La Diputación del Común tacha de “grave” y “preocupante” la gestión de la discapacidad en Canarias

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha tildado este lunes de “grave” y “preocupante” la gestión de la discapacidad en Canarias dado que las quejas han aumentado un 94% y hay islas donde se “eterniza” la certificación de grados, caso de Tenerife, donde se han documentado algunos casos de hasta casi cinco años cuando el plazo legal debe oscilar entre los tres y los seis meses.

En la presentación del informe anual correspondiente a 2024 en comisión parlamentaria ha comentado que estos retrasos avanzan en la “pobreza invisible” dado que “puede marcar” el acceso a un empleo público o un recurso social, que en caso de no contar con la discapacidad reconocida, debe ser cubierto por las familias. “Muchas familias están por debajo del umbral de la pobreza y no se contabiliza”, ha señalado.

En esa línea ha insistido en que el estado del bienestar “no está funcionando” y se genera un “daño irreparable” a las personas afectadas que no pueden acceder al empleo público o deben costear servicios sanitarios.

“Es un tema gravísimo”, ha señalado, subrayando que hay 603 personas esperando para se valore su discapacidad y que la progresión va en aumento, pues en 2025 “las cifras no parecen mejorar”, de ahí que haya reclamado “reforzar” los equipos de valoración.

Dependencia

Asimismo, ha informado de que hay 471 nuevas quejas en dependencia, al tiempo que ha lamentado que no se dispongan de los recursos necesarios para poder acceder a un centro o al tipo de recurso que le corresponde.

Ha avisado, en este sentido, de problemas y quejas graves en ese sentido, y ha abogado por más diligencia en la gestión del ingreso mínimo vital y de la renta canaria de ciudadanía, esta última por la que hay que esperar más de dos años debido también a la falta de personal en esta área.

No obstante ha señalado que “si hay un tema que empobrece claramente a las familias canarias es el tema de la vivienda”, cuyas quejas han aumentado.

En este sentido, la diputada del Común ha reclamado un pacto por la habitabilidad en Canarias pues el consenso en vivienda, a su juicio, es “absolutamente necesario”.

Vivienda

La dificultad en el acceso a la vivienda pública protegida, que es la mayoría de quejas, representan el 32,77%; los procesos de desahucio, un 29,94%; y la ausencia de recursos de emergencia, un 11,86%.

Ha matizado que hay “un impacto de género brutal” porque son las mujeres con menores a cargo las que más se quejan y las más desahuciadas.

Padrón ha criticado “la incapacidad” por parte de la administración en prever el crecimiento y hacer una oferta clara de vivienda social y de vivienda también privada, ya que las clases medias tampoco pueden acceder a una vivienda digna.

La coordinación entre áreas y entre planificación y acción debe ser una prioridad en esta materia, por lo tanto el pacto habitacional es prioritario en la comunidad autónoma de Canarias, ha zanjado.

Infancia

Se ha referido también a la necesidad de actualizar la Ley de Infancia y Adolescencia para así adecuar los nuevos recursos para los menores y dado que en Canarias el índice de pobreza infantil es el del 44%.

Con lo cual, ha continuado, habría que plantearse y mirar hacia los menores en cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la vivienda, pues son los más afectados junto con las mujeres.

Así, ha abogado por una actualización de la legislación de toda infancia y adolescencia, entre otros motivos, porque hay menores que necesitan apoyo, como los que padecen de trastornos del aspecto autista o TDAH sin diagnosticar.

La diputada del Común ha resaltado la importancia de planes individualizados para que estos menores progresen al mismo nivel que lo hacen sus iguales y no se les discrimine.

Sanidad

Respecto a la sanidad, ha recordado que se ha abierto quejas de oficio relacionadas con las listas de espera en atención especializada en las dos provincias.

La Diputación del Común ha abierto una investigación, está en contacto con las oficinas de atención al paciente y está haciendo un trabajo de mediación con la Consejería de Sanidad para tratar de solucionar las demoras en las lista de espera.

Según ha precisado la diputada del Común, el número de actuaciones de esta institución en el año 2024 ascendieron a 30.165.

En detalle hay 1.688 quejas que se hacen de manera presencial, 8.906 que se hacen de manera telefónica, 18.564 por e-mail o por la web, 60 por postal y 947 entran por orden.

La diputada del Común ha señalado que el número de quejas han aumentado en 3.199 y ha explicado que esto refleja un incremento de la confianza en la función reparadora y supervisora de esta institución.

 Tenerife, Gran Canaria y La Palma son las islas en las que más quejas se presentan y Lanzarote y Fuerteventura son los territorios donde la Diputación del Común “no termina de arrancar” y no porque no haya problemas.

Respecto a la administración que más quejas recibe sigue siendo la comunidad autónoma con un 69% de las mismas y los ayuntamientos con un 23,3%.

Las quejas a los cabildos “no son significativas” excepto en Tenerife, donde hay reivindicaciones relacionadas con los atascos en las autopistas y el transporte.

Los temas sociales son los que más preocupan a la ciudadanía, lo que no significa que sea el área del Gobierno de Canarias que peor funciona, ha precisado Padrón.

Se debe, ha explicado, a que Servicios Sociales tiene una estructura que permite la cercanía con el ciudadano y tiene una función orientadora.

En cambio, en áreas como política territorial, que es un área “muy complicada” que tiene mucho que ver con vivienda, es “muy difícil” que el ciudadano se pueda quejar, ha añadido la diputada del Común.