El comité de empresa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario ha afirmado este jueves que la proposición de Ley del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias presentada por CC en el Parlamento se ha efectuado al margen de las propuestas técnicas.
Según informa el comité de empresa en un comunicado, la propuesta de CC y la elaborada por los técnicos no coinciden ni en las especies evaluadas, ni en los criterios de evaluación ni siquiera en las categorías de amenaza empleadas.
Añade que el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, vigente desde 2001 y que se pretende revisar, reúne 450 especies, y que la propuesta de CC incluye la protección de 223, desprotegiendo 227, frente a la propuesta técnica del personal de la Consejería que proponía descatalogar únicamente 34.
Además, califica de “torpeza extrema” que la revisión y actualización del catálogo de 2001, que entiende que debe abordarse sin dilación, se efectúe mediante una proposición de ley, pues de esta manera lo convierte en “algo inmóvil” para catalogar y descatalogar las especies en función de su evolución natural.
Según el comité de empresa, ninguna comunidad autónoma ni el Estado ha optado por esta vía y, de aprobarse por ley, se “hurtaría” a la sociedad la posibilidad de participar en los procesos de planificación de la biodiversidad, se vulneraría la legislación básica del Estado y discriminaría a la sociedad canaria frente al resto de ciudadanos de otras comunidades.
Reclaman al Parlamento la paralización de la tramitación de la proposición de ley de CC
Por ello, desde el comité de empresa se reclama al Parlamento canario la paralización de la tramitación de la proposición de ley de CC y se facilite la participación ciudadana y de la comunidad científica canaria para contar con un catálogo con rigor científico, jurídico y técnico que garantice la conservación de las especies amenazadas de Canarias.
Por otra parte, el comité de empresa expresa su “profunda preocupación por la quiebra y paralización” del modelo de protección del medio natural y de la biodiversidad en Canarias que se ha producido en los últimos años.
En este sentido, critica la visión urbanística de la planificación y la gestión de los Espacios Naturales de Canarias, “consagrada en la legislación canaria a lo largo de la última década”.
El comité cita como ejemplo que las competencias transferidas de los Parques Nacionales recaigan en la Viceconsejería de Ordenación Territorial y no en la de Medio Ambiente como ocurre en el resto de las comunidades autónomas.
Así mismo, denuncia la desarticulación de la estructura administrativa de la Consejería en la que se ha primado la creación de puestos de confianza y jefaturas frente a la “persistente precariedad” de los puestos base del personal técnico y administrativo.
El comité lamenta también la “involución” de los servicios prestados al ciudadano y el incumplimiento de la normativa comunitaria en la implantación de la Red Natura 2000 en Canarias, que ha supuesto la denuncia de la Comunidad Europea ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplir sus obligaciones con la Red Natura 2000 y no garantizar una adecuada conservación de 174 espacios protegidos en el plazo establecido para ello.