Las zonas de baño en Canarias siguen sin estar al día en materia de seguridad. Tras más de cinco años desde la aprobación del decreto que obliga a mantener unas condiciones más estrcitas, todavía hay municipios que no han elaborado el plan de seguridad de sus playas, un paso clave para evitar las muertes por ahogamiento. Según datos de ‘Canarias, 1500 km de Costa’, entre enero y julio de 2023 han fallecido por ahogamiento 36 personas en las costas isleñas.
Como explica Sebastián Quintana, presidente de la asociación, el ahogamiento es la primera causa de muerte accidental en el Archipiélago y supera a los fallecimientos causados por accidentes de tráfico. Asimismo, según las últimas estadísticas de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más ahogamientos en lo que va de año. En 2022, el Archipiélago fue la segunda región con más fallecidos por ahogamientos.
Quintana explica que las demandas de ‘Canarias, 1500 km de Costa’ en 2017 fueron clave para que se aprobase el decreto en 2018 y, de esta manera, se obligase a los ayuntamientos a elaborar planes de seguridad en las playas. No obstante, a pesar de las alarmantes cifras en el Archipiélago, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) solicitó el pasado 6 de septiembre al Gobierno de Canarias que se posponga la implantación del decreto que sería aprobado tras el vencimiento del anterior de 2018. El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explica ahora que la petición de prórroga tiene como objetivo “que los municipios puedan dotarse de los recursos y los medios para responder de forma eficaz”.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha confirmado a Canarias Ahora “que se va a posponer el decreto, aunque aún se encuentra en proceso”. Sin embargo, el Ejecutivo no ha dado más detalles sobre el asunto. “Esta sería la cuarta prórroga que se pide y se concede. Es sorprendente con la realidad que hay en Canarias”, apunta el presidente de ‘Canarias, 1500 km de Costa’.
Asimismo, Quintana explica que “a priori estos municipios turísticos deberían tener una mayor capacidad para poder afrontar y costear los recursos”, mientras que para los municipios más humildes sí supone una inversión importante. “Hablamos de inversión en lugar de gasto porque son vidas humanas. Obtengan de donde lo obtengan, está claro que los servicios de socorrismo tienen que estar permanentemente activos y el decreto debe estar funcionando ya”, añade.
Un decreto que ya fue prorrogado
El pasado julio de 2022, el Gobierno de Canarias (presidido por Ángel Víctor Torres) pospuso el plazo para que los ayuntamientos presentasen planes de seguridad para sus playas. Según el decreto de 2018, por el que se regula la seguridad en calas y zonas de baño, el plan inicial tendría una duración de cuatro años y vencería el 8 de agosto de 2022. El Ejecutivo anterior decidió “buscar el mecanismo jurídico más adecuado para esta ampliación del margen” y extendió el plazo un año más.
Un mes previo al vencimiento del decreto, el Gobierno de Canarias explicaba que en torno al 70% de las playas de las Islas aún no habían cumplimentado la documentación. Según el portavoz del Ejecutivo en la anterior legislatura, Julio Pérez, hay un total de 360 zonas de baño que requieren de ese plan de seguridad específico, pero en su mayoría no se habían cumplido las directrices del decreto.
No obstante, con anterioridad en 2020, el Ejecutivo también concedió prórrogas durante la crisis sanitaria del coronavirus en materia de plazos administrativos y en 2022 tras la erupción volcánica en La Palma. “Las circunstancias excepcionales y graves descritas anteriormente (...) justifican la modificación del plazo de cuatro años fijado”, indica el decreto de modificación del 3 de agosto de 2022.
El diputado del Común, Rafael Yanes, inició una actuación de oficio en los 88 ayuntamientos del Archipiélago para estudiar si los municipios habían elaborado el plan de seguridad. Como señala Yanes a este medio, de los datos que obtuvo pudo concluir que seis municipios se encontraban en proceso de elaboración, diez informaron que no tenían obligación de aprobarlo o no cuentan con playas y once ayuntamientos no respondieron y desconocían el estado del plan. “En líneas generales, nos encontramos satisfechos. En su mayoría, tenían aprobado el plan”, explica el Defensor del Pueblo.
Entre las medidas de seguridad y protección que deberían reunir las playas, el decreto señala la identificación de las banderas, la implantación de un Servicio de Salvamento en cada playa con medios humanos y materiales, así como la colocación visible de carteles informativos en los accesos que explique a los usuarios el significado de las banderas, la localización de los puestos de vigilancia o el teléfono de emergencias 1-1-2.
El presidente de la asociación hace hincapié en las campañas de prevención como llave para evitar ahogamientos: “El ahogamiento es la muerte silenciosa, pero tiene que dejar de ser la silenciada.”. Además, quiso reconocer el esfuerzo de muchos municipios que han cumplido las medidas de seguridad en las costas.