La Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria acusa al Gobierno de Canarias de haber sido “incapaz de frenar la fuerte destrucción de empleo”, lo que ha llevado a un “notable retroceso de la inversión pública en servicios como la educación, la sanidad, atención a la dependencia, políticas de igualdad y contra la violencia de género, educación y atención a la sexualidad”.
Por ello, en referencia a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, IC quiere denunciar, una vez más, la “precaria situación de las mujeres” puesto que el incremento de los niveles de pobreza que se está produciendo en Canarias, lo ha hecho adoptando cada vez más rostro de mujer.
Por todo ello, hacen un llamamiento a la sociedad canaria para que acudan a las movilizaciones que las plataformas unitarias de organizaciones de mujeres han convocado en Tenerife el miércoles, 16 de Marzo, a partir de las 19.00 horas desde la Plaza Weyler, y en Gran Canaria el martes, 8 de Marzo, a partir de las 18.30 horas desde el Parque de San Telmo.
El sindicato exige que las estructuras socioeconómicas desplacen el centro de atención “desde la mercantilización de lo público hacia la dignificación de la vida humana”, reivindiquen junto al derecho al trabajo, “el derecho al tiempo para el desarrollo de las personas, al tiempo de calidad y libremente vivido”, además de políticas públicas eficaces destinadas a superar la “grave situación de crisis que atraviesa nuestro Archipiélago, que ha disparado los datos negativos en relación a la igualdad de género, políticas que generen más igualdad y bienestar social y políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que combatan de forma decidida el machismo que aún pervive en nuestras islas”.
Según exponen en un comunicado, la crisis ha sido la “excusa perfecta” para poner de manifiesto “la ausencia de voluntad política real para remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.
Mientras tanto, las medidas diseñadas por el Gobierno español hacen cada día “más duras las condiciones de vida de la población. Mucho más en el Archipiélago, con los peores indicadores socio-laborales”.
A su juicio, las medidas actuales “anticrisis” no se dirigen a atajar la discriminación ni la vulnerabilidad que sufren los sectores más perjudicados de nuestra sociedad. “La economía no se organiza para garantizar los derechos sociales de las personas y satisfacer sus necesidades”, mantienen.
Ante este panorama, se preguntan qué ocurre con las mujeres, ante cifras como la tasa de desempleo femenino en Canarias, una de las más altas del conjunto del Estado español (27%).
Denuncian que las mujeres canarias sufren también una mayor permanencia en el desempleo de larga duración y son víctimas de mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado y las que lo consiguen, sufren “condiciones laborales de mayor precariedad (mayor temporalidad, más contratación a tiempo parcial, discriminación salarial, más obstáculos a la promoción?)”, todo lo cual, unido a la inestabilidad y discontinuidad laboral ?producto de la atención a menores y dependientes- determina que “tengamos un menor acceso a prestaciones sociales y menores pensiones de jubilación”.
Las medidas de “ajuste” en el sector público, que cuenta con una presencia importante de mujeres, rebajando los salarios, así como la supresión de la ayuda de los 426 euros y el aplazamiento de la implantación del permiso de paternidad de un mes, afectan, en su opinión, especialmente al sexo femenino. Asimismo, la no inclusión de las empleadas de hogar en el Estatuto de los Trabajadores, perpetúa, en su opinión, la discriminación de una actividad laboral históricamente femenina.
Añaden que entre los efectos “profundamente injustos” que conlleva la Reforma del Sistema de Pensiones públicas destaca el impacto negativo sobre las mujeres, quienes, a raíz de la concentración en la economía informal y en el trabajo a tiempo parcial, así como la frecuente interrupción de la vida laboral por el cuidado de hijas, hijos y personas dependientes, “tendremos más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para acceder a una jubilación digna (frente a una media del 70% de hombres que se jubilan a los 65 o más con 37 años o más cotizados, sólo un 23% de las mujeres está en esa misma situación)”.