El Gobierno de Canarias ha hecho público este último mes lo que considera un “repunte importante” en la incorporación de personas en lista de espera al sistema de Dependencia. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asegura que en el mes de julio se llevaron a cabo 477 altas. Se trata de unos datos que contrastan con los publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que detalla las estadísticas de cada mes de forma oficial, y que en julio recoge que fueron 187 las personas dadas de alta en Canarias. No es el primer mes en el que se produce este choque de datos entre Gobierno regional y estatal ya que en abril la consejera Cristina Valido (CC) llegó a asegurar que esta comunidad era la segunda que más incorporaciones había hecho al sistema, aunque en los informes del Imserso no se apreciaba incremento alguno en los beneficiarios.
Desde la Consejería apuntan que hay varias comunidades autónomas que están poniendo en duda los datos del Imserso, que suelen estar “desfasados” y que se fían más de los suyos porque son quienes gestionan esta ley en el día a día. La propia consejera ha llegado a justificar este desequilibrio aludiendo a que los informes se realizan teniendo en cuenta fechas diferentes.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales (organismo independiente que vela por el cumplimiento de esta ley) compara esta situación con el supuesto de que el Ministerio de Empleo publicara unos datos del paro y el Gobierno de Canarias otros, “sería un escándalo”. Explica que el sistema del Imserso es deficitario, pero “no puede ser que las comunidades autónomas lo permitan” y, en caso de que fuera cierto este desajuste de datos, considera que el Ejecutivo regional debe comunicarlo directamente al Estado y no sacar los suyos propios. Por ello, opta por regirse por los datos oficiales.
Para Ramírez, se trata de una “estrategia” de la consejera de Políticas Sociales para defender su gestión y “que la gente se confunda”. Además, insiste en que lo “realmente preocupante” es que diez años después de la implantación de la Ley de Dependencia, el sistema continúe sin despegar en Canarias y que sea “el peor” gestionado. Una situación que achaca, como ha hecho en reiteradas ocasiones, a la “desidia” de la exconsejera Inés Rojas (CC) y a los recortes del PP. De hecho, desde 2012 el Estado ha dejado de aportar a Canarias 70 millones de euros para este fin.
Actualmente, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera (supera el 40%). Según los datos del Imserso, reproducidos también por Ramírez en sus informes, Canarias tiene 17.620 beneficiarios y 12.620 personas con derecho y esperando a ser atendidas.
El presidente de esta asociación subraya que hay comunidades que tenían hasta hace unos años una muy mala gestión de la Ley de Dependencia como Valencia y que el cambio de gobierno sirvió para que este sistema despegase. También pone el ejemplo de Aragón o Baleares.
Atender 3.000 dependientes más al año, el reto de la nueva consejera
Ramírez recuerda que durante la gestión socialista en Dependencia, con la exconsejera Patricia Hernández (PSOE) al frente, se incorporaron 3.000 nuevas altas al sistema en sólo un año. A ese ritmo, la lista de espera se habría reducido en cuatro años y medio, asegura.
Para hacer una comparación de la gestión de la nueva consejera, Cristina Valido (CC), con la anterior, el presidente de este observatorio explica que habría que tener en cuenta que en diciembre (cuando Clavijo cesó a los consejeros socialistas) había 16.852 personas atendidas en el sistema. En julio hay oficialmente 17.620 beneficiarios, por lo que haciendo la resta la nueva consejera ha incorporado 768 nuevas altas (lo que contrata con las 2.834 personas de las que habla la Consejería en un comunicado).
Ramírez subraya que si en ocho meses se han incorporado 768 personas al sistema y hay 12.456 en lista de espera, se dejaría a cero en once años. Se trata de un ritmo “dos veces más lento que con Patricia Hernández”, apunta.
La enmienda de Nueva Canarias
El portavoz de este observatorio explica que el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, se reunió con los miembros de este organismo para elaborar sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de salir de la cola en dependencia, aunque lamenta que finalmente no se aprobara por los votos en contra del PP y Ciudadanos.
El partido nacionalista pedía 12 millones de euros del Gobierno estatal para reducir la lista de espera en Canarias. En una segunda iniciativa también planteaba un incremento de 100 millones de euros para dependencia en todo el Estado.
“Si se hubiera aceptado esa enmienda de Quevedo, se habría atendido a un tercio de la lista de espera y se habrían creado puestos de trabajo”, lamenta Ramírez.
Dependientes peor atendidos
Otra de las conclusiones del último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia es que mientras en todo el Estado 120.000 personas consideradas como grandes dependientes continúan sin ser atendidas,“se maquillan las cifras del sistema incorporando dependientes moderados con servicios low cost”.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres “que no suponen auténtico apoyo a las personas y que no son fuente de empleo”.
El informe reprocha los recortes en el sistema y recuerda que en toda España mueren al día 100 personas sin recibir prestación a pesar de tener derecho. “Son más de 18.000 los fallecidos en todo el país en esta situación durante el primer semestre del año”, recoge el documento.