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Una cadena humana “en defensa del turismo” en el sur de Gran Canaria acaba con consignas xenófobas y el apoyo de un concejal de CC

Canarias Ahora

20 de marzo de 2021 21:17 h

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Una cadena humana se ha formado este sábado, 20 de marzo, en la Playa del Inglés, en Gran Canaria, bajo el genérico lema: “Basta ya a la situación actual para recuperar la estabilidad”, un eslogan que no deja claro a qué situación se refiere ni tampoco a qué estabilidad hay que regresar.

La protesta, supuestamente, era contra la situación económica que se vive como consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero durante la formación de esa cadena humana, a la que los asistentes acudieron vestidos de color blanco, se escucharon, ante la mirada de las personas que se encontraban descansando bajo el sol, frases como “Esta playa es nuestra, de Gran Canaria” lanzadas desde uno de los coches que la organización del acto tenía autorizados para circular por la arena.

Según fuentes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana consultadas por este periódico, el acto tenía permiso, y varias unidades de la Policía Local y también efectivos de Protección Civil acudieron para vigilar el desarrollo del mismo.

El principal convocante, Radio Top21, anunció en sus redes sociales que la cadena iba a ser grabada desde el aire por una avioneta y un helicóptero, y que las imágenes iban a “dar la vuelta al mundo”.

Tras la cadena humana, los participantes, unos 150, se congregaron en torno al Centro Comercial Anexo 2 de Playa del Inglés, donde desplegaron dos pancartas de gran tamaño con el lema “Canarias no se vende” y “Canary Island are not for sale”, y donde se pudieron ver algunas banderas de España y de Canarias.

Entonces comenzó la lectura de un manifiesto y una suerte de mitin político dirigido por Francisco Guerra, de Radio Top21, en el que se repitió que “Canarias no se vende”, defendiendo ese argumento con afirmaciones tales como que cuando llegan personas se las atiende “con dinero de nuestros impuestos”, en clara referencia a los migrantes que llegan a las costas canarias en pateras y cayucos, mientras “hay carencias en las fuerzas de seguridad y en los servicios sanitarios”. “Encima quienes vienen a Canarias viven mejor que quienes luchan por su pueblo”, se ha dicho en un discurso inconexo repleto de frases tales como “se les atiende con nuestros impuestos, ¡es lo peor que tenemos a día de hoy!”, “Canarias es oro molido y así tiene que ser”, o “nos gusta la ley y nos gusta la realidad”, tras explicar que no habría actuaciones musicales por las restricciones frente a la COVID.

“Todo aquel que venga a sumar es bienvenido, todo aquel que venga a parasitar no es bienvenido”, ha dicho otro de los oradores.

Una vez más, el discurso xenófobo se mezcla con una protesta por una situación económica desfavorable, atribuyendo a los migrantes que llegan a las islas la capacidad de arruinar la economía del archipiélago sin datos que lo sustenten más allá del manido argumento de que “reciben ayudas”.

Francisco Guerra pidió aplausos para los asistentes en varias ocasiones y agradeció especialmente al Ayuntamiento “el apoyo”, así como a la Policía Local, Protección Civil y empresas que, según él, les han respaldado. Pese a que oficialmente el Ayuntamiento no ha organizado el acto, y por tanto la Policía Local no participaba en él, uno de los asistentes tuvo la oportunidad de grabar en vídeo la cadena humana desde una de las patrullas policiales que recorrían la playa. Esto fue posible, según han indicado fuentes del Consistorio consultadas por este periódico, porque uno de los participantes se sintió indispuesto y, junto a un acompañante, fue llevado en el vehículo, desde donde dicho acompañante pudo grabar la fila de gente con una cámara.

Al término de la lectura, el Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y concejal de las áreas de Urbanismo y Turismo, Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, se presentó junto a los organizadores, también vestido de blanco, y recogió, según él, “con mucho orgullo” el manifiesto leído y dijo que “tomaría nota”. “Les felicito”, agregó.

Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, tanto con la alcaldesa del municipio, Concepción Narváez, como con Alejandro Marichal y con el concejal de Policía, Samuel Henríquez.

Tensión social por la acogida de migrantes

El municipio sureño de San Bartolomé de Tirajana vio aumentar la tensión social meses atrás a raíz de presencia de numerosos migrantes llegados a la isla en cayucos o pateras que fueron acogidos en hoteles y apartamentos de la localidad que se encontraban cerrados y vacíos debido a la pandemia de coronavirus y a que no había plazas disponibles en los centros de acogida. La situación llegó al punto de que a través de redes sociales se llegó a convocar a vecinos para ir a “la caza del moro”, unos mensajes que fueron incluso investigados por un presunto de odio. La convocatoria quedó finalmente anulada, y uno de los vecinos fue detenido por difundir un vídeo en el que aparecía con un arma blanca.

De esto hace solo dos meses. Desde entonces han aparecido imágenes de peleas y enfrentamientos difundidas a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación destacando la “inseguridad” generada por los migrantes, lo que llevó a la Delegación del Gobierno a reforzar la presencia policial en las proximidades de los complejos hoteleros de San Bartolomé de Tirajana, y también de Mogán. Sin embargo, el delegado, Anselmo Pestana, aseguró entonces que la percepción de inseguridad social en los barrios de esos dos municipios “no se justifica con datos”. 

Tampoco es cierto que los migrantes llegados en patera a Canarias reciban “nada más llegar” ayudas económicas, como se asegura habitualmente para atacar a estas personas. Un ejemplo de ello es el Ingreso Mínimo Vital, que exige entre sus requisitos tener la nacionalidad, más de 23 años y “residencia legal y efectiva” en España de forma ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud. En el caso de la Prestación Canaria de Inserción, otro requisito es estar empadronado con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la solicitud en cualquier municipio de la comunidad autónoma y con documentos que justifiquen debidamente el acuerdo de empadronamiento. La primera asistencia que reciben la da Cruz Roja y consiste simplemente en ropa y comida, así como asistencia humanitaria para quien la necesite.