Costas anula la concesión de Tauro al Grupo Anfi por incumplir las cesiones de terreno necesarias para expandir la playa

Incumplir las condiciones del acuerdo ha acabado por pasar factura al proyecto de Anfi Tauro. La Dirección General de Costas ha anulado la concesión al Grupo Anfi de 11.200 metros cuadrados del dominio público marítimo terrestre en Tauro, en el municipio turístico de Mogán (Gran Canaria), para la transformación de la playa y la explotación de los servicios de temporada.

En su dictamen apoyando la anulación de la concesión, el Consejo de Estado considera que la empresa incumplió las condiciones y alteró su finalidad al no entregar los 3.811 metros cuadrados de suelo necesarios para expandir de la playa, ofreciendo en su lugar dos trozos de suelo discontinuos que, aunque de la misma extensión, no sirven para ampliar el arenal, están parcialmente ocupados y no son de titularidad exclusiva de la empresa.

El objetivo de la concesión era ampliar la playa de los 180 metros de longitud y dieciocho de ancho hasta los 280 metros de longitud y 50 de ancho. Aunque inicialmente el proyecto planeaba utilizar arena sobrante de la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria, finalmente se hizo importando sedimentos del territorio ocupado del Sáhara Occidental, con un grave impacto medioambiental. La playa continúa cerrada por obras, pero estas llevan años paradas debido al entramado judicial.

La remodelación del litoral potenciaría la oferta turística del municipio de Mogán, desbloqueando el desarrollo en la zona de unas 7.500 camas hoteleras, dos campos de golf y una superficie comercial de 18.000 metros cuadrados coronados por un paseo marítimo uniendo la playa del Cura con Amadores y una muelle deportivo para 400 atraques.

El Grupo Anfi ya cuenta con villas de lujo en Tauro, pero carecían de una extensa playa en el mismo barranco. Con este proyecto, el grupo mejoraba y ampliaba su oferta hotelera a la vez que se aseguraba durante 50 años de la explotación de los servicios de temporada.

El problema se origina en los 3.811 metros cuadrados de terreno que tenía que ceder Anfi Tauro al dominio público para ampliar la playa. Según lo recogido por el dictamen del Consejo de Estado respaldando la anulación de la concesión, la empresa concesionaria ofreció terrenos de tal superficie, pero solo unos 740 metros por el sur coinciden con los terrenos que Anfi Tauro debía aportar y “los 3.071 restantes son terrenos ajenos y por la forma de la parcela difícilmente utilizables para conformar una playa”. Los terrenos ofrecidos por la empresa están divididos en dos trozos de suelo discontinuos y están parcialmente ocupados por edificaciones habitadas, un edificio de bar-restaurante y una desaladora en explotación que, además, invaden puntualmente el dominio público.

El Consejo de Estado destaca también que las inscripciones registrales presentadas por la empresa para acreditar la titularidad de dichos terrenos no se correspondían con los terrenos objeto de cesión, sino con una finca de mayor tamaño que los integraba pero de la cual Anfi Tauro no es el único titular.

En base a esto, el Consejo de Estado dictaminó el 23 de abril que Anfi Tauro “ha incumplido de modo flagrante” la condición de ceder los 3.811 metros cuadrados al dominio público para la extensión de la playa y, al hacer imposible esta extensión, se ha alterado la finalidad de la concesión. Tanto el incumplimiento de las condiciones de la concesión como la alteración de su finalidad están recogidos en el artículo 79.1 de la Ley de Costas como motivos para declarar caduca una concesión y extinguirla.

La Comisión de Obras Públicas y la Abogacía del Estado también dictaminaron a favor de declarar caduca la concesión.

Los tres órganos recomiendan el levantamiento y la retirada del dominio público, a sus expensas, de las instalaciones de Anfi en Tauro hasta que se decida el futuro de la zona y de las actuaciones que se han hecho sobre ella.

El proceso para retirar la concesión a Anfi se ha retrasado porque la primera vez que se abrió el expediente, en 2016, el procedimiento caducó a los dieciocho meses. La Demarcación de Costas volvió a abrir el expediente en noviembre de 2018 con base en las mismas causas legales.

Según la Delegación del Gobierno en Las Palmas, la resolución ordena a la Demarcación de Costas en Canarias a que lleve a cabo el acta de reversión para que la playa vuelva al dominio público y, a partir de ahí, decidir qué se hace con ese espacio.

El jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, Rafael López Oribe, ha rechazado hacer declaraciones al respecto, pero en declaraciones anteriores ha dicho que la reapertura de la playa no podría ser “de hoy para mañana”, ya que hay que inspeccionar la zona y garantizar la seguridad.

Las irregularidades en esta concesión le costaron al anterior jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández de León, una condena por prevaricación y falsedad documental de tres años de prisión y nueve de inhabilitación. En abril de este año, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias absolvió a Hernández por considerar no probada la ilegalidad de sus acciones.

La resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que cabe recurso potestativo de reposición en un mes ante la ministra de Transición Ecológica o, directamente, recurso judicial por la vía contencioso-administrativa en el plazo máximo de dos meses.

El Grupo Anfi ha convocado una reunión esta tarde para determinar su postura.