El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, ha decretado el cierre cautelar de la residencia La Trinidad, en el barrio de Vegueta, tras recibir la denuncia de la Fiscalía por presuntos malos tratos a los ancianos residentes y abusos sexuales. La medida llega más de un mes después de que dos fiscales hubiesen inspeccionado la residencia tras desparse el caso en un programa de televisión.
El pasado 16 de junio, CANARIAS AHORA informaba sobre la denuncia de Intersindical Canaria (IC) que sumaba a los indicios de malos tratos a los residentes las sospechas de al menos un caso de abusos por parte del director del centro a una interna discapacitada. El pasado 5 de mayo IC informaba a la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que en esa residencia se habían producido “ocasionales tocamientos sexuales por parte del director/propietario de la residencia a una paciente deficiente psíquica”. La denuncia sindical ha sido ratificada por una posterior comparecencia ante la Viceconsejería de Bienestar Social por una hija de la víctima de esos tocamientos, aunque también señala al hermano del director.
El caso de la residencia La Trinidad conmocionó a la sociedad canaria después de que uno de los trabajadores del centro sacase a la luz, a través de un programa de televisión, el estado en que vivían los ancianos internados. La denuncia del sindicato especifica que se proveen “alimentos insalubres y/o con escaso aporte nutritivo”, los yogures se están suministrando “previo pago y caducados”, los pañales son repuestos cada ocho horas, “lo que obliga a las personas residentes a soportar durante mucho tiempo la suciedad”.
Días después de dasatarse el escándalo, dos fiscales visitaron la residencia para comprobar la situación en la que vivían los ancianos. Más de un mes después, el centro seguía abierto y atendiendo a una treintena de residentes por una tarifa de algo más de 1.000 euros al mes.