“Es una caza de brujas”. La tensión no deja de crecer en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa). En los últimos meses, el ambiente laboral en esta empresa pública ha estado marcado por despidos y denuncias por acoso. Los trabajadores han denunciado una “persecución” contra los empleados que forman parte del Comité de Empresa y una campaña de “acoso continuo, incluyendo insultos, vejaciones y retirada de funciones laborales”.
“La gente está viniendo acojonada a trabajar. Te obligan a firmar cosas que no son correctas y hay situaciones de acoso, pero luego está también el miedo a denunciar porque la respuesta es un despido”, afirman fuentes sindicales del Ayuntamiento. Esta redacción ha intentado conocer la versión del área de Urbanismo de la corporación municipal. Sin embargo, desde la Concejalía, liderada por Mauricio Roque (PSOE), se han limitado a responder que se trata de una “cuestión interna”.
Desde el Comité de Empresa de Geursa aseguran, a través de un escrito, que la tensión comenzó en enero de 2020. “Desde la propia convocatoria de elecciones, la posición de la gerencia y algunos de sus subordinados fue totalmente obstaculizadora. Primero, intentando impedir la constitución de la mesa electoral y dificultando el trabajo de los promotores del proceso electoral”, aseguran.
Geursa es una entidad mercantil cuyo capital social pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A través de esta sociedad, la corporación realiza todas las actuaciones de carácter urbanístico en la capital de Gran Canaria. La plantilla de Geursa ha aumentado en los últimos años. En 2023, tal y como publica la sociedad en su web, había 93 personas contratadas: 80 empleados indefinidos y 13 temporales.
Según las afirmaciones del Comité, la Gerencia de Geursa, con Marina Más al frente, “ha denegado casi la totalidad de las peticiones de documentación haciendo imposible el cumplimiento de sus labores de vigilancia y control”. Además, añaden que la “persecución” ha sido “especialmente intensa” cuando el Comité “tuvo conocimiento de varios hechos relevantes”. Los trabajadores aseguran que existen “arbitrarias desigualdades salariales” entre trabajadores con mismo puesto y funciones.
También denuncian un presunto “fraude fiscal inducido por la empresa al indicar a los trabajadores que incrementaran en un 30% sus datos de kilometraje para pagar más de lo permitido legalmente sin tener que tributar por ello”. Por último, advierten de la contratación presuntamente irregular de personal con “posible trato de favor”. Desde el Comité aseguran que después de denunciar estos hechos se convocó una asamblea para revocar al Comité.
La revocación del Comité no prosperó con el recuento de los votos presenciales. Sin embargo, los trabajadores aseguran que la votación fue “alterada” con la presentación de unos votos por correo. Una parte del Comité no dio por válidos los votos por correo, por lo que 39 trabajadores presentaron una demanda colectiva. “Existen indicios suficientes de que algunos de estos 39 trabajadores fueron coaccionados por sus superiores para firmar dicha demanda”, afirman. Ahora, el caso está en el Tribunal Supremo.
Cuatro despidos
“La situación de Geursa en cuanto al personal siempre ha sido extraña. Siempre se aplica la idea de ”se hace lo que yo digo o si no las consecuencias ya sabes las que son“. Nadie se atreve a decir nada porque te ponen en la puerta de la calle”, sostienen fuentes de Intersindical Canaria.
El detonante del conflicto ha sido el despido disciplinario del presidente del Comité de Empresa, un trabajador que llevaba más de 20 años prestando servicios en esta sociedad. El empleado fue despedido después de presentar una denuncia por acoso laboral a finales de 2023, según la versión del sindicato. “Se trata de un trabajador que, tras más de 20 años en la empresa, no ha recibido ni una sola queja o amonestación por parte de compañero o superior alguno”, apunta Intersindical Canaria.
Ahora, la Gerencia de Geursa ha acusado también al trabajador de incumplir órdenes de trabajo, de acoso y de ofensas verbales y físicas hacia otros compañeros y hacia los propios altos cargos de la sociedad. Según el Comité, este es el cuarto despido de un trabajador “que ha mostrado algún tipo de disconformidad con determinadas formas de proceder de la Gerencia”. Tres de estos despidos se han producido en el último mes.
Registro de la Guardia Civil
Geursa ya ha estado antes en el punto de mira. El 14 de junio de 2023, la Guardia Civil se personó en su sede para recabar documentos relacionados con una denuncia de la asociación vecinal Rehoyas Avanza. La asociación denunció posibles delitos de prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos en unas permutas de suelo en Tamaraceite.
El fiscal delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, Carlos Fernández Seijo, dio instrucción al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que registrara las oficinas, tal y como informó entonces la Agencia Efe. Según la asociación vecinal, se dieron una serie de permutas de suelo sobre unos terrenos “inexistentes” que no tenían referencia catastral.