Las organizaciones profesionales agrarias representativas en Canarias, Asaga Canarias Asaja, COAG Canarias, Palca-Unión de Uniones y UPA, que son las convocantes de las movilizaciones del 21 (miércoles, a las 11.00) y 24 (sábado, a las 11.00) de febrero próximos en las dos capitales canarias, la primera en Las Palmas de Gran Canaria y la siguiente en Santa Cruz de Tenerife), junto con otras organizaciones y asociaciones vinculadas al sector agrario local, han dejado muy claro en un documento de consenso que organizan esas manifestaciones en el archipiélago en defensa de unas “rentas dignas y un futuro para el campo canario”, lo que, según el escrito de reivindicaciones que han aprobado esos colectivos, pasa por llevar a buen puerto las siguientes demandas, a las que ha tenido acceso este periódico digital y que se dirigen a cinco administraciones públicas: ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, Gobierno estatal y Unión Europea (UE).
Las demandas mínimas planteadas por el sector agrario de las islas, que se reclamarán en las dos tractoradas del 21 y 24 de este mes, por ahora, son las siguientes:
Dirigidas a la Unión Europea y al Gobierno de España
-Exigencia de las mismas normativas de calidad, de seguridad alimentaria y medioambientales a las importaciones de países terceros que ejercen una competencia desleal con las producciones locales (cláusulas espejo). Además, el aumento de las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y revisión de los contingentes y aranceles de esos productos traídos de fuera de la UE.
-Paralización de la puesta en marcha de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y el puerto de Tarfaya, este en Marruecos. Su activación implica un alto riesgo de entrada de plagas y enfermedades ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa.
-Aplicación y refuerzo de la Ley de Cadena Agroalimentaria. Es fundamental la implantación de herramientas que contribuyan a la transparencia y a equilibrar las capacidades de negociación en el mercado agroalimentario. Es necesaria la dotación de los medios suficientes para una adopción adecuada de la norma y la ampliación del plan de inspecciones.
-Cuaderno digital voluntario (SIEX). Debido a la complejidad que está produciendo la implantación del SIEX, se solicita tener en cuenta las dimensiones y las formas de cultivo de las explotaciones canarias, así como los medios y las habilidades ofimáticas de sus productores.
-Derogación del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones, que exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad. Hay que tener en cuenta el funcionamiento comercial del sector agrario, las exportaciones, la forma de pago de los clientes, etcétera, que dificultan o imposibilitan el cumplimiento de ese artículo para recibir subvenciones como las del transporte de mercancías.
Al Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos
-Crisis hídrica: continuación y aceleración de la modernización y ejecución de infraestructuras hidráulicas para asegurar en cantidad y calidad ese recurso tan preciado, no solo en las zonas costeras de Canarias, sino también en las medianías. El uso de aguas regeneradas ha demostrado ser una solución eficiente para las zonas agrícolas con mayor demanda, por lo que insistimos en la implantación de esas tecnologías, también en islas no capitalinas. Para ello se pide:
*La creación de una mesa de la sequía.
*Atención a las pérdidas en las redes de distribución a escalas municipal e insular (en alta y en baja).
*Aceleración de los programas de desalación y regeneración de aguas.
*Ampliación y mejora de la gestión y la dotación de la ayuda estatal al agua de riego.
-Agilización de la tramitación de ayudas y expedientes. Es imprescindible la digitalización interna de la Administración y la mejora de la eficiencia de los equipos humanos con el fin de acelerar la resolución y el abono de ayudas, así como la tramitación de proyectos e inversiones. Estos retrasos asfixian económicamente a los productores.
-Actualización de las cuantías de las ayudas Posei y de los costes de referencia en esas ayudas. Es necesaria la actualización de todos los índices, cuadros y tarifas de referencia que se emplean en las ayudas, como los Becus (ayudas a la modernización, joven agricultor...), las ayudas al transporte y otras, ya que llevan 10 años, e incluso más, sin adaptarse a los costes de producción reales.
-Incorporación de nuevas líneas en el Posei ganadero, como una ayuda a la recría de razas en peligro de extinción para ovino y caprino, con el objeto de apoyar y promover las razas autóctonas. Mayor fomento y ayuda a los cultivos forrajeros locales.
-Crisis del sector platanero: el hundimiento de las rentas en este sector en los últimos meses obliga a adoptar decisiones por parte de la Administración regional que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda y del propio mercado. Es necesario reformar el diseño de la ayuda que actualmente recibe el sector en el marco del programa Posei, incluyendo las siguientes cuestiones:
*Hacer pública la totalidad de las superficies en las que se producen plátanos que reciben ayuda, aportando transparencia al sistema.
*Limitación de la entrada en el sistema de nuevas plantaciones de plátano con derecho a la ayuda del Posei (unos 0,30 euros por kilo y hasta 141,1 millones de euros totales al año).
*Fijación de la producción máxima por hectárea con derecho a ayuda.
*Ampliación del periodo de cálculo de las cantidades de referencia, para desincentivar las nuevas plantaciones.
*Mayor control de la Administración regional sobre la fruta retirada y sobre la calidad y la presentación de la fruta que va a los mercados. Exigencia de la aplicación estricta de la normativa y más controles para que se cumplan escrupulosamente las condiciones de comercialización exterior y una mayor vigilancia y seguimiento del comercio interior.
-Simplificación de la carga burocrática y agilización de las tramitaciones administrativas a los productores para no frenar las inversiones ni el emprendimiento en la actividad agraria. Las instituciones públicas deben respaldar y acompañar el crecimiento de la agricultura y la ganadería y no obstaculizar ni asfixiar la voluntad de crear empleo en un sector fundamental que produce alimentos.
-Reconocimiento del papel del agro en el medioambiente. El sector agrario es el principal actor en el territorio y cualquier estrategia que se desee plantear en él debe contar con su participación. Ello se ha puesto de relevancia de manera especial en el caso de los incendios recientes. Se solicitan las siguientes medidas:
*Compromiso para el establecimiento de un calendario, en firme, para la entrada en vigor del reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementario y de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA).
*Establecimiento de una estrategia de gestión de la materia orgánica y de medias para el fomento del pastoreo, con la creación de un programa regional de limpieza y desbroce de las zonas de interfaz, fomentándose la utilización de los recursos procedentes de estas zonas en la ganadería, la agricultura y el compostaje, con un programa de compensaciones al sector agrario por la función medioambiental que realiza, además de la promoción y diferenciación de los productos de pastoreo en la prevención de incendios forestales con un sello de calidad medioambiental.
*Implantación del céntimo verde con el fin de crear un único sistema de pago por servicios ambientales a las explotaciones agrícolas y ganaderas de las medianías, montes y cumbres de toda la comunidad autónoma.
-Refuerzo de la vinculación entre sectores. Se debe impulsar la comercialización de los productos agroalimentarios de origen local, favoreciendo fiscalmente acuerdos entre productores, cooperativas, OPFH o SAT y establecimientos de restauración y hostelería, de forma que quienes adquieran producciones canarias obtengan algún tipo de beneficio o una reducción en el porcentaje de impuestos que paga para incentivar la elección.
-Relevo generacional. El relevo generacional es clave para aumentar nuestra soberanía alimentaria, fijar población en las zonas rurales y asegurar un futuro para el sector agrícola y ganadero de Canarias, de sus paisajes y tradiciones. Actualmente, solo el 16% de los titulares de explotaciones agrarias son menores de 45 años, sin olvidar que, únicamente por jubilaciones, perdemos superficie de cultivo y ganadería año tras año. Es necesario un plan estructural de rentabilidad y atractivo inversor para el sector agrario.