El Gobierno canario ha acordado este lunes remitir al Consejo Consultivo un proyecto de Ley de Bibliotecas, con lo que se pone en marcha los trámites para dotar a la comunidad autónoma de una legislación específica en esta materia, cubriendo así el vacío que venía señalando el propio sector.
El consejero de Cultura, Isaac Castellano, ha subrayado este lunes que Canarias no solo carece de una ley de bibliotecas, sino de cualquier otra normativa de rango inferior que ordene esta actividad.
El proyecto de ley que se va a someter a la opinión del Consejo Consultivo antes de ponerlo en manos del Parlamento parte del principio fundamental de considerar el acceso a los libros “como un servicio público imprescindible para la formación académica y cultural de los ciudadanos y un instrumento para la integración”.
Castellano también ha resaltado que la futura legislación consagra la promoción de la lectura “como una tarea común de toda la sociedad”, que debe ser “fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela”.
El Gobierno quiere además que la futura ley sea “el primer paso para la mejora en la prestación de los servicios públicos, la profesionalización del personal al servicio de las bibliotecas, las dotaciones bibliográficas, el desarrollo y acondicionamiento de las infraestructuras o la actualización de los equipamientos”.
La futura legislación introduce además instrumentos para coordinar a todas las bibliotecas públicas que existen ya en el archipiélago, tarea en la que desempeñará un importante papel un organismo de nueva creación, la Biblioteca de Canarias.
Castellano no ha adelantado hoy ningún detalle sobre dónde estará la sede de la futura Biblioteca de Canarias o cuáles serán sus funciones como organismo público autonómico, aspectos, ha dicho, que quedan pendientes de “desarrollo reglamentario”.
La ley sí establece la necesidad de recopilar un “Mapa de bibliotecas de Canarias” con el que poder planificar la distribución de estos centros, los parámetros de equipamiento y personal que deben cumplir, los fondos bibliográficos que han de albergar y los criterios de funcionamiento con los que deben regirse.
La norma también crea la figura de “patrimonio bibliográfico canario”, bajo cuyo amparo quedarán aquellas “obras, fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas que, por su origen, antigüedad y trascendencia o valor cultural presentan un interés manifiesto para Canarias”.
En esa misma figura patrimonial se incluirán, asimismo, los fondos cinematográficos, discos, fotografías y cualquier material audiovisual o similar que estén sujetos a depósito legal“.
Isaac Castellano ha señalado que, con esta ley, el Gobierno no solo cumple un compromiso de legislatura, sino que además avanza en su propósito de culminar la normativa relacionada con el patrimonio.
La última pieza en ese esquema legislativo, ha apuntado, será la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que se llevará “pronto” al Consejo de Gobierno para que comience su tramitación definitiva.