La pobreza tras la cortina de números
Según el Banco Mundial, en la actualidad existen alrededor de 800 millones de seres humanos en situación de pobreza extrema o absoluta. Son personas que no tienen acceso a las necesidades básicas para su supervivencia, como alimento, techo, agua o sanidad. Para definir esta situación, el Banco Mundial establece una media económica: si recibes menos de 1,90 dólares al día, estás en la extrema pobreza.
Esa manera de interpretar la pobreza atiende a lo más básico que necesita el ser humano para sobrevivir a un nivel económico, pero existen otras formas de abordar el concepto. El premio nobel de economía en 1998, Amartya Sen, estableció que la pobreza no es exclusivamente carencia de ingresos o bienes materiales, sino la imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital debido a la privación de las capacidades, posibilidades y los derechos básicos para ser o hacer lo que la persona desee. Este concepto lo llevó a la práctica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, fraguando las bases para medir lo que se denomina desarrollo humano: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Así, este organismo calcula mediante una fórmula la clasificación de los países según su nivel de desarrollo humano.
Atendiendo a este criterio, desde 2010 la ONU y la Universidad de Oxford desarrollaron el concepto de pobreza multidimensional, un índice que sirve para medir la vulnerabilidad de los seres humanos atendiendo a otros parámetros además de los ingresos económicos, como el acceso a la sanidad, la educación o el nivel de vida. En los 102 países en desarrollo en los que el organismo aplica esta medición se obtiene que unas 1.500 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, según el informe sobre Desarrollo Humano 2016 publicado por el PNUD.
Pero no tendría sentido hablar de la pobreza sin añadir a otros dos conceptos: la riqueza y la desigualdad. En 2013, según el informe publicado por Credit Suisse, la riqueza global produjo un máximo histórico de 241 billones de dólares, mientras que la pobreza extrema ha descendido de forma exponencial en las tres últimas décadas, según el Banco Mundial.
Sin embargo, y a pesar de la reducción de la pobreza extrema, la distribución de la riqueza dista de ser equitativa. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y ONGS internacionales como Intermon Oxfam reconocen que la desigualdad ha aumentado en los últimos años. Según sus datos, aproximadamente el 1% más rico posee tantos bienes como el resto del mundo junto.
Saber cómo se distribuye la riqueza es vital para comprender por qué existe la pobreza. A este factor se le añade el contexto global de la crisis, que ha destruido millones de puestos de trabajo junto a cientos de miles de millones de euros de riqueza en todo el mundo, afectando principalmente a los más vulnerables y aumentando la brecha de la desigualdad. La llamada Gran Recesión ha golpeado con fuerza a los países del sur de Europa. Los ciudadanos de Grecia, Portugal, Italia o España han visto cómo su nivel de vida ha descendido y muchos atraviesan situaciones de pobreza.
La pobreza relativa en España
Tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material, es decir, lo necesario para satisfacer las necesidades mínimas. Esta situación suele darse en los países llamados subdesarrollados, o en vías de desarrollo, a los que se les denomina el tercer mundo. En los países industrializados, donde millones de personas viven en inferioridad de condiciones con respecto al nivel de vida medio de su sociedad, ser pobre no significa lo mismo, ya que prácticamente no existen personas que vivan con menos de 1,90 dólares al día.
La mayoría de seres humanos que se encuentran en situación de pobreza en los países industrializados no carecen de los recursos mínimos necesarios para su supervivencia, pero se encuentran en una situación de desventaja, económica y social, respecto al resto de personas de su entorno. A esto se le denomina la pobreza relativa.
La pobreza relativa es un concepto ligado a la desigualdad y sólo es aplicable a una sociedad en concreto. Es decir, clasificar como pobre a la población de un determinado territorio siguiendo este criterio depende del grado de desarrollo del mismo. Para ello, en la Unión Europea se ha fijado el umbral de pobreza relativa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, concepto que engloba a diferentes grupos de hogares (un individuo, una pareja sin hijos, una pareja con 1 hijo o más, etc.).
Esto significa que, si se colocan todos los ciudadanos de un país en fila y se ordenan por orden de renta, del más rico al más pobre, el que queda en el centro es la mediana de los ingresos del país. Todos los que tengan para vivir menos del 60% de esta mediana se consideran pobres. Y, dentro de ese grupo, se pueden encontrar diferentes grados, es decir, lo que se denomina pobreza moderada (personas que tengan unos niveles de ingresos más próximos a la media nacional), o pobreza severa (aquellos que están mucho más abajo situaciones muy diversas.
El índice de pobreza relativa es poco informativo, por lo que es necesario ilustrarlo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de pobres. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016 realizada anualmente por el INE, en España la crisis ha producido más paro y más destrucción del Producto Interior Bruto y el porcentaje de población en riesgo de pobreza han pasado del 20,7% en 2010 al 22,3% en 2015. Es decir, hay más de 10.000.000 de personas en esta situación.
Esta pobreza, al ser relativa, se mueve constantemente según el nivel de renta medio de la sociedad y de diferentes grupos (por ingreso, género, edad, etc.). En 2008, los ingresos medios por hogar (dos adultos con dos hijos) ascendía a los 30.045 euros, y en los años siguientes desciende hasta los 26.730 de 2015 (único año en el que aumenta con respecto al anterior, tras la crisis), lo que provoca que también descienda la línea de la pobreza relativa, de 17.551 euros en 2009 a 17.238 en 2015 en dichos hogares. Hay ciudadanos que han salido de la pobreza no porque cobren más, sino por el descenso de las medianas de los ingresos, y otros, sobre todo aquellos con menos ingresos, han experimentado una gran reducción de sus salarios.
La pobreza relativa es útil si lo que se pretende es saber si el desarrollo económico de un país deja a mucha gente atrás, pero existe otro indicador que se usa para medir la pobreza añadiendo más variables además de la mediana.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope, que forma parte de los indicadores de la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, está definido por Eurostat y engloba tres conceptos: además del riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo) incluye la situación de carencia material severa y los hogares sin empleo o con baja intensidad laboral.
En España, la carencia material (que se calcula a partir de la combinación de factores como no poder irse de vacaciones o hacer frente a gastos imprevistos, no tener coche, televisión o lavadora) ha crecido los últimos años. Del 4,5% de población que se encontraba en esta situación en 2009 se ha pasado al 5,8% en 2015. Y en el caso de los hogares sin empleo o con baja intensidad laboral el aumento es evidente. Desde 2009 (7,6%), las cifras prácticamente se han duplicado, hasta llegar al 14,9% de 2015.
Sumando estos datos, la tasa de pobreza en España asciende al 27,9% en 2015, superior al 26,7% de 2011, pero inferior al 28,6% del 2015, un porcentaje que aumenta considerablemente el número de personas pobres.
El caso de Canarias
En España se fija un umbral único para todo el conjunto nacional, pero este cambia si se pone el foco en las comunidades autónomas, ya que el coste de la vida es muy distinto según las regiones. En un país donde la principal industria es el turismo, los territorios más volcados a este sector tienen que hacer frente a unos precios más altos.
Es el caso de Canarias, un territorio con alta dependencia del turismo y que ve como mes a mes sigue estableciendo records, pero que ya antes de la crisis sufría un problemas estructurales de desigualdad en la distribución de la renta y su tasa de pobreza relativa oscilaba entre el 25% y el 30%, por encima de la media española. A esto factores se añade que el Archipiélago es una zona alejada geográficamente -declarado por la UE como región ultraperiférica (RUP)- y fragmentado, lo que incrementa los costes del transporte y lo hace más dependiente de subvenciones e importaciones, con un sector primario que aporta solamente el 1,4% a la economía de las Islas en 2015 y un sector de la construcción que ha experimentado una caída muy fuerte, en concreto del 45% del 2010 al 2017, unas 32.400 personas menos.
En resumen, y según el informe Desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias. Análisis de su incidencia y distribución entre la población canaria, el Archipiélago “destaca en el contexto autonómico nacional, además de por menores niveles salariales, por una elevada desigualdad salarial, así como una elevada tasa de incidencia del empleo de bajos salarios, lo que se traduce en una mayor prevalencia de situaciones de riesgo de pobreza entre los ocupados”.
Actualmente, Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza con un porcentaje del 35% de su población, tras Ceuta (35,6%) y Andalucía (35,4%), en esta situación, el nivel más alto para las islas desde 2008. Pero el dato que ofrece el indicador AROPE, añadiendo la carencia material severa y los hogares sin empleo o con baja intensidad laboral, aumenta el porcentaje hasta el 44%, casi la mitad de la población del archipiélago.
En las Islas, con una población de 2.101.924 habitantes, existen 217.895 personas desempleadas inscritas oficialmente y la renta media anual por persona en el Archipiélago es de las más bajas de España, con 8.702 euros, cerca del umbral de la pobreza nacional en hogares con una sola persona (8.209 euros).
Estos datos sirven para reflejar una situación que se agrava cuando se les pregunta directamente a las personas afectadas. Es la pobreza subjetiva, es decir, la opinión recogida mediante encuestas que los propios individuos u hogares tienen acerca de su situación. El Instituto Canario de Estadísticas elaboró su última encuesta en 2013 con los siguientes resultados: del 28,4% que establecía el INE, subían al 39% los hogares canarios que se situaban bajo la media socioeconómica. Además, el 77,3% de los hogares consideraba que tenía dificultades para llegar a fin de mes y entre las medidas restrictivas que los encuestados reconocieron que tuvieron que aplicar en 2013, el 61% admitió que había dejado de irse de vacaciones, el 45% disminuyó los gastos en alimentación y el 33% había pedido dinero prestado.
Ante esta situación, las organizaciones sociales también han visto cómo ha aumentado el número de personas que acuden a recibir sus servicios. Cáritas atendió a más de 51.000 personas en Canarias durante 2013, un 11% más que el año anterior y en la presentación de su memoria en 2016 ha alertado de la situación de pobreza estructural en el Archipiélago, donde ofrecen ayuda a 40.000 personas, algo que a juicio de la secretaria general de la ONG en Las Palmas, Caya Suárez, indica que, aunque “pueda haber un crecimiento económico en las islas, este no tiene efecto sobre la población”.
La lucha local y global contra la pobreza
Sin embargo, los propios ciudadanos de algunas zonas de la comunidad se organizan para hacer frente a su propia situación. Como la Red de Solidaridad Popular (RSP), una forma de auto-organización civil que tiene como objetivo cubrir las necesidades más acuciantes de las personas que viven en diferentes barrios y ciudades de España, presente en más de diez comunidades autónomas.
En Canarias, la primera RSP se creó en Gran Canaria, en Jinámar, en la capital grancanaria. El portavoz de la RSP de Jinámar, Lolo Rodríguez, explica que esta iniciativa “empezó con doce familias afectadas en diciembre de 2012, cuando la red llamó a los vecinos del pueblo para que tomasen conciencia sobre sus derechos y dejasen de sentir vergüenza por estar en situación de pobreza. En la actualidad esa cifra asciende a más de 500 familias organizadas, de las que varias provienen de zonas donde no existe ningún tipo de servicio social ni público, es decir, no hay farmacias, no hay guarderías, no hay parques públicos, no hay escuelas, no hay zonas deportivas ni hay locales sociales”.
“Desde que están en la RSP muchas de estas familias, no todas porque muchas vienen sólo por el alimento, están tomando conciencia sobre sus derechos y se organizan para realizar talleres gratuitos de cocina, de informática, de artes marciales o de teatro, por ejemplo”, indicó Rodríguez.
Iniciativas como esta ayudan a mitigar los efectos de la pobreza a nivel local, pero para erradicarla es necesario una acción global. Una de las medidas para combatir la pobreza a nivel mundial es declararla ilegal, como afirmó el filósofo español Fernando Sabater en 2009. El historiador y miembro de Pobreza Cero, Francisco Morote, declara que “si en el siglo XIX se abolió la esclavitud en el mundo, el siglo XXI debe ser el siglo de la erradicación de la pobreza y nadie mejor que la ONU para abordar ese tema y declararla ilegal con el objetivo de poner fin a esta lacra”.
“Con el extraordinario desarrollo científico-técnico que existe actualmente y con la capacidad de producción de bienes y servicios del siglo XXI la cuestión no es si se puede erradicar el hambre, las enfermedades o si se puede dar una vivienda digna, ese no es el problema, porque sí se puede. Lo que ocurre es que toda esa riqueza que se produce está mal repartida, no es un problema de producción, sino de distribución”, expresa Morote.
Según Morote “la idea de declarar la pobreza ilegal no parte de instituciones sociales, sino de la sociedad civil y se trata de que esta iniciativa llegue a la ONU para saber qué Estados se comprometen a establecer como prioritario en sus políticas económicas la erradicación de la pobreza”.
Por otro lado, en 2015 la ONU revisó los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuyo primer lugar se situaba la erradicación de la pobreza, y dio paso al plan Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda con 17 objetivos interrelacionados entre sí que siguen teniendo en su primer puesto el fin de la pobreza, pero también buscan la adopción de medidas para proteger el medio ambiente, reducir las desigualdades o promover la sostenibilidad, entre otras prioridades.
