La lista de espera en materia de Dependencia en Canarias, a pesar de que ha disminuido en los últimos años, aún se sitúa en casi 9.000 personas que, aunque tienen ya el derecho reconocido, siguen esperando. Sin embargo, más allá de esta cifra, es necesario atender a la calidad del servicio que se está facilitando a estas personas, muchas veces mermada porque se deriva en empresas intermediarias. Las Islas destacan por ser la única comunidad autónoma que no tiene desarrollado el servicio de ayuda a domicilio de forma pública, una de las prestaciones amparadas en el marco de la Ley de Dependencia. Su estadística, recogida de forma oficial cada mes en el IMSERSO, se encuentra prácticamente a cero.
Para el director de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, “es una barbaridad” que mientras en toda España hay 240.000 casos de ayuda a domicilio, en Canarias no despegue esta prestación. En la estadística oficial se recogen apenas tres casos, que en realidad se corresponde a un error estadístico, según ha explicado también la hasta ahora directora de Dependencia del Gobierno regional, Eulalia García, que llegó al cargo hace un año.
La directora explicaba unos días antes de las elecciones a este periódico que el objetivo es ir ampliando toda la cartera de servicios que ampara la dependencia y que es cierto que esta ayuda no se encuentra desarrollada. La fórmula que se ha ideado para poder prestarla es hacerlo a través de una prestación vinculada al servicio. Es decir, según explican familiares de dependientes, el Ejecutivo Regional les da la posibilidad de contratar a una serie de empresas, cuyo número varía dependiendo de la isla, pero suelen ser cuatro. Una vez se contrata el servicio de ayuda a través de esas entidades, el Gobierno abona la cantidad correspondiente.
La calidad de la ayuda ha mermado
“No entiendo por qué me obligan a elegir solo entre cuatro empresas”, señala una usuaria de Fuerteventura que cuida a un familiar dependiente. Explica a través de documentos que acreditan su situación, que la persona a la que cuida tiene unos problemas específicos de salud que requieren de compañía las 24 horas del día. Sin embargo, recibe una prestación de apenas 430 euros que está obligada a utilizar para contratar a una de estas empresas. La ayuda solo le alcanza para que una persona acuda a su casa 8 horas semanales para tareas de limpieza y de asistencia personal.
Reprocha la falta de control del Gobierno de Canarias sobre esta externalización, y en sus quejas a la Consejería de Políticas Sociales y a la Dirección de Dependencia expresa que el servicio es deficiente, con incumplimientos en los horarios, o que las condiciones laborales de los trabajadores le parecen abusivas. También recuerda que la Ley de Dependencia, aprobada en 2007, expresa que el servicio será preferentemente público, por lo que reclama que se avance hasta este cumplimiento.
El dictamen del Observatorio de la Dependencia del año 2017 ya advertía de que se está girando hacia un modelo low cost de dependencia que al final repercute en la calidad del servicio. Los sindicatos también han advertido en reiterados informes de que las condiciones de las personas que se dedican a este sector han mermado. En su mayoría, se trata de mujeres. José Manuel Ramírez subraya que en otras comunidades autónomas, la ayuda a domicilio se presta con una empresa del propio ayuntamiento sin tener que recurrir a una contrata. Lo que ocurre en las Islas “es producto de que el Gobierno de Canarias es el único de toda la comunidad que tras 12 años de la ley dependencia no tiene desarrollada esta ayuda, y eso es una barbaridad”.
No obstante, en Canarias sí que hay ayuntamientos que prestan de forma pública la ayuda a domicilio. En la página web del Gobierno de Canarias se destacan algunos como Moya, Agüimes, Mogán, Valleseco o Candelaria. La directora de Dependencia del Gobierno explica que se lleva a cabo a través de la cofinanciación del Plan Concertado de Políticas Sociales, que se diferencia de la ayuda a domicilio en el ámbito de la dependencia. Es decir, en esa ayuda de los municipios se incorporan personas que no tienen por qué ser demandantes de la ley de dependencia.
En 2014, se intentó incorporar esta ayuda que vienen prestando los ayuntamientos al sistema de atención a la dependencia. Sin embargo, en 2015, la entonces viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena (PSOE) encargó una investigación interna sobre los datos y se concluyó que no se había hecho de forma correcta, por lo que se dieron de baja a estas personas de las estadísticas oficiales, ya que no todas figuraban como demandantes.
Eulalia García señala que se está intentando que la ayuda a domicilio se aplique de forma pública en toda Canarias, aunque este año no ha dado tiempo. “Por primera vez hemos conseguido a través de las adendas con los cabildos, aunque está pendiente de firma, que empiecen a incluir la ayuda a domicilio”, señala. También asegura que ha hablado con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que la ayuda a domicilio que estén prestando los ayuntamientos, la que tenga que ver con personas dependientes, lo financie directamente esta área del Gobierno de Canarias.
Servicios Sociales “irrelevantes”
Los datos de dependencia vuelven a sonrojar a Canarias una y otra vez. En el último informe DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales) de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales, se vuelve a poner de manifiesto que una de las áreas que representan un mayor atraso en Canarias es precisamente la atención a la dependencia. En el estudio, se califica a los servicios “irrelevantes”. El principal motivo: la “ineficiencia, un lastre que tiene importantes consecuencias para la población ”al mermar sensiblemente la cobertura“.
Si se atienden a los datos del IMSERSO publicados en abril de este año, se constata que actualmente existen 8.680 personas que, aunque tienen reconocido el derecho a percibir una prestación en el marco de la ley, siguen esperando. Además, hay 13.733 resoluciones aún pendientes de resolver.La nueva legislatura plantea el reto del desarrollo de la ya aprobada Ley de Servicios Sociales.