El miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Autonómica de Canarias (RTVC) y único jefe de sección en el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), Miguel Guerra García, ha celebrado este jueves que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Canarias haya reconocido “la existencia de una situación susceptible de ser calificada como acoso moral en el trabajo” y haya condenado a la Comunidad Autónoma “a cesar cualquier práctica o actitud atentatoria contra” su dignidad profesional y a indemnizarlo con 20.000 euros en concepto de “daños morales”.
Según Guerra, al acoso ahora renocido en sentencia firme comenzó “tras ser especialmente crítico con el uso de la Televisión Autonómica durante las elecciones de 2007 a la presidencia del Gobierno de Canarias”, asunto este que no se menciona en la sentencia. La causa de ese acoso, asegura Guerra, se debía a diferencias de carácter “ideológico con los responsables directos” de sus funciones laborales, vinculados a Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y a su presencia en el Consejo de Administración de la RTVC.
Miguel Guerra acusa directamente al viceconsejero de Educación del anterior Gobierno Autonómico, y responsable directo de sus funciones, Gonzalo Marrero Rodríguez, de practicar 'bossing' contra su persona (término utilizado para designar el uso indebido de la jerarquía laboral para realizar presión sobre los empleados).
Guerra ha explicado en rueda de prensa que en 2008 presentó un escrito por acoso laboral a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación que fue desestimado, lo que lo obligó a interponer un recurso contra dicha anulación que fue estimado en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas, cuyo titular ordenó la retroacción de las actuaciones hasta la decisión de la Consejería de no admitir su escrito en mayo de 2011.
Esa decisión fue recurrida y el fallo actual sí reconoce las demás reivindicaciones de Guerra respecto del acoso laboral e, incluso, “el derecho de adscripción al puesto que viene desempeñando o al que le corresonda conforme a la Relación de Puestos de Trabajo y adesarrollar sus funciones que le corresponden conforme a su estatuto funionarial”.
Su abogado, Cosme Suárez, explicó que “con esta exposición pública de la sentencia queremos denunciar que los elegidos para las tareas administrativas dejen no sólo sus asuntos económicos fuera de su cargo, sino también sus asuntos personales”. Suárez insistió en cómo los encargados de supervisar las tareas laborales de su cliente “lo degradaron hasta ordenarle colocar muebles y clasificar informes, siendo éste doctor en Sociología”. Tanto para el consejero de Nueva Canarias en el Consejo de Administración de la RTVC como para su abogado el problema fundamental reside en que “se ha confundido la actuación y opiniones en la esfera privada, con la misión que tenemos en lo público”.