Canarias vuelve a retroceder en gestión de la Ley de dependencia. Si al finalizar el año 2016 se empezaban a registrar los primeros datos positivos, diez años después de su entrada en vigor, el balance de los primeros meses de la nueva consejera del área Cristina Valido (Coalición Canaria) es negativo. Así lo asegura el director de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, José Manuel Ramírez, cuyos cálculos apuntan a que, con el ritmo actual, esta comunidad autónoma tardará al menos 66 años en incorporar al sistema a las personas que se encuentran en lista de espera.
Según aclara, en los últimos cuatro meses, 65 personas han resultado beneficiarias del sistema de dependencia (en diciembre figuraban 16.852 y ahora 16.917). Es decir, se ha añadido un nuevo beneficiario cada dos días de una lista de espera que componen 12.864 personas, la más alta del país (un 43%). “Personas que no tienen tiempo de esperar”, señala el presidente de esta asociación encargada de velar por el cumplimiento de esta ley.
Se trata de datos que contrastan con los que ha celebrado recientemente la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), quien subrayó hace unos días que en el mes de abril, el Archipiélago fue la segunda comunidad en incorporar a más personas al sistema. Según refleja el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad actualmente se han resuelto 34.894 solicitudes. Sin embargo, a pesar de incorporar más altas al sistema que en marzo, no se aprecia incremento en las personas beneficiarias.
“Aunque Canarias sea en un mes la Comunidad que más altas incorpore al sistema de dependencia, eso puede ocurrir porque es la que tiene una lista de espera más alta, pero es que Castilla y León tiene plena atención y no incorpora a veces a más personas al sistema, porque su lista de espera está al 1%”, explica Ramírez. Por ello, añade que “lo que no puede hacer la consejera es manipular la información e intentar encubrir su mala gestión retorciendo un dato de la manera que a ella le interese”.
Cristina Valido aseguró la pasada semana que no todos los usuarios que ya han sido valorados con un grado de dependencia (34.894) figuran como beneficiarios por diversas razones. “Algunos han sido catalogados como personas no dependientes (5.113) y otros han sido considerados dependientes de grado I”.
No obstante, atendiendo a los datos del Ministerio, las personas beneficiarias con derecho a serlo conforman un total de 29.781, de las que son atendidas 16.917, mientras que en lista de espera se encuentran 12.864 personas.
“Son datos tan vergonzosos que la consejera lo que tendría que hacer es pedir disculpas por la mala gestión y generar un trabajo que permita agilizar al máximo la atención a las personas dependientes”, remarca Ramírez.
Además, añade que durante el mandato del PSOE se estaban incorporando ocho nuevos beneficiarios cada dos días (en total se añadieron 2.967 personas), “un ritmo lento, pero al menos aceptable teniendo en cuenta que se arrastra una mala gestión desde el inicio y por la desidia de la exconsejera Inés Rojas (CC)”. El presidente de esta asociación indica que, a esa velocidad, estimaba que unos cuatro años se pudiera poner la lista de espera a cero.
Panorama futuro
Ramírez considera que el futuro de la Dependencia en las Islas se plantea complicado ya que “difícilmente se podrá avanzar a no ser que Canarias utilice fondos propios”, ya que el Gobierno estatal no va aumentar el presupuesto en Dependencia y tampoco aceptó una enmienda de NC sobre este asunto para apoyar los presupuestos.
Canarias tiene el peor sistema de dependencia de España y, por ende, el peor de Europa, insiste Ramírez, para quien un dependiente del Archipiélago tiene tres veces menos de posibilidades de recibir una prestación que cualquier persona que viva en otra comunidad autónoma. “Desde el punto de vista de la equidad, Canarias es el lugar donde las personas dependientes tienen el peor sistema”.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales advierte de que en 2016 murieron en España 40.069 que estaban en lista de espera sin recibir un servicio. Un dato que el colectivo está intentando ampliar con la cifra exacta de personas que han fallecido por comunidades.
“Nosotros ya hemos advertido de que este año morirán 36.000 personas dependientes sin recibir prestación a pesar de que tienen derecho”. Por ello, insiste en que “los dependientes están viviendo la desatención del Gobierno”.