La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas por el incumplimiento sistemático de las normas de prevención de riesgos laborales respecto a una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Dicha condena comprende el pago de daños y perjuicios a la afectada, así como su traslado a otro órgano judicial en base al acoso laboral sufrido.
Según indicó la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria, esta sentencia es “reflejo de la desidia que el Gobierno de Canarias ha venido perpetrando respecto al personal de ese Órgano Jurisdiccional”. “Este pronunciamiento judicial señala a los culpables del daño a la salud sufrido por esta trabajadora, que ni la Jefa de Servicio en su día destinada en esta Dirección General ha querido o podido solucionar ni los gerifaltes del Servicio de Prevención de la Comunidad Autónoma han querido atender, lo que constituye un claro desprecio a la salud de los trabajadores”, señala Intersindical.
Para el sindicato nacionalista, el reconocimiento judicial obtenido es una prueba objetiva más del “desprecio y el ninguneo con que la Dirección General trata a sus funcionarios” ya que los hechos se remontan a 2009. Intersindical señala que “muchas otras funcionarias tuvieron que solicitar bajas médicas y ceses voluntarios por el calvario al que fueron sometidas por la actitud despótica y coercitiva desarrollada por el Letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano”.
Tanto el abogado de la trabajadora acosada, Nadim Jaber, como la Sección Sindical de Justicia de Intersindical Canaria han animado a los integrantes del colectivo afectados por situaciones similares a que ejerciten las acciones judiciales oportunas para que el “reprobable equipo de gobierno que sufrimos” garantice de forma eficaz el derecho a la salud del personal a su cargo.