El Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas ha brindado su apoyo a los 23 facultativos de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria que han decidido acudir a la Fiscalía para denunciar el colapso del servicio. La Junta de Gobierno de esta institución ha puesto al servicio de los denunciantes sus medios, sus instalaciones y su consejo jurídico.
En un comunicado difundido este miércoles, el Colegio de Médicos asegura no entender “cómo se ha permitido llegar a esta situación”. Los 23 médicos de Urgencias del Insular (todos menos el jefe de servicio, el jefe de sección saliente y el entrante) han decidido acudir a la Fiscalía como “último recurso” ante el desbordamiento asistencial y “la desidia o inoperancia” de la administración.
“No importa que la asistencia sanitaria dependa de la Consejería de Sanidad, que la dependencia sea competencia de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, ni que las plazas socio-sanitarias dependan del Cabildo. Todos son Gobierno. Y, por tanto, todos tienen su parte de responsabilidad”, señala el escrito en referencia a uno de los grandes problemas descritos en la denuncia ante la Fiscalía, el de pacientes con problemas sociales que permanecen una media de dos o tres meses en pasillos, hasta ocho en algún caso, en condiciones “no aptas para su salud, inmovilizados en camilla, prácticamente encerrados sin luz solar ni aire natural”.
El Colegio de Médicos advierte de que la falta de intimidad “a la que, durante días, se somete a los pacientes y desfavorecidos sociales” constituye “un atentado a su dignidad no admisible en el seno de una sociedad desarrollada”.
El desborde asistencial repercute también y “atenta”, en palabras de la Junta Directiva, contra los derechos laborales de los trabajadores sanitarios. El Colegio remarca que la atención de urgencias exige a los médicos “un proceso intelectual ágil para discernir entre diferentes diagnósticos y acciones terapéuticas” y que esta labor “es muy difícil de desempeñar entre un laberinto de camillas, quejidos, lamentos y reclamaciones”. Este escenario “puede condicionar equívocos en los que la administración sanitaria tiene su propia responsabilidad”, advierte.
La Junta explica que parte de la población ve en los médicos, “como máximos responsables del proceso asistencial”, la representación de la autoridad sanitaria, por lo que esta situación, “en medio de un ambiente crispado como el que se desarrolla en urgencias”, está contribuyendo a “la escalada de agresiones verbales y físicas que está sufriendo” la profesión.