreto o de un partido. Como se indica en el manifiesto, ahora tenemos la oportunidad de financiar esta autoridad independiente a través de los fondos europeos Next Generation EU. El proyecto encaja perfectamente en la filosofía del programa. Esa sería la inversión inicial. A medio y largo plazo, los gastos corrientes se asumirían con los propios precios o tasas cobradas a las empresas sanitarias que proponen las nuevas tecnologías a evaluar.

¿Cómo definiría la acción concreta de esta autoridad independiente?

Se trataría de evaluar económicamente una nueva tecnología, medicamento o tratamiento comparando, con criterios sociales, el cambio de costes que supondría con la ganancia en salud que propiciaría (la relación coste-efectividad incremental). No son resultados en otro tipo de unidades, estas evaluaciones están enfocadas en la mejora de la salud de la población. Este análisis permitiría decidir si son tecnologías costo-efectivas. Si lo son, se sugeriría su financiación pública. Si no, no se recomendaría.

¿Por qué es necesaria?

Hay que partir de la idea de que el establecimiento de prioridades es innato a un sistema sanitario público como el nuestro. No solo en momento de pandemias o de catástrofes naturales, donde la escasez y la necesidad de priorizar se hace mucho más visible a los ojos de los ciudadanos, sobre todo en los servicios hospitalarios y cuidados intensivos. La necesidad de establecer prioridades se da en un sistema sanitario a lo largo de todo el año. Y es que hay una brecha entre la salud que se puede alcanzar con la tecnología disponible y lo que se puede pagar con dinero público. De ahí la necesidad de priorizar y, para ello, de evaluar de forma transparente e independiente y para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esa es la razón fundamental. No llegan los recursos públicos para pagar toda la salud que se podría generar y esa diferencia tiende a aumentar con el progreso científico y tecnológico. Cuanto mayor sea el progreso, mayor será la brecha y más imperioso establecer prioridades. Una autoridad independiente como la propuesta sería clave para una asignación más eficiente de los recursos del Sistema Nacional de Salud y para garantizar mejor la solvencia a largo plazo.

¿Cuáles son los criterios para recomendar o no una determinada tecnología, para establecer esas prioridades?

Las prioridades que se establezcan deben ser consistentes con los principios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Junto a la seguridad y eficacia sanitaria, los principios de eficiencia y equidad deben guiar el uso de recursos públicos sanitarios. Se trata de lograr con equidad la máxima salud posible para el conjunto de la población con el total de recursos públicos disponibles. La salud se mediría como los años de vida saludables o años de vida ajustados por calidad. A partir de ahí, y con base en la evidencia científica disponible, se analizaría el mérito de las distintas tecnologías sanitarias (medicamentos, dispositivos médicos, aparatos de diagnóstico...) en función de los resultados que generan (mejoras en la salud) y los costes que conllevan. Es esta evaluación de costes y resultados la que, junto a los análisis de impacto presupuestario, llevaría a cabo esta autoridad independiente. Evaluar en qué merece la pena socialmente invertir y en qué no.

¿Qué vínculo debería establecer la agencia con las autoridades sanitarias, con quien toma las decisiones?

Es un órgano que, sin duda,  condicionaría las decisiones de las autoridades sanitarias, pero no las sustituiría. Una vez hecha la evaluación económica y la correspondiente recomendación, esta agencia no la implementaría, no reemplaza a las autoridades sanitarias en las decisiones. Correspondería al poder político hacer lo propuesto por la agencia o, si no, explicar las razones de su negativa. Esto daría más credibilidad a nuestro Sistema Nacional de Salud, ya que se trata de un compromiso transparente y explícito con un uso eficiente de los recursos públicos limitados.

Algunos han propuesto que tenga su sede en Barcelona, ¿qué opinión le merece?

En mi opinión, la localización territorial de la sede física no es lo más importante ahora, máxime si tenemos en cuenta que esta autoridad independiente estatal informaría las decisiones que afectarían a todo el Sistema Nacional de Salud. Dicho esto, en mi opinión, creo que la propuesta de su localización en Barcelona tiene sentido si tenemos en cuenta que Cataluña, y Barcelona en particular, ha sido la cuna de la economía de la salud en España y desde donde directa o indirectamente se ha extendido y promovido la formación e investigación en economía de la salud en el país, un papel que podría seguir fomentándose desde allí con esta agencia.

¿Cómo se puede garantizar la independencia de la agencia frente a la industria y a los grupos de presión en el ámbito sanitario?

Lo primero que creo que hay que decir es que la creación de esta agencia debe estar al margen de la refriega política. O, dicho de otro modo, su creación contribuiría a sacar de la refriega política la gestión de los recursos públicos sanitarios. Se trataría de una forma distinta de racionalizar el uso del dinero público en la que priman la evaluación, la independencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Como solía decir el profesor José Barea, “la transparencia es al sector público lo que el mercado al sector privado”. Esta autoridad independiente de evaluación sanitaria se convierte así en un aliado del interés público general frente a los intereses particulares de distintos grupos de presión, de la industria sanitaria, de colectivos profesionales concretos o de determinados intereses políticos. El objetivo fundamental es maximizar la salud del conjunto de la población y establecer prioridades para ello, haciéndolo, además, de forma justa, equitativa. Esta es la propuesta y, siguiendo el funcionamiento de la propia Agencia, creo que corresponde a los políticos dar un paso al frente en su promoción o, si no, explicar las razones de su negativa.