El juez en suspenso Salvador Alba Mesa vuelve a los juzgados. En esta ocasión a los juzgados de Telde para responder a una demanda de reclamación de cantidades que le ha anunciado un pequeño contratista de la ciudad por el impago de una parte del presupuesto de las obras de una piscina en su casa del barrio de La Garita. El juez, que está a la espera de sentencia, contrató la construcción de su piscina el 5 de julio, en medio del juicio en el que respondía por cinco delitos por los que el Ministerio Fiscal pidió para él 10 años de prisión y 29 de inhabilitación.
Salvador Alba, que no ha querido contestar a las preguntas formuladas por este periódico para recabar su versión, ha respondido al abogado de su contratista anunciando una querella “por estafa” que dijo que presentaría “el primer día hábil” tras las vacaciones judiciales de agosto, en las que precisamente no cesa la jurisdicción penal. “Quiere que mi cliente le devuelva todo el dinero entregado a cuenta de la obra”, unos 10.800 euros sobre un presupuesto de más de 14.000, que se vio incrementado en otros 3.000 por obras adicionales que fueron encargadas de modo verbal, según el demandante.
El contratista, un joven de 32 años vecino de la misma urbanización en la que vive Alba, ha pedido que no se divulgue su identidad por temor a represalias porque, según indicó a este periódico, el juez Alba ha dado a entender a él y a su entorno que disfruta de muchas influencias en la judicatura canaria pese a su actual posición de acusado en un juicio y pendiente de sentencia.
Aunque el afectado ha anunciado una demanda por reclamación de cantidades, de momento solo consta a este periódico el envío de un burofax el pasado día 16, dos días después de que Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, con destino en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Las Palmas de Gran Canaria, le reclamara que le devolviera las llaves de su vivienda sin haber terminado aún el encargo, alegando que se iban de vacaciones a Vigo durante 45 días. Según el contrato, al que también ha tenido acceso este periódico, justo ese mismo día 16 de agosto habría expirado el plazo de 40 días previsto en el contrato, a partir del cual operarían otros siete con carácter extraordinario antes de que comenzaran a aplicarse penalizaciones por el retraso.
Tras arrebatarle la llave, el matrimonio Alba-Lorenzo impidió al contratista retirar sus herramientas y el material sobrante, y acto seguido, se hizo con los servicios de uno de sus obreros, que esta semana acometía los trabajos pendientes en la piscina, consistentes únicamente en tareas de pintura, siempre según la versión del afectado.
Al conocer la intención de demandarlo, Alba hizo gestiones para conseguir el teléfono del abogado del contratista, al que llamó para advertirle de que interpondría una querella por estafa al considerar que era el constructor el que había incumplido el contrato. De interponerse la querella y ser admitida a trámite, la prejudicialidad penal paralizaría la acción civil de reclamación de cantidades.
Según el contrato firmado por Alba, la piscina de su casa iba a tener un coste inicial de 14.439 euros, de los que su esposa ya habría desembolsado vía transferencia bancaria más de 10.800, por lo que la cantidad pendiente de pagar se elevaría a 3.600 euros. A ella el contratista añade los trabajos complementarios que le fueron encargados verbalmente y cuyo coste evalúa en 2.865 euros. En total reclama 6.475,66 euros, según el burofax remitido el pasado día 16.
Alba, por su parte, piensa reclamar la devolución “como mínimo” de las cantidades adelantadas, según ha dicho al abogado de su contratista, alegando que la calidad de los materiales no fue la pactada y que el contratista le pretende cobrar una bomba de calor que debía estar incluida en el precio inicial por pactarse una piscina con agua climatizada. “Yo me quiero bañar todo el año”, enfatizó siempre en sus discusiones con el contratista.
Además de la piscina y de las obras complementarias que Alba encargó al contratista (el incremento de altura de un muro y una pavimentación) el juez y la secretaria judicial han acometido en su casa de La Garita unas profundas obras de remodelación que incluyen fontanería, electricidad, reformas en los tres baños y nuevos suelos de parqué. Esas obras se acometen a través de otro contratista.
No es la primera vez que el matrimonio Alba-Lorenzo protagoniza tensiones con vecinos de la ciudad de Telde. En febrero de 2018 demandaron a los padres de una niña de 9 años, compañera de colegio de su hija, por una conversación de recreo entre ambas en la que la primera preguntó a la segunda “¿Y tu padre qué, ya lo metieron· en la cárcel?” La demanda perseguía reponer el honor y la dignidad de Alba mediante una indemnización de 12.000 euros. Los padres de la niña no aceptaron las condiciones exigidas por el juez Alba en el acto de conciliación, pero finalmente la demanda no siguió adelante por decisión de los demandantes.