El diputado del Común, Rafael Yanes, percibe “mejoras” en la gestión de la dependencia en Canarias en lo que va de 2022, pero insiste en la necesidad de ampliar el presupuesto del área y reforzar los recursos humanos de la Consejería regional de Derechos Sociales.
Así lo ha pedido Yanes este miércoles en un encuentro con la titular de departamento en el Gobierno regional, Noemí Santana, en la sede de la Diputación del Común en Las Palmas de Gran Canaria, donde le ha hecho entrega de un informe de 2021 sobre la situación de la dependencia en el archipiélago.
“En 2022 los datos han mejorado de forma importante y ese es el camino. Hay que ir a por el objetivo de cumplir la ley, que establece un plazo máximo de 180 días desde que se inicia el expediente hasta que se resuelve”, ha apuntado Yanes, que ha señalado que aunque ese objetivo parece lejano, Canarias debe buscar acercarse a la media nacional, también superior a esos 180 días.
La media nacional de resolución de expedientes, ha abundado, se sitúa en 431 días mientras que en Canarias, en 2021, se tardaron 943 días desde el momento en que se presenta la solicitud hasta que se resuelve.
Como resumen del informe, Yanes ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar el presupuesto, que según sus datos por habitante y año “es inferior a la mitad de la media nacional”.
También ha pedido más personal, simplificar los expedientes en una sola visita y un expediente, en vez de las dos visitas y dos expedientes actuales, así como una mayor colaboración de cabildos y ayuntamientos.
La consejera Noemí Santana ha destacado que en los primeros seis meses de 2022 “se están empezando a recoger los frutos” tras la puesta a punto que se tuvo que hacer del área al llegar, en 2019, ya que carecía de programas informáticos y personal suficiente, ha comentado.
“Hemos pasado de ser una de las comunidades que peor gestionaba el sistema de dependencia a que en el último informe del INEM se reconozca a Canarias como la comunidad autónoma que más resoluciones de expediente de grado ha tenido en los seis primeros meses del año”, ha aseverado la consejera.
En este sentido, ha indicado que, tras el cambio de gobierno, en 2019, la media de resolución de expedientes era de unos 260 al mes, mientras que en el último mes esa cifra se situó en más de 1.200 resoluciones.
También ha defendido que ha habido una disminución en el tiempo de espera, “que es donde está el cuello de botella”, al conjugarse con otro problema estructural: una deficiencia de camas sociosanitarias de más de 9.000 plazas.
Santana ha señalado que están trabajando para que a todas esas personas que esperan por una plaza residencial se les otorgue una prestación económica, pero ha admitido que es un problema “de difícil solución” porque la ejecución de las obras de las residencias depende de los cabildos, que han experimentado “dificultades” a raíz de la pandemia.
“Es un tema que se está agilizando en varios cabildos, como La Gomera, Fuerteventura o Gran Canaria, con nuevas camas sociosanitarias, pero también hace falta un cambio de mentalidad”, ha argumentado Noemí Santana, que ha apostado por un modelo de cuidados “centrado en la atención a las personas en su domicilio”.
“El modelo por el que hay que apostar es por que pasen más tiempo atendidos en sus casas de forma digna y con profesionales como fisioterapeutas, psicólogos, médicos a su disposición. Estamos intentando hacer ese viraje”, ha dicho Santana.
En ese sentido, ha esgrimido que también se ha producido un aumento en las atenciones domiciliarias, que se seguirán reforzando, especialmente a partir del año que viene, debido a un incremento de fondos para este fin.
Ha agregado que buena parte de la atención domiciliaria que existe ahora, prestada por los ayuntamientos, es insuficiente y hace falta un cambio de enfoque que se adapte mejor a la ley de dependencia, con perfiles de cuidadores profesionalizados.