La Comisión Europea ha iniciado una investigación para comprobar si el desguace ubicado en el Camino de Riquel (Icod de Los Vinos, Tenerife) perjudica al Acantilado costero de Los Perros, declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y cubierto parcialmente por chatarra de coches.
Bruselas recibió este expediente desde la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual admitió a su vez a trámite una denuncia en forma de petición del portavoz de Los Verdes de Icod de Los Vinos, Jonás Pérez.
La presidenta de la comisión europarlamentaria, la italiana Erminia Mazzoni, del Partido Popular Europeo (PPE), aseguró por carta a Pérez que esta comisión “ha iniciado el examen de su petición y ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema”.
En agosto de 2009, el portavoz de Los Verdes del municipio tinerfeño se dirigió a la Eurocámara para denunciar (con la presentación de una petición) que “las actividades ilegales desarrolladas en la costa de Riquel durante más de 20 años han afectado directamente a unos 10.000 metros cuadrados de superficie del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acantilado costero de Los Perros”, designado en la actualidad como Zona de Especial Conservación (ZEC).
Para Los Verdes, la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias “incumple” la directiva Hábitats, la cual persigue la conservación de los parajes naturales y de la flora y fauna silvestres de la red Natura 2000.
“La ilegalidad consiste en que aún no se han desarrollado las leyes, reglamentos y normas adecuadas de conservación para la ZEC Acantilado de los Perros”, sin respetar los plazos que establece dicha directiva para ello, según sostiene el Grupo en un comunicado.
Ahora, Pérez confía en que la eurodiputada francesa de Los Verdes Sandrine Bélier, miembro suplente de la comisión de Peticiones, se encargue de seguir este asunto en Bruselas. Por su parte, la comisión europarlamentaria examinará la queja en una reunión pública a la que puede asistir el peticionario.