Los máximos responsables de las instancias judiciales españolas que habrán de juzgar, revisar o pronunciarse sobre el conocido como caso Mascarillas estarán el próximo mes de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria arropando a uno de los encartados, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en unas jornadas organizadas por ese organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Entre otras personalidades y de menor a mayor rango, estarán participando en esas jornadas –sugerentemente denominadas Derecho e Investigación- el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado; el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa Tribiño, y la magistrada del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán.
Conrado Domínguez y otras dos personas se encuentran en estos momentos investigadas por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, lo que, por la importancia y cuantía de las penas obligaría a celebrar el juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas, órgano que, a su vez, habrá de revisar todos los recursos que se interpongan durante la instrucción, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria después de una denuncia de la fiscalía anticorrupción.
Tras el juicio en la Audiencia Provincial, la sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, en casación, ante la Sala Segunda del Supremo. Posteriormente, en amparo, los condenados podrían acudir ante el Tribunal Constitucional. En las jornadas organizadas por el Servicio Canario de la Salud solo ha faltado un representante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la última instancia a la que poder recurrir pero solo por vulneración de lo recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.
El caso Mascarillas se conoció a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción como culminación de una investigación por la compra fallida de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Un empresario del sector de la automoción accedió a través de un intermediario al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que adelantó cuatro millones de euros por un material que jamás fue servido.
La vertiente penal ha paralizado las acciones contencioso-administrativas emprendidas por el Gobierno de Canarias, pero cuando se reactiven tendrán que pasar inicialmente por algún juzgado de lo Contencioso-Administrativo y luego por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. De ambas instancias habrá magistradas en las jornadas del Servicio Canario de la Salud. Finalmente, el pleito habrá de ser resuelto en el Supremo, cuya sala de esa especialidad preside otro de los ponentes, el ya mencionado Tolosa Tribiño.
Las jornadas que ha organizado el SCS se celebrarán los días 16 y 17 de septiembre en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y se abrirán con una conferencia de Conrado Domínguez sobre el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, organismo dependiente del SCS y que aparece como coorganizador del encuentro. Esa intervención de Domínguez se producirá tras el acto oficial de inauguración de las jornadas que presidirá Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno regional, junto al propio director del SCS y María Gómez Peñate, coordinadora general del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. La clausura correrá a cargo del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, del PSOE, al igual que el presidente del Gobierno, y le acompañarán el presidente del TSJ de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado; la magistrada del Constitucional Inmaculada Montalbán y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Galaldón.
En el comité organizador de las jornadas destaca la figura del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entre 2014 y 2019, Antonio Doreste Armas, hoy magistrado de su Sala de lo Civil y Penal. El único fiscal presente en el plantel es Vicente Garrido.