Las familias del edificio Tabaiba, al sur de Tenerife, están en guardia desde el pasado miércoles. A las seis de la mañana de ese día, unos golpes sorprendieron a los vecinos que habitan desde hace al menos doce años las 48 viviendas de esta construcción abandonada. Un grupo de hombres de la empresa Desokupa viajaron desde Madrid hasta Granadilla, contratados por el propietario, para “mediar” y desocupar las casas. “Desde el día que ellos llegaron empecé a guardar mis cosas en bolsas por si tengo que marcharme”, cuenta María, una mujer de 60 años que trabajaba como camarera de piso y que ahora está de baja por una lesión en el brazo izquierdo.
“Si nos tenemos que ir porque un juez nos da la orden, nos iremos. Sabemos que esto no es nuestro, pero no nos pueden echar de malas formas”, señalan los vecinos. Las personas de este edificio viven en comunidad. Los más de 40 niños que viven en él hacen vida en el patio y entre todos los adultos han instalado placas solares y se abastecen de agua a través de bidones. “No le hemos robado nada a nadie. Si miras los pisos por dentro, verás que están arreglados”, insiste Luvna, una mujer que vive en este punto de San Isidro.
Ella empezó a vivir en uno de estos apartamentos hace siete años, embarazada de sus dos hijas pequeñas. “Estaba sola, no tenía trabajo y estaba esperando por una vivienda de protección. Vi que en ese momento esto no era de nadie y entré”. El miércoles ella estaba durmiendo cuando su hija mayor, de 22 años, la despertó. “Me dijo que estaban entrando y quitando las puertas. Cuando salí al patio vi a los hombres subiendo a vaciar los bidones y a quitar las mangueras. El agua es un bien de primera necesidad, y aquí hay mujeres embarazadas, bebés y niños que tienen que ir al colegio”, recuerda.
A algunas familias aún les queda agua, pero otras han recurrido a las garrafas del supermercado para abastecerse. Los vecinos aseguran que la empresa que les rellenaba los bidones dejó de ir después del miércoles por orden de la propiedad. Según ha explicado Desokupa a esta redacción, una de sus misiones principales era poner cuatro puertas de seguridad y cuatro vigilantes en los accesos a estos barriles, ya que había al menos 180 toneladas de agua en la zona superior que ponían al edificio “en riesgo de colapso”.
Luvna ha interpuesto una denuncia contra la empresa Desokupa. “Tenemos miedo porque han advertido en las redes sociales que van a volver con 40 personas más”, explica. “Hemos venido a buenas, a mediar. Queridos ocupas, ya se ha acabado el buen rollo. No vamos a cometer ninguna ilegalidad, pero ahora os vamos a desocupar sí o sí. Volveremos en unos días con 40 efectivos y de ahí os vamos a sacar”, aseguró hace cuatro días el director de esta compañía, Daniel Esteve, en un vídeo publicado en el Instagram oficial de la entidad.
Comprar un edificio ocupado
El Ayuntamiento de Granadilla ha confirmado a este periódico que el edificio es propiedad privada de un particular. Según el testimonio de las personas que viven en estas viviendas, se trata de un hombre de Rumanía que, antes de ser el propietario, “les vendió baterías y generadores de electricidad”.
Desde Desokupa han explicado a esta redacción que el hombre compró la edificación hace poco más de un año sabiendo que estaba ocupado. Aunque no ha detallado cuánto ha pagado el propietario a esta empresa por negociar con los vecinos, Daniel Esteve cifra el precio en menos de 1.000 euros por cada una de las 48 viviendas. Preguntado por la hora en la que entraron en el edificio, Esteve justifica que preferían hacerlo temprano para evitar altercados.
“El cliente nos llamó y yo le pedí información sobre el asunto para ver primero si cogía el caso o no. Nos dijo que había comprado un edificio ocupado y le pregunté si había familias con niños y me dijo que sí. Yo le respondí que no desocupamos familias con niños y que, en caso de que fuera a alquilar los apartamentos, le podríamos presentar a las familias la opción de ofrecerle un alquiler”, cuenta Esteve.
“Si me hubieran mandado a desocupar un piso con niños hubiera dicho que no, porque se te tira todo el mundo encima y con razón. Además, nosotros no montamos controles de acceso en fincas con niños”, asegura el director de Desokupa.
Según un audio del propietario enviado a este periódico por la empresa de desocupación, el particular asegura que le ofrece a las familias dos opciones. La primera, un contrato de alquiler de 450 euros con el pago del agua y la luz a parte y con tres meses de carencia. La segunda, 1.000 euros en mano para que dejen el piso.
“El documento que nos dieron para la primera oferta no tiene ningún sello oficial y lo podría hacer cualquiera con un ordenador. No nos garantiza que si nos vamos podamos volver aquí cuando reformen el edificio”, apuntan los vecinos.
Daniel Esteve asegura que en todo momento contaron con el apoyo de la Policía Local y de la Guardia Civil, que los acompañó incluso a la zona del suministro de agua. “Registramos en la web del Ayuntamiento de Granadilla que íbamos a hacer una obra menor y la Guardia Civil vio que teníamos ese papel y nos amparó”, cuenta.
Yoanna Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, fue una de las personas que se trasladó al edificio el pasado miércoles cuando tuvo constancia de que la empresa de desocupación había llegado. Desde entonces, decenas de activistas hacen guardia a las puertas de la vivienda por si el grupo vuelve.
''No entendemos que el propietario contrate a estos matones para echar a la gente a la calle'', criticó en una rueda de prensa. Además, según Rodríguez, el exalcalde de Granadilla Jaime González Cejas ''permitió a mucha gente que ocupara las viviendas'' en las que ''han nacido niños que ahora están sufriendo un atropello''.
En el edificio conviven mujeres embarazadas, varias familias monomarentales, personas con enfermedades como diabetes o cáncer y personas migrantes. El Ayuntamiento de Granadilla asegura que la corporación municipal y el Instituto Canario de Vivienda están “mirando los casos” para realizar informes sociales de las familias vulnerables.
Hasta el momento, Unidas Podemos es el único partido que se ha pronunciado sobre el asunto y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Canarias para que impida que la empresa “expulse de sus viviendas a 48 familias en situación de exclusión social”. Ramón Trujillo, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha exigido que no se permita a Desokupa “asumir un ejercicio de funciones de autoridad”. “Es tan ilegítimo y tan incompatible con la democracia como encomendarles disolver manifestaciones. Hay que poner fin a estas prácticas antes de que se extiendan a otros municipios'', ha aseverado Trujillo.