Las cuatro ciudades más pobladas de Canarias tienen, al menos, una estación de depuración de aguas residuales urbanas al límite de su capacidad y los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna pagan una cuota, tasa o precio público que dicta el ayuntamiento correspondiente a pesar de ello.
En la ciudad capitalina de Santa Cruz de Tenerife (204.856 habitantes) la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires trata unos 42.000 metros cúbicos al día, según datos del Consejo Insular de Aguas, muy por encima de la capacidad de tratamiento de la planta, de 25.174 m3. Esta infraestructura también absorbe los flujos de El Rosario y parte del municipio de La Laguna, en concreto, la cuenca sur y sureste que incluye parte de la zona metropolitana y barrios como Taco.
La EDAR necesita desde hace años aumentar su capacidad de depuración, pero ha sido en noviembre de 2018 cuando el Estado ha adjudicado por 20 millones de euros las obras de ampliación, que pueden tardar más de dos años. “El agua que llega a la EDAR de Santa Cruz de Tenerife del orden de 20.000 m3/día se depura; se envían unos 12.000 m3/día para su regeneración y reutilización en el Sur de la Isla; unos 2.000 m3 para su reutilización en jardines de la ciudad capitalina y el resto (6.000m3/día), una vez depurado, se filtra y desinfecta y se vierte a medio marino” explica el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Debido a la “infra capacidad”, hay un volumen de 20.000 m3/día (20 millones de litros) que no puede ser tratado en la planta, según la institución insular, que explica que este flujo “se somete a un tratamiento en la Estación de Tratamiento de Los Llanos, que consiste en un desbaste, tamizado, desengrasado y desarenado que se vierte por la conducción submarina de Cabo Llanos en las condiciones establecidas en la autorización emitida por la autoridad ambiental, concedida al efecto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
Se refiere el Consejo Insular de Aguas al permiso concedido por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por el cual el Consistorio capitalino podrá seguir arrojando al mar aguas residuales urbanas contaminadas hasta 2021. Además de los vertidos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, En septiembre del año pasado se produjo al menos un vertido de aguas fecales a través del colector del litoral de La Hondura, con origen en la depuradora de Buenos Aires, según quedó comprobado.
Al respecto, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna, Santiago Pérez, especifica que los ciudadanos laguneros están pagando por un servicio que no se refleja “explícitamente” en el recibo del agua, sino a través de “un precio público que fija el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife” y que asciende a los “1.200.000 millones anuales”. En este sentido, el que fuera el concejal de Aguas en el Consistorio tinerfeño, Javier Abreu, había afirmado en agosto de 2015 que el Ayuntamiento capitalino estaba cobrando por un servicio que su juicio no se prestaba.
Sin embargo, años después, tras ser expulsado del gobierno en el municipio lagunero y de su partido (PSOE), reconoce a este periódico que “siendo objetivos, los ciudadanos de La Laguna pagan por un servicio que se les presta”. Así lo ha corroborado también Manuel Matínez, consejero de Aguas en el Cabildo de Tenerife: “Toda el agua que llega a la EDAR Buenos Aires se depura y se reutiliza”.
La Laguna
La ciudad de La Laguna, con 155.549 habitantes en total, cuenta con otras tres estaciones depuradoras a las que envía sus aguas. En concreto, la EDAR Punta del Hidalgo -que trata 1.000 m3/día- es responsabilidad de Teidagua, el Ayuntamiento lagunero y Tacoronte. En la actualidad está “cumpliendo con la normativa europea”, según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. El Consistorio también gestiona la EDAR Las Carboneras, que trata menos de 100 m3/día.
Y la EDAR Noreste (Valle Guerra), que incumplía la directiva marco del agua europea hasta que se acometieron las obras de ampliación en 2017. La Comisión Europea incluía a La Laguna entre las 37 ciudades españolas mayores de 15.000 habitantes que no depuraban bien sus aguas en 2016; por ello, un año después, impuso una sanción económica de 578.733 euros con cargo al Ejecutivo autonómico, pero no irá aumentando, como ocurre con Güimar, porque actualmente cumple con la normativa y depura 4.000 m3/día, procedente de La Laguna, Tacoronte y Tegueste. La cuota de este servicio es de 0,225 por metro cúbico de agua consumida.
Las Palmas de Gran Canaria
En la ciudad más poblada del Archipiélago (378.517 habitantes), la EDAR de mayor capacidad, la de Barranco Seco, está al “100%” de su capacidad, según ha informado a este periódico el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así, en esta planta se depuran 42.133 m3/día, más del 90% de toda el agua residual urbana del municipio.
El alcalde de la ciudad capitalina, Augusto Hidalgo, reconoció que esta planta está “obsoleta” y no es capaz de gestionar todo el agua que depura, por lo que “se ve obligada a verter 6.000 metros cúbicos diarios al mar de agua pretratada”; sin embargo, anunció que con la nueva EDAR de Tamaraceite (inaugurada en 2016) esta situación cambiaría porque absorvería esos 6.000 m3/día, pero en la actualidad esta planta trata 3.990 m/día, estando al 50% de su capacidad.
Lo cierto es que el propio Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE-Podemos-Nueva Canarias) anunció en un pleno municipal en 2017 su intención de desmantelar la depuradora de Barranco Seco y construir una nueva en el Puerto de La Luz, algo que no ha sentado nada bien a los vecinos del barrio de La Isleta, que acudieron a una sesión plenaria en el Consistorio dos meses después en la que expresaron sus críticas a esta iniciativa y propusieron rehabilitar y modernizar la EDAR, aumentando su capacidad y quitando los malos olores, una continua reivindicación de vecinos pertenecientes a los barrios de San Roque, El Batán, San Nicolás, San José y San Juan.
A preguntas de este periódico, la administración no ha ofrecido el dato sobre las aguas que se pueden reutilizar, solo afirma que “parte de las aguas depuradas se reutilizan una vez regeneradas en plantas de tratamiento terciario: el 86% se destina a la agricultura y el 14% restante al riego de zonas verdes de la ciudad (parques, jardines y otros)”. “Las aguas depuradas que no se reutilizan se devuelven al medio natural receptor” y “todas las aguas residuales que llegan al sistema de saneamiento pasan por instalaciones de pretratamiento”.
En cuando al precio, el Ayuntamiento capitalino explica que “se cobra a los abonados del abastecimiento público de agua a través del recibo que emite la empresa gestora” y la cuota de este servicio es de “0,276072 € por m cúbico o fracción de agua suministrada”.
Telde
En la ciudad de Telde, de 102.424 habitantes, el Ayuntamiento gestiona tres estaciones de depuración junto a Aguas de Telde GIS SA, y cuenta con otra EDAR, la de Jinámar, cuya responsabilidad es competencia del Cabildo de Gran Canaria, puesto que a la misma llegan aguas procedentes cuatro municipios. Esta planta, que debería absorver la mayoría de los flujos, también tiene el mismo problema: la saturación.
“Está pendiente de licitación su ampliación de los 6.000 m3/día actuales a los 10.000 m3/día, de forma que dé cabida a todas las aguas provenientes de los cuatro municipios que llegan a esta cuenca”. Mientras, se sobrecarga la EDAR de Hoya del Pozo, que desde “hace tres años viene tratando ese exceso de caudal”, con el objetivo de “evitar los vertidos directos al mar y eliminar el riesgo medioambiental”.
En Telde existe una única tasa que engloba los servicios de alcantarillado y depuración, cuyo precio asciende hasta los 0,3416 euros por metro cuadrado de agua consumida, según ha informado la Concejalía de Aguas.
Retrasos e incumplimientos constantes en la gestión del agua
La gestión en depuración de aguas en Canarias ha sido una de las causas que han motivado que España ostente el liderazgo en infracciones ambientales en el ámbito de la Unión Europea. El Ejecutivo regional y el Cabildo de Tenerife deben pagar una multa millonaria por incumplir la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales.
Además, Bruselas elevó al Tribunal Europeo de Estrasburgo el retraso de las islas a la hora de revisar planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), para ajustarse a la normativa; fuera del plazo dado, el Gobierno autonómico se apresuró a entregar en batería todos los documentos, entre septiembre de 2018 y enero de 2019.
Estos planes debieron haber sido aprobados en 2015, pero el Gobierno de Canarias comenzó a llevarlos a cabo cuando la Comisión Europea abrió un expediente a España por este asunto en abril de 2017. Los documentos tienen una importancia vital para un territorio formado por islas, puesto que actualizan la información relativa al agua subterránea, de superficie y costera y enfoca los objetivos a conseguir, para los cuales establece las diferentes infraestructuras para cubrir las necesidades.