El municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla, cuenta con 2.858 pisos turísticos, según la última actualización del registro de viviendas vacacionales del Gobierno de Canarias. Pero también podría contar con 3.641 domicilios de estas características, de acuerdo con la herramienta AirDNA, que aglutina el número de anuncios de plataformas como Airbn y Vrbo, dedicadas precisamente a este tipo de alojamiento.
Algo similar ocurre con el resto de localidades de las Islas. La Oliva, en Fuerteventura, registra 3.056 alquileres vacacionales según la primera fuente mencionada y 3.426 de acuerdo con la segunda. Así también figuran Tías (1.409 frente a 1.914), Yaiza (1.771 frente a 2.125), Arona (3.981 y 4.137) y prácticamente el resto del Archipiélago. La tendencia, sobre todo en las regiones más turísticas, es que la disparidad sea elevada. Y la razón, explican expertos consultados por esta redacción, es la concentración del “mercado negro” de los pisos turísticos en esas demarcaciones.
“Hay un desajuste ente las viviendas registradas por la administración y aquellas que en realidad existen. Esta situación se repite en casi todas las ciudades”, apunta Alejandro Armas, geógrafo e investigador postdoctoral en la Universidad de Leipzig, Alemania. “Es un mercado negro brutal de pisos ilegales. Suele fallar la inspección”, agrega Ivan Murray, doctor en Geografía por la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
Las cifras sugieren, por tanto, que una oferta importante de este sector es desarrollada a espaldas de las entidades públicas. La herramienta AirDNA, que rastrea las webs de los portales como Airbnb o Vrbo y descarga todos los anuncios, legales o no, contabiliza 45.165 domicilios turísticos en Canarias. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última actualización de su estadística experimental sobre este tema (febrero de 2023), reporta 42.651. Y el Ejecutivo canario, en la propia base de datos que gestiona sobre ello, cuenta 42.370.
La diferencia entre AirDNA, con una metodología más “sofisticada”, según Murray, y el resto de fuentes mencionadas hace entender por qué en el Archipiélago es bastante común encontrar la publicación de alquileres vacacionales irregulares, como los “dormitorios móviles” que en realidad eran tiendas de campaña en una azotea de Arrecife o en una finca de Santa Brígida.
Además, el descontrol en los valores ilustra, por un lado, la escasa inversión en estadística relacionada con la vivienda, recalca Eduardo González, investigador asociado en la Universidad de Nueva York y doctorando en Políticas de Vivienda por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y, por otro, la falta de cooperación entre las plataformas de alquiler turístico y las administraciones.
“Airbnb es muy poco transparente. Ellos se desentienden de muchos aspectos legales alegando que son una simple plataforma de mediación y que lo que buscan es poner en contacto a la gente interesada en adquirir algo. Las personas que ofrecen una vivienda, entonces, se escudan en esa intermediación para no tener ningún tipo de posibilidad de censura”, argumenta Armas.
En este contexto, la Unión Europea (UE) ha acordado recientemente impulsar un registro comunitario de alojamiento vacacional para acabar con el baile de cifras. La pretensión de la UE es recopilar de forma armonizada datos sobre este tipo de estancias que permitan a posteriori mejorar la lucha contra el fraude y la elaboración de políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con limitación de la oferta por el presumible impacto en el alquiler residencial.
“Esta regulación beneficiará a todos los actores del sector del alojamiento de corta duración: los propietarios tendrán un procedimiento fácil de registro, las plataformas un único conjunto de reglas para la información que deben proporcionar, los viajeros estarán mejor protegidos contra el fraude y las autoridades podrán regular basándose en datos precisos y confiables”, dijo entonces Ebba Busch, ministra de Energía, Negocios e Industria de Suecia, el país que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la UE.
“Hay que regular de una vez las viviendas de uso turístico, prohibiendo aquellas que son ilegales”, señaló también hace unos meses la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.
Pero es más fácil decirlo, que hacerlo. En Canarias, el Ejecutivo regional ha reconocido que “la falta de equipos humanos” ha mermado las labores de inspección turística, entre las que se encuentra la supervisión de la propia normativa y, también, del reglamento de las viviendas vacacionales de la comunidad.
Ese documento impone una serie de requisitos para que un piso pueda ofertarse en las webs de alquiler turístico. La ley obliga a dichos domicilios a contar con unas dimensiones mínimas, elementos de equipamientos específicos, cómputo de los metros cuadrados, certificado de eficiencia energética… Y un largo etcétera de condiciones más. Así que no vale una infravivienda. Ni una tienda de campaña.
El problema, tal y como admite el Gobierno canario, es que no da abasto con el personal que tiene. Fuentes de la consejería de Turismo, Industria y Comercio confiesan a esta redacción que podría haber alrededor de diez inspectores turísticos en Tenerife y otros tantos en Gran Canaria.
El departamento liderado por Yaiza Castilla (ASG) agrega que esta situación “ha sido siempre una constante” y añade que en esta legislatura ha sido implementada la aplicación INTUR, “con el objeto de optimizar y agilizar las inspecciones, principalmente a través del uso de medios de tramitación electrónica”. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves y el régimen sancionador recoge multas de hasta 300.000 euros.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), por su parte, asume que sigue habiendo oferta de casas turísticas sin licencia en las plataformas, pero “cada vez menos”, matiza Javier Martín, gerente de la organización. “Estamos trabajando en ello y nos hemos comprometido con la administración para facilitar los datos correspondientes”.
“A nosotros nos molesta muchísimo que lleguen publicaciones como la de Lanzarote, con cuatro casetas de campaña en un edificio. Porque incumple todo lo que representa la vivienda vacacional”, continúa Martín. “Es muy sencillo, simplemente que entre en escena el registro turístico y ya lo tienes solucionado”, concluye el gerente de ASCAV, quien también considera que “hay muy pocos inspectores turísticos”.
La solución en ciudades como Leipzig, puntualiza Armas, la pueden llegar a tener los propios ciudadanos. “En una zona en la que estén prohibidas las viviendas vacacionales, los vecinos intentan avisar directamente al ayuntamiento si saben que hay pisos turísticos en su edificio, para así mandar a alguien de la inspección. Pero sí es cierto que existen pocos inspectores. Y son demasiadas viviendas”.