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Costas estudia cómo devolver el uso público a la playa de Tauro tras retirar la concesión a Anfi

Europa Press

8 de julio de 2021 09:22 h

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La Dirección general de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está realizando estudios en la playa de Tauro, en Mogán (Gran Canaria), para elegir la “mejor alternativa” para devolver esta zona de la costa al uso público, después de que la Audiencia Nacional haya desestimado la suspensión cautelar del acta de reversión a la gestión pública presentado por el Grupo Anfi.

De este modo, la reversión a la gestión pública de dicha playa “sigue su curso”, según han explicado fuentes de Costas, después de que la Audiencia Nacional haya desestimado el recurso presentado por el Grupo Anfi en el que solicitaba la suspensión cautelar del acta de reversión.

Esto, indican, ha motivado que el responsable de la Demarcación de Costas procediera a levantar “in situ el acta de reversión, tal y como estaba previsto”.

Costas recuerda que Anfi recibió en su momento la concesión para crear una playa artificial en el término municipal de Mogán, si bien esta “caducó por incumplimiento de las condiciones del título”, de tal forma que señalan que “ahora los terrenos deben revertir al Estado y se debe decidir qué hacer con la playa, dado que las obras no concluyeron”.

El Grupo Anfi recurrirá

Ante esta decisión de la Audiencia Nacional el Grupo Anfi ha evidenciado su desacuerdo con la reversión de la playa, que subrayan está “impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica”, por lo que ha matizado que recurrirá la decisión por “todos los medios legales necesarios y exigirá una indemnización por daños y perjuicios”, así lo expone en un comunicado.

Todo ello, después de asegurar que “ha cumplimentado todos” los trámites establecidos para la concesión de la playa Anfi Tauro, asegurando que es el legítimo titular para llevar a cabo la gestión de la playa, al tiempo que critica la actuación de la Dirección General de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio.

Así, ha defendido que se trata de una iniciativa empresarial, “100 por 100 privada, que ha supuesto un gran esfuerzo inversor y por la que peleará hasta las últimas instancias para mantener la adjudicación”, ya que dicha playa es una apuesta “firme por la calidad y la sostenibilidad del entorno y se convertirá, en un breve espacio de tiempo, en la nueva playa de los socios y de los residentes grancanarios”.

Por último, indica que este proyecto “supondrá un valor añadido” a la oferta turística de Gran Canaria, al tiempo que “representa un atractivo” para el destino después de “muchos meses de gran incertidumbre por culpa de la pandemia”. Además, agrega que ha invertido “mucho en la mejora” de un espacio público que se ha regenerado con recursos propios “retirando la basura existente y las piedras y sustituyéndola por arena, emulando a la playa de Anfi del Mar, lo que se traduce en una playa única después de haber permanecido cerrada más de cuatro años”.