Más de tres años después de la erupción del volcán de La Palma, decenas familias siguen alojadas en unas viviendas modulares que se instalaron en la isla para acoger de forma temporal a aquellos que lo habían perdido todo. El tiempo pasa, la lava se enfría, los gases se dispersan y la normalidad gana terreno poco a poco en la isla, que aún se recupera de las secuelas del Tajogaite. Sin embargo, las condiciones de vida de esas familias, más de 80, lejos de mejorar, ha empeorado con el tiempo, ya que las viviendas modulares han sufrido un desgaste importante en este tiempo y la mayoría de ellas presentan ahora condiciones “indignas”.
Así lo ha reconocido este mismo martes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), quien ha añadido que la “prioridad” del Ejecutivo es acometer el traslado de sus inquilinos a otras viviendas en cuanto sea posible (principalmente los de las 42 viviendas rehabilitadas en Breña Baja).
En respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento ha precisado que “ningún canario, ningún ser humano merece estar en una infravivienda”, que además, con las últimas lluvias sufrieron filtraciones de agua dado que aunque el Instituto Canario de Vivienda contrató a una empresa el servicio de mejora de la impermeabilización, hasta ahora solo se ha producido en 42 viviendas, menos de la mitad.
Rodríguez ha dicho que también que se va a analizar si hay “vicios ocultos” durante la instalación de las viviendas porque es “evidente” que el diseño “no era el adecuado” para la zona en la que están instaladas, de tal manera que se evalúa el contrato con el contratista para ver si cabe “exigir algún tipo de responsabilidad”.
Paula Jover (Vox) ha comentado que las viviendas contenedor de Los Llanos de Aridane “son un sinvivir” y ha afeado al anterior Gobierno canario que escogiera este modelo para los afectados por la erupción y que costó más de cinco millones cuando, según ella, hay otros proyectos constructivos “que hubiesen permitido poner en funcionamiento viviendas con mucho mejores calidades en el plazo de 4 o 6 meses”.
La diputada afirmó hay margen para pedir responsabilidades al contratista porque no se ha cumplido con el código técnico de edificación ni las condiciones de habitabilidad y espera que las soluciones lleguen “pronto”, tal y como ocurre con los menores migrantes (cabe señalar que la respuesta del Gobierno canario a la saturación de los centros de acogida de menores migrantes, que son de su competencia, ha sido instalar carpas en los muelles de Lanzarote y El Hierro).
“Todos tienen un techo muy digno donde vivir y todos los recursos que no se ejecutan en el presupuesto autonómico están destinándose a esos menores no acompañados”, ha señalado.
“Problemas evidentes de diseño”
La situación de estas viviendas modulares ha llegado al debate parlamentario después de que la semana pasada el director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, afirmase que las casas modulares de tipo contenedor instaladas en Los Llanos de Aridane para los afectados por la erupción del volcán Tajogaite presentaban “problemas evidentes de diseño”.
Ortega explicó que estos defectos han salido a la luz a lo largo del último año, especialmente tras las lluvias que han afectado a la comarca oeste de La Palma, lo que ha obligado al Icavi a llevar a cabo numerosas intervenciones para corregirlos.
Entre las actuaciones realizadas, se han tenido que alicatar los 85 aseos de las viviendas, ya que los paneles originales, garantizados para evitar humedades, no cumplieron su función.
Además, se han detectado filtraciones en las juntas de las estructuras, por lo que se han impermeabilizado 47 de las 85 viviendas para solucionar las goteras, detalló Ortega.
Otro problema identificado, prosiguió, es la filtración de agua por debajo de las puertas debido a la inadecuada calidad de los pavimentos, lo que ha requerido su sustitución en varios de los pisos.
Ortega señaló que estos trabajos representan un coste añadido considerable, añadiendo que, aunque no conoce el coste total porque se están ejecutando los arreglos, “estos no son contratos menores”.
El director también comparó el rendimiento de las casas contenedor con el otro tipo de vivienda modular instalada en La Palma tras la erupción del volcán, las casas de madera, que “han funcionado mucho mejor” aunque tampoco están exentas de problemas.
Ortega ha explicado que debido a que las viviendas se construyeron bajo un contrato de emergencia, sin requisitos ni garantías claras, el Icavi se ha visto obligado a gestionar y costear directamente el mantenimiento y las reparaciones de las viviendas.
Según el director del Icavi, a pesar de las reclamaciones realizadas a la empresa constructora, la compañía ha indicado que los periodos de reclamación finalizaron tras el primer año, y ha rechazado asumir responsabilidades.