Canarias 'gana' cuatro banderas negras de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción ha repartido cuatro banderas negras a tres playas canarias en su informe de 2022, un listado que muestra aquellas zonas del litoral del país con problemas de contaminación y gestión ambiental. La organización otorga dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma.

En el documento, la ONG señala que las problemáticas siguen siendo casi las mismas que las de los años anteriores: afecciones a la biodiversidad; erosión de nuestras costas; acumulación de basuras marinas; dragados y ampliaciones portuarias sin justificación; afecciones a consecuencia del desarrollo de zonas industriales próximas a la costa; urbanización de la costa, a veces incluso invadiendo el dominio público marítimo-terrestre; vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; y “otras”, como acuicultura o contaminación química.

Sin embargo, ha reparado en un factor que es “cada vez más frecuente” y por el que, por primera vez, una de las 48 playas españolas del listado ha recibido su este desfavorable distintivo (Nerja, Málaga): el impacto de los filtros solares. La organización advierte de que las cremas solares pueden contener sustancias como los disruptores endocrinos, entre otras, que no solo afectan a la salud de los seres humanos, sino que además llegan a los mares, ríos o lagos cada vez que una persona se embadurna en filtros solares químicos antes de bañarse. 

Banderas negras en Canarias

Canarias ha recibido cuatro banderas negras, dos por cada provincia. En Santa Cruz de Tenerife, una de las peores playas para Ecologistas en Acción es la del Charco de la Araña (Los Silos, Tenerife) por mala gestión. El grupo ecologista señala en su informe que adjudicó la bandera a esta playa por “la mala gestión de las aguas residuales que ha realizado su Ayuntamiento. La aceptación y firma de un convenio de vertido de aguas residuales, (enero 2022) entre el Ayuntamiento de Los Silos, el Ayuntamiento de Garachico y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para verter las aguas residuales de ambos municipios a través de un obsoleto y deteriorado emisario, ubicado en la playa del Charco de la Araña, ha supuesto un duro golpe desde el punto de vista medio ambiental, económico y social para el municipio y la comarca, sobre todo, si se tiene en cuenta que dicho convenio incumple con la legislación actual en muchos aspectos”, ha denunciado.

A la misma playa se le ha otorgado la otra bandera, en este caso, por contaminación. El mencionado acuerdo, según recoge la organización en el informe, está afectando negativamente a la flora y fauna marinas y a los bañistas y deportistas que visitan el lugar.

En cuanto a la provincia de Las Palmas, la medalla por mala gestión medioambiental se la ha ganado la playa Waikiki (Corralejo, Fuerteventura), también conocida como la playa de La Goleta. Este es un un espacio declarado Red Natura (Espacio marino de La Bocayna, ZEPA) y ubicado en lo que era un pueblo de pescadores. Ecologistas en Acción denuncia que el enclave soporta una mala gestión por parte del Ayuntamiento de La Oliva, que ha permitido la invasión del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) por parte de toda una serie de “poderosas familias” que ocupan la playa con sillas y mesas de distintos bares, situados en Servidumbre de Protección de la Ley de Costas.

A esto, continúa la organización, se suman vertidos de aguas residuales –puntuales pero cada vez más frecuentes –, además del ruido provocado por los garitos de la zona. También se mantiene un año más bandera negra en la isla de Fuerteventura en el complejo de los hoteles Riu en las Dunas de Corralejo.

La segunda bandera negra de Las Palmas, esta por contaminación, se la lleva Playa Quemada (Yaiza, Lanzarote) por la empresa Acuicultura Piscifactorías del Atlántico, que se dedica al cultivo de lubina y dorada en el municipio y que lleva a cabo un plan de expansión a lo largo del litoral en zonas entre Costa Teguise y Playa Blanca, aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Este proyecto ha sido denunciado por numerosos colectivos de vecinos, ayuntamientos y cofradías de pescadores de Lanzarote, por ser un proyecto “sobredimensionado que afectaría al desarrollo de la actividad turística y pesquera en sentido amplio, y a los equilibrios ecológicos marinos en una isla declarada Reserva de la Biosfera”.