La Unión Europea pretende acabar con los vetos particulares que han impuesto los Estados miembros desde que empezó la pandemia. La intención de Bruselas es dar por finiquitado el cierre de fronteras descarrilado que han gestionado los Veintisiete y que ha provocado confrontaciones entre las regiones afectadas. Sin ir más lejos, Canarias (y España) rogaron al Reino Unido reconsiderar su decisión después de tachar al Archipiélago como “zona de riesgo”, lo que implicaba una cuarentena obligatoria a todos los turistas británicos que habían pasado por las Islas. Luego se sumaron exportadores claves como Alemania o Bélgica, todos ellos con indicadores diferentes para determinar qué zonas se incluían en la lista negra y cuáles no.
Ante esta heterogeneidad de criterios, la Comisión Europea quiere poner y punto y final, según ha informado elDiario.es. Y ha desarrollado un semáforo de restricciones bajo un marco común para salvar la libertad de movimientos y el espacio Schengen, diezmado desde la llegada del coronavirus. “Es un gran paso adelante”, ha dicho el ministro de Asuntos Europeos alemán, Michael Roth. “La coordinación en torno a la COVID-19 en la UE es clave para la seguridad de nuestros ciudadanos y la protección de Schengen y los mercados únicos”.
El documento de la UE cuenta con tres indicadores: la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, la tasa de positividad (el porcentaje de casos detectadas por PCR en la última semana), y la tasa de test (el número de pruebas realizadas por 100.000 habitantes en los últimos 7 días). Dependiendo del estado de estas tres premisas, entrarían en escena los diferentes colores del semáforo ideado por la Comisión.
Como indica la tabla, solo se pintaría el verde en el caso de que una comunidad notifique una IA menor a 25 (registro al que ni se acercan ninguna de las autonomías en España) y la positividad sea menor de un 4%. Canarias, a pesar de contar con los mejores datos estatales contra la pandemia, se situaría en el color ámbar. La incidencia acumulada en el Archipiélago es de 88,47, y la tasa de positividad es de 3,6%. Este último dato le salvaría, por el momento, del rojo, posición en la que sí se encuadran el resto de territorios nacionales.
La Unión Europea ha informado de que no se trata de una normativa obligatoria. El objetivo es poner sobre la mesa una serie de recomendaciones para cancelar el cerrojazo de la noche a la mañana que infundió miedo en el Viejo Continente. Sobre todo en las regiones donde la dependencia del turismo es muy grande y el avance del virus condenó la economía.
La Comisión propone como principio general que “los Estados miembros no deberían rechazar a los ciudadanos de otro Estado miembro”, menos, hace hincapié, si estos individuos provienen de una zona coloreada en verde. Sin embargo, no se moja en exceso cuando la situación epidemiológica es más grave. Aquí Bruselas advierte que los propios países, que cuentan con las competencias internas, podrán limitar los desplazamientos para frenar la expansión del virus.
Además, aparte de la cuarentena obligatoria que sigue aplicando Reino Unido, el mayor cliente turístico de Canarias, se propone realizar test en origen para habilitar los famosos ‘corredores seguros’ que el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, lleva meses exigiendo. Según explica elDiario.es, la armonización de criterios se votará presumiblemente esta semana por el Consejo de Ministros de la UE. Y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) será el organismo encargado de elaborar el mapa de incidencia y actualizarlo semanalmente.
De implantarse los umbrales de riesgo que quiere establecer la Comisión Europea, Canarias tendría que echar la vista sobre tres guías distintas para reconocer en qué punto se halla la epidemia y qué medidas contra la movilidad deben decretarse. Eso sí, todas ellas corresponden a regiones distintas.
Para anunciar restricciones en cada una de las islas, el Ejecutivo debe mirar al semáforo de “medidas específicas en supuestos de alta incidencia acumulada” que entró en vigor a finales de agosto, cuando Canarias (principalmente Gran Canaria y Lanzarote) estaba metida de lleno en la explosión de la segunda ola. Cada semana, la Consejería de Sanidad activa el semáforo rojo para aquellas islas donde la IA en la última semana es superior a 50 y al menos algunos de los municipios supera una incidencia de 100. Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera estarán de rojo hasta el 17 de octubre. Tenerife, por su parte, lo hará hasta el 23 de octubre.
Luego siguen los umbrales de riesgo que impuso el Ministerio de Sanidad a toda España hace dos semanas y que afecta a los municipios con más de 100.000 habitantes. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde están dentro del filtro. Pero todos ellos pueden respirar tranquilos, pues aparecen muy lejos de los indicadores que coordinó Sanidad con el resto de comunidades autónomas.
Y por último, el nuevo baremo de la Comisión Europea. Aunque este, a la espera de ser ratificado, será siempre y cuando en modo de recomendación.
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