La comuna La Esperanza no piensa bajar el pistón. La considerada mayor comunidad okupa de España, en donde residen 77 familias -más de 200 personas-, ha advertido al alcalde del municipio grancanario de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, de que llevará la batalla legal “hasta sus últimas consecuencias” y “desoirá sus amenazas” sobre el desalojo ordenado el pasado 14 de marzo.
En un comunicado difundido este sábado, La Esperanza acusa a Rodríguez de “mentir” y de mostrar una “gran insensibilidad” ante la situación de familias sin recursos “a las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional”. El alcalde guiense ofreció el pasado 22 de marzo una rueda de prensa en la que justificaba su decisión de ordenar el desalojo del inmueble sobre la base de los informes municipales que concluyen que la edificación no reúne las condiciones de habitabilidad.
Desde la comuna refutan este argumento e insisten en que las viviendas, aunque carecen de licencia para ello, “son perfectamente habitables”. “Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora”, señala el comunicado. Para los residentes en La Esperanza, si Rodríguez pretendiera, como ha afirmado, velar por la seguridad de las familias, “garantizaría un realojo digno y asequible” a sus posibilidades.
También acusan al alcalde de intentar convertir el conflicto en una pelea entre propietarios y okupas. “Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista”, apunta la comunidad, que recuerda que ha puesto sobre la mesa “la solución más plausible para que los propietarios recuperen su inversión”. Dado que la promotora del edificio -Piornedo- se encuentran en quiebra, La Esperanza ha planteado que se remunicipalicen los inmuebles (“y si el ayuntamiento no tiene competencias, que se encargue la administración correspondiente”), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela.
Las familias han recordado que cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inició la ocupación de las viviendas en 2013 lo hizo “en unos inmuebles vacíos, con años de abandono”, que estaban siendo objeto de situaciones de vandalismo y robos, y “con consentimiento por escrito de la promotora”. “Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones”, remarcan.
“En la comunidad hay 77 viviendas. Todas ocupadas, y en su gran mayoría por familias con hijos al cargo”, continúa el comunicado, “sólo en unos pocos casos, de extrema necesidad, se ha contemplado realojar a solteros sin hijos”. Según La Esperanza, entre esas familias hay tres a las que envió directamente el alcalde. “Todas están dispuestas a ratificarlo ante la opinión pública, como ocurrió en nuestra pasada rueda de prensa del 21 de marzo”, subraya.
Para los residentes, el alcalde de Guía ha tratado de fomentar “una suerte de xenofobia municipal” al asegurar que muchos de ellos proceden de otros municipios. “En primer lugar no es cierto, porque al menos un bloque es íntegramente de nativos del norte. Pero aunque todos viniéramos de fuera, se olvida el alcalde de que una vez nos empadronamos en Santa María de Guía somos vecinos de pleno derecho del municipio”, afirman.
Por último, lamentan que Pedro Rodríguez no les haya garantizado el suministro regular de agua y electricidad, que la comunidad se ofreció a sufragar, y que “haya cerrado unilateralmente la vía de la negociación” mientras sigan “convocando a los medios de comunicación”. “Es incierto también que el propio alcalde no le haya asegurado a varios vecinos, a fin de que no cargáramos las tintas contra él, que su intención no es echarnos, y que simplemente ha firmado ese decreto con la intencionalidad de ”guardarse las espaldas“. Esa es literalmente la expresión que empleó”, agregan.
La Esperanza finaliza su escrito anunciando que si ninguna de las medidas de presión funciona “tomarán las calles” y convocarán movilizaciones. “Si ellos tienen la fuerza en sus decretos nosotros la tenemos en el sentimiento de justicia popular”, concluye.