El decreto urbanístico para La Palma permite construir sobre coladas y abre la puerta a regularizar viviendas ilegales

El nuevo decreto-ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica de 2021, presentado esta semana por el Gobierno canario, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), quiere devolver a los palmeros “las mismas condiciones” con las que contaban previa a la catástrofe, esto es, el reconocimiento de la parcela, edificación o construcción que poseían, incluyendo los usos y actividades que se realizaban en estas.

El texto establece las medidas y consideraciones necesarias para edificar sobre las coladas, diferenciando según el espesor de las mismas, y permite que los domicilios fuera de ordenación antes del estallido del volcán (que había, y muchos), definidos por el documento como “en situación asimilada a la legal”, también sean regularizados. El reglamento aclara que todas las nuevas construcciones contarán con “plena compatibilidad con la ordenación vigente”. Y, en caso de no hacerlo, la normativa será “desplazada en lo que pudiera resultar contraria” para ello. El decreto también prevé la creación de un inventario con toda la información de la que ya dispone la Administración para “verificar la relación entre lo proyectado y lo que existía, sin perjuicio de que la persona promotora pueda acreditar, aportando los medios de prueba que lo confirmen, aquellos parámetros que eran diferentes”.  

“La falta de adaptación no será impedimento para el otorgamiento de los títulos habilitantes necesarios para la construcción”, insiste el texto.

La nueva legislación recoge la principal reivindicación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la primera Ley de Volcanes de Canarias, que consiguió este verano más de 15.000 firmas y fue remitida al Parlamento regional. En ella quedaba reflejado que los afectados por la erupción quieren “volver a instalarse en un inmueble residencial (…) en el mismo lugar en el que se encontraban”. Más de 1.300 domicilios resultaron parcial o completamente afectados por la lava. El decreto del Ejecutivo regional aspira a reponer muchos de ellos en el mismo emplazamiento donde dejaron de existir, de algún modo. Pero diferencia en función del grosor de las coladas y la protección que existe sobre ellas.

En primer lugar, para las viviendas en zonas de recuperación de menos de 10 metros de espesor de colada, que ocupan 251 hectáreas afectadas de las más de 1.300 dañadas, según los datos aportados por el propio decreto, podrá solicitarse licencia para el restablecimiento de las edificaciones destruidas y el uso que se hacía de las mismas. Para ello, hará falta un proyecto básico de ejecución y documentos e informes requeridos por el ayuntamiento correspondiente (solo hay tres municipios damnificados: Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso). No obstante, todo el procedimiento “estará condicionado” a la existencia de un informe científico-técnico favorable, emitido por el Cabildo Insular de La Palma y que deberá elaborar una “entidad acreditada en la materia”. No queda especificado qué empresas realizarán dicho encargo.

Con respecto a los inmuebles ubicados en zonas con más de 10 metros de grosor de colada, que acumulan 283,22 hectáreas, la recuperación queda “demorada” por varios motivos: la presencia, todavía, de altas temperaturas, la susceptibilidad de colapso de los terrenos por la posible disposición en el lugar de tubos volcánicos y las condiciones geotécnicas desfavorables de la edificación. El reglamento especifica que hasta que “la evolución de esas circunstancias lo permitan”, no podrá avanzarse en nada relativo a este asunto.

Una estimación calculada por el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL) prevé que gran parte de las coladas tarden más de diez años enfriarse. En cuanto lo hagan, el trámite es el mismo que en el supuesto anteriormente mencionado. Sin embargo, en lo relativo al informe científico-técnico requerido, el decreto ahonda un poco más y precisa que este debe basarse en una metodología que incluya la realización de sondeos geotécnicos, testigos de rocas y determinación de parámetros termo-mecánicos de laboratorio.

Por otro lado, en las localizaciones afectadas por el volcán que presenten valores geomorfológicos, unas 379,6 hectáreas, no podrán realizarse actuaciones “de recuperación”, puntualiza el documento, a no ser que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario emita una orden que diga lo contrario, mientras que sí está permitido “excepcionalmente, por razones de interés general”, la ejecución de obras públicas o relacionadas. Carreteras de “interés regional” y vías de “carácter indicativo” ya han sido proyectadas o levantadas en estas condiciones, lo que ha provocado en algunas ocasiones la ira de los expertos en Patrimonio Geológico, como publicó recientemente el periódico EL PAÍS.

Por último, los terrenos de recuperación agraria, que ocupan un total de 410 hectáreas, quedan pendientes del reglamento exclusivo que lance en esta materia el Ejecutivo autonómico, aún pendiente de aprobación.

“El principio básico de este decreto es, por un lado, respetar el derecho a la propiedad privada, y, por otro lado, que se pueda hacer todos los usos y actividades preexistentes al volcán, estuvieran legales o fuera de ordenación”, ha dicho la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto, este martes. “En la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo va permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen”, remarca la legislación. Todas las medidas incluidas están exentas de evaluación ambiental.

Aquellos afectados que no quieran levantar su vivienda en la misma colada donde resultó dañada, podrán hacerlo en cualquier municipio de La Palma en suelo urbano o rústico. Muchos palmeros ya han iniciado proyectos personales para ello, costeando las obras con las ayudas del volcán que han recibido estos últimos dos años. La norma propone, también, la creación del Consejo para la Recuperación Económico y Social de La Palma como órgano colegiado de “diálogo, información y consulta”. Al mismo tiempo, apunta que es compatible con el decreto-ley aprobado a principios del año pasado, por el que se adoptaron medidas urgentes en este sentido.