“No es vida estar tres meses en un pasillo, vivir en una camilla sin tener opción de un sillón, de caminar o de ver la luz, perdiendo toda humanidad en el trato porque la administración no tiene otros recursos”. Estas palabras las han suscrito 23 médicos adjuntos al servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria (todos menos el jefe de servicio, el jefe de sección saliente y el entrante) para denunciar el “inaguantable” colapso asistencial en el complejo y la “desidia o inoperancia” de la administración para resolverlo. Los facultativos tienen previsto interponer este viernes una denuncia ante la Fiscalía Superior de Canarias como “último recurso” ante unos hechos que califican de “inadmisibles”, por si fueran constitutivos de delito o de negligencia culposa.
Esta acción sucede a la remisión, este jueves, de sendas cartas dirigidas al gerente del centro, Víctor Naranjo; al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, para poner de manifiesto la “penosa situación” del servicio y de las condiciones de trabajo. Los profesionales de Urgencias también han enviado escritos al Defensor del Paciente y al presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas.
En estas cartas, los médicos explican que el incremento del número de urgencias registrado en los últimos años en el Hospital Insular no ha venido acompañado de un aumento del espacio físico de trabajo ni del personal facultativo “en manera proporcional”, lo que ha conducido a una sobrecapacidad que cifran en hasta un 200% en momentos puntuales. ¿Las consecuencias? “Pacientes hacinados en nuestros pasillos sin poder dar un trato digno y una vigilancia exhaustiva, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los mismos, así como de los trabajadores”. Los médicos advierten: “Al vernos desbordados, existe una alta probabilidad de errores en la cadena asistencial”.
Los firmantes recuerdan que ha habido pacientes que han estado “hasta ocho meses” viviendo en un pasillo hospitalario, “en condiciones no aptas para su salud, inmovilizados en camilla, prácticamente encerrados sin luz solar ni aire natural”. Y es que al desbordamiento asistencial se le ha sumado el incremento del número de usuarios con problemas sociales que no disponen de cama sociosanitaria cuando dejan de necesitar atención urgente hospitalaria. Los facultativos denuncian que esta situación se prolonga, de media, de dos a tres meses, sin que durante este periodo se les ofrezca ningún tipo de seguimiento médico. En ocasiones han llegado a coincidir hasta once pacientes en esta tesitura, lo que ha obligado a habilitar uno de los accesos al área de Urgencias, un espacio que no reúne las condiciones higiénicas requeridas, que no cuenta siquiera con baño asistido y que, por tanto, incumple las normas mínimas de seguridad clínica y los protocolos de ubicación e intimidad de los pacientes, según relatan.
La administración sigue sin dar solución a este problema y “abandona” a los enfermos en los pasillos, “con la impotencia de verlos día a día cómo se van deteriorando, perdiendo la intimidad, el respeto, la salud y la dignidad que toda persona merece”, añaden.
Los médicos de Urgencias del Hospital Insular exponen que el aumento de personal sanitario extra para los cuidados básicos de los usuarios se ha limitado a las áreas de enfermería y de auxiliares y no se ha extendido al del personal facultativo, “cuya labor está absorbida por la asistencia al paciente urgente, salvo para responder a la demanda de una urgencia que surja e informar a los familiares”. A esta falta de personal se le suman los “contratos penosos” y el aumento de la carga de trabajo.
El colectivo subraya que las denuncias sobre esta situación y los riesgos asociados han sido constantes y periódicas durante los últimos tiempos y que, a pesar de ello y de haberlas acompañado de sugerencias, la administración ha hecho “caso omiso” a los profesionales y se ha limitado a “parchear con acciones puntuales sin dictar un procedimiento de actuación y sin solución”.
El colapso de Urgencias lleva aparejado además una serie de riesgos para la integridad de los profesionales del servicio. “Nos han puesto en el punto de mira de la sociedad como cómplices de esta situación y nada más lejos de nuestra realidad. Estamos siendo recriminados a través de múltiples declaraciones vertidas en las redes sociales que incitan a la agresión y denuncia al personal sanitario, viendo en peligro nuestra integridad y nuestra profesionalidad”, advierten los firmantes.
“Ya no aguantamos más”, concluyen los médicos, que han decidido acudir a la Fiscalía para solicitar que se investiguen los hechos relatados y se adopten las medidas oportunas para subsanarlos, incluyendo las responsabilidades que correspondan.