El Gobierno canario ha aflorado este año “cientos” de expedientes de solicitantes de ayudas por dependencia que murieron en 2018 y que el anterior Ejecutivo no cerró, de modo que su caso seguía computando como pendiente y sus familiares no tenían opción, si querían, de reclamar en los tribunales.
El director general de Dependencia, Miguel Montero (Podemos), responde este sábado a través de su cuenta de Twitter a los datos publicados la víspera por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de las estadísticas del Ministerio.
De acuerdo con esas cifras, de enero a julio murieron en Canarias 1.753 solicitantes de ayudas o servicios de dependencia: 551 que ya tenían el derecho reconocido, pero no habían empezado a recibir la atención, y 1.202 que aún estaban a la espera de respuesta.
Montero responde que ni todos ellos eran dependientes a efectos legales (1.202 estaban a la espera de valoración), ni todos murieron este año, aunque computen en las estadísticas de 2021, porque formalmente su expediente se acabe de cerrar en los últimos meses.
“La cifra de personas fallecidas en Canarias no es de 2021, hay cientos de personas que murieron en 2018 y se computan ahora. ¿Por qué? Porque los anteriores responsables políticos no cerraron esos expedientes y aparecían como vivas. ¿Con qué fin? Tengo una opinión... pero me la callo”, escribe el director general.
El responsable del área remarca que hay días en los que se ha pasado hasta “dos horas” firmando expedientes de ese tipo, que cierran solicitudes de dependencia por fallecimiento del peticionario en 2018, en la legislatura anterior, con Coalición Canaria al frente de ese departamento.
“Esto no es herencia recibida. Esto es una vergüenza. Se me revuelve el estómago cada vez que pienso en una familia a la que llega un papel de estos y son muchos así. Llevo dos horas firmando. Sólo puedo pedir perdón en nombre del Gobierno de Canarias, de todos los gobiernos habidos”, escribió Montero en mayo, en un tuit al que ahora se remite en el hilo de mensajes con sus explicaciones.
Montero recupera ese mensaje de mayo para subrayar que su equipo y él llevan “meses” tomando decisiones así, que afloran expedientes cuyos solicitantes murieron la legislatura anterior, “aún sabiendo que nos iba a perjudicar las cifras y que habría gente que intentaría sacar rédito político”, para atacar al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), o la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos).
Y asegura que, aunque “le revuelve el estómago” hacerlo, es consciente de que, de esta manera y “con la resolución, las familias pueden ir al contencioso”; es decir, pueden iniciar una reclamación en los tribunales en defensa de los derechos que consideren que les asisten.
“Entre otras cosas por eso lo hago. También hay gente que ha agradecido que le llegue porque pensaba que el expediente de su familiar estaba perdido”, señala, en otro mensaje de mayo que ahora vuelve a enlazar a su respuesta a la asociación de gerentes.